CATALUÑA: PROCÉS 1 y PROCÉS 2

Perdón por autocitarme. En un artículo publicado en este periódico (21-10-17), previamente a las últimas elecciones, decía lo siguiente: “Y con un nuevo gobierno en la Generalitat ¿qué va a pasar? Posiblemente seguiremos en las mismas, aunque entonces hablaremos ya del procés-2. Porque un nuevo gobierno en Cataluña no solucionará el conflicto. En la continua búsqueda de comparaciones con otros conflictos independentistas en el mundo (Escocia, Quebec, Kosovo, Eslovenia…), Cataluña se parece cada día más al Ulster, que se hizo eterno y finalizó por extinción. El enquistamiento del problema va para lejos y la solución no se atisba por ningún lado, ya que las posturas son claramente irreconciliables”.

Pues en ésas estamos. En las últimas elecciones de Cataluña, celebradas el 21 de este mes de diciembre, no se han movido los porcentajes. El bloque independentista se sigue moviendo en torno al 48%, exactamente igual que hace 18 años. Ni aumenta ni disminuye. Y el bloque no independentista se mueve en torno al 52%, también igual que hace otros tantos años. Ahora ha habido más participación, pero el incremento se ha repartido a partes iguales. Ha habido modificaciones entre los partidos individualmente, pero por bloques los números no se han movido.

¿Y ahora, qué? Los 70 escaños logrados por JxC, ERC y la CUP no despejan el horizonte, más bien dicho resultado augura un incierto comienzo de la próxima legislatura que no parece asegurar de entrada una automática estabilización de su vida política. Quizás los dos aspectos más llamativos hayan sido el gran triunfo de Ciudadanos y la leve pérdida de votos y escaños de los independentistas. Pero ninguno de los dos aspectos es relevante ya que los posicionamientos de los bloques se mantienen básicamente igual. Los independentistas carecen de una mayoría social desde la que legitimar la ruptura y los constitucionalistas no han avanzado significativamente. Una vez más, la CUP, una organización antisistema, tiene la llave de la mayoría absoluta. Vista la experiencia de la legislatura anterior, Puigdemont y Junqueras deben calibrar hasta qué punto compensa arrojarse en sus brazos sabiendo cómo ha terminado el procés 1. 

Por otro lado, la peculiar situación judicial de sus principales dirigentes (fugados o encarcelados) presentan una endiablada casuística jurídica para ocupar los escaños obtenidos, y más aún para investir a un presidente. Todo ello implica una preocupante incertidumbre, porque la independencia, entendida como proyecto de ruptura unilateral ha fracasado, y volverá a fracasar, puesto que el Estado ya ha demostrado que sabe impedirlo, la UE lo rechaza y la economía catalana no lo aguanta.

Todos los partidos tienen problemas para hacer valer sus posturas. Los que han ganado en escaños (en una democracia parlamentaria gana quien es capaz de aglutinar más escaños en torno a su propuesta), o sea los independentistas, no pueden volver a seguir la misma hoja de ruta que en su última época, por inviable, inconstitucional y peligrosa, incluso para ellos mismos. Tampoco pueden renunciar totalmente a sus postulados soberanistas, pues sus votantes quedarían frustrados. Difícil papeleta. Ciudadanos proseguirá su larga marcha por ocupar el lugar del PP, ahora fuera de Cataluña. Y el PSOE tendrá que finalizar con sus equilibrios y ambigüedades, para lo que el PSC le ayuda más bien poco. Lo mismo que le sucede con el PSE en el país vasco. Quizás fuera éste un buen momento para que los dos grandes partidos cedan por fin en su rechazo al cambio de la ley electoral en lo tocante a la prima electoral que tienen los partidos nacionalistas.

Con una participación del 82%, el resultado de este 21-D ofrece una fotografía muy precisa de la realidad catalana. Y más aún cuando este resultado se repite una y otra vez. Los soberanistas catalanes tienen acceso a un poder legítimo aunque no tengan una mayoría social. Estamos hablando de una sociedad dividida en dos partes prácticamente iguales. Tan catalanes unos como otros. Por lo tanto, sobran todas las descalificaciones de unos y otros contra los adversarios. Parece ser que más elecciones no desempatan la cuestión demográfica y social sino que la ratifican. Ahora la conllevancia ya no es entre España y Cataluña sino entre los propios catalanes. Quizás sea el  momento de empezar a preocuparse por los problemas reales de la gente de Cataluña, cada uno desde sus legítimos postulados. Porque los que piden diálogo fuera de la Constitución o un referéndum pactado son perfectamente conscientes de la imposibilidad de tales soluciones. Lo que hace falta ahora es que reaparezca la razón política y el concepto de Estado regulador, con equidad y solidaridad. Al final habremos descubierto el Mediterráneo.

Mariano Berges, profesor de filosofía

REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN SIN URGENCIAS

Solo los españoles que ahora tienen más de 59 años han votado la vigente Constitución. Lo que quiere decir que solo la ha votado en torno al 25 % de los españoles actuales. Desde 1978 la Constitución solo ha sido modificada en dos ocasiones y las dos por exigencia de la Unión Europea. La primera en 1992, por unanimidad de los grupos parlamentarios, para incluir el derecho de los ciudadanos europeos a votar y ser elegidos en elecciones municipales; la segunda, mucho más polémica, en 2011, para consagrar en el artículo 135 el principio de estabilidad presupuestaria. Aparte de estos dos cambios ha habido amagos de propuestas reformadoras, siempre provenientes desde uno de los dos grandes partidos (PSOE y PP), y siempre estando en la oposición. Cuando llegan al gobierno se olvidan de sus propuestas reformadoras. 

La última propuesta la hizo el PSOE, en su Congreso de Granada (julio de 2013). Era una propuesta interesante aunque no concretaba su modelo federalizante y supeditaba la reforma excesivamente al conflicto catalán.  Sin embargo, era fundamental su intención de blindar los derechos sociales y convertirlos en derechos subjetivos. En general, podría ser un buen punto de partida siempre que todos los partidos lo asuman básicamente para una negociación patriótica y no partidaria. No podemos exigir el consenso de 1978 porque hoy es imposible. Entonces se trataba de transitar de una dictadura a una democracia. Y se hizo muy bien. Ahora se trata de perfeccionar la CE, y eso es no es algo tan trascendente.

Hay que decir con énfasis que la CE de 1978 ha posibilitado uno de los periodos más brillantes de la historia de España. Y la reforma no supone renegar de la misma, sino perfeccionarla para que siga cumpliendo su cometido de configurar la mejor convivencia posible entre los españoles. La Constitución española figura entre las mejores constituciones europeas, que es como decir mundiales. Y, por eso mismo, quizás sea más urgente implementarla socialmente que reformarla. O reformarla y durante su proceso (que será lento) implementarla con leyes y normas que no requieren de su reforma. El primer problema de España no es la Constitución ni Cataluña, sino la economía y la consolidación del Estado de bienestar.

Hay una perspectiva desde la que hacerse la pregunta de si hay que modificar la CE. Consiste en identificar los grandes problemas de España y pensar si cambiar la Constitución puede ayudar a resolverlos. Y el primer problema español es el paro, para el que me temo que pocas recetas pueden ofrecer los constitucionalistas, más allá de las que ya contiene nuestra Constitución económica: derecho al trabajo y a una remuneración suficiente, libertad de empresa, seguridad social, negociación colectiva, etc. Ahora se habla mucho de la Renta Básica, pero para eso tampoco hace falta modificar la CE.  

Tampoco me parece que haya que cambiar la Constitución para combatir la corrupción, el segundo problema español según todos los sondeos. Todas las propuestas normativas que se han propuesto para luchar contra ella tienen perfecta cabida en la legislación ordinaria: castigar con más dureza la prevaricación, reforzar las competencias del Tribunal de Cuentas, incrementar la transparencia de las instituciones, prohibir los indultos, etc. Una medida casi revolucionaria sería tramitar con celeridad los 1.700 sumarios abiertos en España por casos de corrupción, y eso solo requiere medios y organización y, sobre todo, voluntad política.

Por último, y entrando directamente en el conflicto catalán, podría teorizarse el independentismo catalán desde el déficit social. El independentismo catalán ha sido promovido por una élite nacionalista con capacidad de destilar un discurso ideológico que se ha impuesto hegemónicamente en la sociedad catalana. Si ese discurso ha calado es por un motivo: porque las clases medias y las clases populares están sufriendo el desmantelamiento del Estado social y se les ha hecho creer que con la independencia recobrarían los beneficios sociales que les ha arrebatado el Gobierno popular. Silencian el expolio de CiU a los catalanes. Engaño, manipulación y misticismo.

Pero, al menos, se ha abierto el camino de la reforma constitucional. Ahora bien, entre la urgencia de la reforma constitucional y el inmovilismo hay una vía intermedia y gradual: ir hacia una reforma pero sin urgencias. Y esa reforma debería abarcar fundamentalmente el modelo territorial y el modelo social de España. Para ello hay que  diseñar un proyecto de futuro para España e ir trabajando un consenso patriótico y no partidario. Mientras tanto, hay que  ir elaborando las normas y leyes que no requieren reforma constitucional y que solucionen los grandes problemas que no tienen espera: paro, desigualdad social, sostenimiento de las pensiones, corrupción, mayor independencia judicial, regeneración institucional, etc.

Mariano Berges, profesor de filosofía

DEFENSA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Hay mucha gente que piensa que la democracia podría funcionar sin partidos políticos y  serían las plataformas sociales y ciudadanas las que gestionarían los asuntos públicos. Idea peligrosa que abre la puerta a todo tipo de demagogias y populismos rampantes. La cuestión importante que aquí se plantea no es tanto la desafección política que hay detrás de esa creencia, lo que puede tener su lógica, como el cuestionamiento de la imprescindibilidad de los partidos, lo que abre una espita peligrosa.

El desprestigio de los partidos políticos es algo que se detecta desde hace bastantes años y que se ha incrementado por su escaso papel en la crisis que comienza en 2008 y no sabemos cuándo finalizará. Si añadimos que la corrupción que se ha adueñado de todos los sectores (no solo del político), incrementada por la percepción ciudadana desde su propia situación de precariedad y/o expectativas fallidas, nos hallamos ante un dilema difícil de solucionar.

No obstante, es importante recordar que en los últimos doscientos años (modernidad y contemporaneidad) no ha habido democracias sin partidos políticos ni sindicatos de trabajadores. Por lo que es una tesis difícil de mantener la de dejar a los partidos fuera de la gestión de los asuntos públicos. No quiere esto decir que los partidos sean los únicos actores de tal encomienda,  pero sí que  son los más idóneos en las democracias representativas, pues la democracia directa, incluso hoy con toda la potencia cibernética a su alcance, no es capaz de armonizar los intereses de millones de ciudadanos y sus necesidades.

No nos debe extrañar, pues, la desafección política ciudadana hacia unos representantes que “no pueden cambiar el orden de las acontecimientos”. Los movimientos extrapolíticos (15-M y las mareas de todos los colores) no vienen de la nada sino que son manifestaciones lógicas de una sociedad frustrada y desencantada de sus representantes políticos. Si esta escisión aumentara y se consolidara desaparecería la política, el más hermoso y digno de los saberes humanos. Y si nos instalamos en este nihilismo político, estamos abocados a una situación de suma gravedad, porque no existe alternativa al sistema de representación política, salvo utopías trascendentales. La alternativa, como siempre ha sucedido en los avances históricos, consiste en síntesis audaces e inteligentes entre la frescura de los movimientos sociales y la estructura de las organizaciones políticas. Por lo tanto, la alternativa sigue siendo política, pero una nueva política donde la conexión de la representación política con la sociedad se refuerce en grado sumo, de manera que la soberanía popular nunca pierda la consciencia de que es ella el origen del poder, y siempre la detentadora de ese poder. El partido político cuyo armazón programático fuese éste y estuviese encarnado en personas con credibilidad para ejercerlo, se convertiría en el eje articulador del sistema.

Lo que parece imposible es que los movimientos sociales o ciudadanos se basten solos para generar esos cambios. Tradicionalmente, estos  movimientos se orientan hacia metas concretas (ecología, feminismo, movimientos sociales varios…), pero no elaboran un proyecto global de sociedad y suelen rechazar los elementos organizativos de tipo estructural, más propios de los partidos políticos.  No obstante, la sociedad siempre necesitará mediadores estables que articulen las demandas ciudadanas.

Es evidente que la democracia española requiere reformas importantes. Y no solo constitucionales.  Más aún, hay una serie de aspectos tan urgentes que no necesitarían de modificación constitucional y que deberían ser previos. Por ejemplo, una mayor separación de poderes, que se conseguiría modificando el mecanismo de elección de jueces y fiscales, sin cooptación por parte de los partidos políticos. Lo mismo puede decirse de otros organismos vigilantes de cuentas y acuerdos públicos. Y lo mismo respecto de la normativa electoral, manifiestamente mejorable. En definitiva, se trata de profundizar en una transparencia real de las instituciones y las organizaciones públicas y en la participación ciudadana respecto de las decisiones institucionales y públicas. La trasparencia y la participación deben darse tanto en los partidos como en los movimientos sociales.

Conclusión: los partidos políticos son organizaciones imprescindibles en la organización de una sociedad compleja y de masas, pues, junto a su estructura estable y organizada, posee una determinada visión del mundo y un proyecto global para la sociedad en la que actúa.  Lo que no evita la existencia de los movimientos sociales, pues en una sociedad moderna debe haber espacio para ambos, y canales de comunicación entre unos y otros. Se trata de sumar y no de restar. Nos falta cultura interactiva pero todo es cuestión de voluntad y práctica.

Mariano Berges, profesor de filosofía

EL DERECHO A LA FELICIDAD

Estoy leyendo un libro interesantísimo, cuyo título pongo a disposición de mis lectores, pues estos artículos no dejan de ser una humilde ventana informativa de mis reflexiones, lecturas, dudas, conversaciones… Se titula “Homo Deus” (breve historia del mañana), de Yuval Noah Harari. Su información bien integrada, su perspectiva comparativa entre el ayer, hoy y mañana, sus aperturas intelectuales, sus dudas, su humildad científica, convierten el libro en una joya, en una máquina de pensar los proyectos, los sueños y hasta las pesadillas de nuestro siglo XXI. Este artículo es una pobre inspiración de una lectura parcial.

A lo largo de la historia en general, y especialmente en la historia de la filosofía, numerosos autores definieron la felicidad como el bien supremo, incluso por encima de la vida misma. Pero no vamos a enumerar un listado de teorías sino más bien a reflexionar sobre esta objetivo tan comúnmente aceptado por todos y tan diversamente interpretado por todos también. En la antigua Grecia, son Aristóteles y Epicuro los más notables en la materia. El primero circunscribe la felicidad a un vivir bien con una virtuosidad intelectual y racional. Para Aristóteles la felicidad se convierte en el centro de la ética, que es la buena vida. Epicuro, en cambio, circunscribe la felicidad a un vivir bien desde la materia, más bien a una supervivencia digna en la difícil época alejandrina, exentos del miedo a los dioses, a la muerte y a la eternidad (los tres miedos producidos por la ignorancia y que hay que evitar para conseguir la felicidad). Epicuro defiende una vida moderada y austera, que satisfaga los placeres indispensables para vivir, a fin de conseguir la ataraxia  o serenidad del espíritu.  

Los pensadores modernos, en cambio, tienden a ver la felicidad como un proyecto colectivo. A finales del XVIII, Jeremy Bentham declaró que el bien supremo es “la mayor felicidad para el mayor número de gente” y llegó a la conclusión de que el único objetivo digno del Estado, el mercado y la comunidad científica es aumentar la felicidad global. El utilitarismo es el tipo de ética que más ha influido en la política. El Estado de bienestar puede considerarse un producto de esta escuela.

Las naciones industrializadas establecieron gigantescos sistemas de educación, salud y prestaciones sociales, pero que se centraban en fortalecer la nación en lugar de asegurar el bienestar individual. Incluso cuando, a finales del XIX, Otto von Bismarck estableció por primera vez en la historia las pensiones y la seguridad social estatales, su objetivo principal era asegurarse la lealtad de los ciudadanos, y no tanto aumentar su calidad de vida. Incluso, en 1776, los Estados Unidos establecen en su Constitución, no el derecho a la felicidad, sino el derecho a la búsqueda de la felicidad. De todo ello, se deduce que la felicidad ha sido desde siempre un objetivo, individual o colectivo, de primerísima magnitud. Pero los ciudadanos no la estiman tanto como un derecho del Estado sino de los individuos. Piensan que es el Estado quien debe servir a los individuos, y no al revés.

En el siglo XX, el PIB (Producto Interior Bruto) es quizá el criterio supremo para evaluar el éxito nacional, pero no siempre los ciudadanos de los países con más PIB tienen una percepción de una mayor felicidad. Lo que hace que, en la actualidad, se pida que el PIB se complemente o incluso se sustituya por el FIB (Felicidad Interior Bruta). A fin de cuentas, la gente quiere ser feliz, no producir. Y aunque la producción es la base material, es solo un medio y no un fin.

Si en estos momentos, las tres grandes tragedias de la humanidad: el hambre, la peste y la guerra, han desaparecido o están en camino de hacerlo, si existen una paz y una prosperidad sin precedentes, y la esperanza de vida aumenta  espectacularmente, habrá que concluir que la felicidad del ser humano es un hecho.

Falso. A pesar de nuestros logros, no es cierto que las personas de hoy estén más significativamente  satisfechas que sus antepasados. Parece como si existiese un techo de cristal que frenase nuestra felicidad, a pesar de los logros obtenidos. Nuestra felicidad está determinada por nuestra bioquímica, más que por nuestra situación económica, social o política. Y, psicológicamente, la felicidad depende de las expectativas, y no de las condiciones objetivas. Nos sentimos satisfechos cuando la realidad se ajusta a nuestras expectativas. La mala noticia es que, a medida que las condiciones mejoran, las expectativas se disparan.

Quizá todo sea culpa de la evolución, que solo recompensa los actos que conducen a la supervivencia y reproducción, pero por si misma no produce una mayor felicidad. ¿Perseguimos una utopía?

Mariano Berges, profesor de filosofía

CATALUÑA Y ESPAÑA (fin de la serie)

En septiembre de 2014 escribía yo lo siguiente: “La mayoría política parlamentaria de Cataluña dice ser independentista y pretende que, incumpliendo la legalidad vigente española, la sociedad catalana vote si quiere o no ser un Estado independiente. Estos mismos políticos catalanes llevan cuatro años eludiendo sus obligaciones en combatir la crisis con el señuelo independentista como solución mágica para todo. El gobierno catalán no ha ejercido la función de gobernar en estos cuatro años, y su mayor caudal de energía lo ha dedicado a destruir el Estado de bienestar de los catalanes”

Tras la eclosión de la Cataluña nacionalista, y al margen del uso y abuso del magma independentista, podemos destacar dos hechos objetivos: 1) La estructura territorial de la Constitución de 1978 es actualmente insuficiente para responder a los problemas que el Estado español tiene en la actualidad. 2) En Euskadi y Cataluña, crece un movimiento independentista que pone en grave riesgo la unidad del Estado, con consecuencias nefastas para todos. Parecen dos argumentos suficientes para que todas las fuerzas políticas españolas trabajen por un consenso para modificar la Constitución en un sentido federal. Una España federal en una Europa federal sería un magnífico escenario para la regeneración democrática que la sociedad española exige y necesita.

Ahora bien, el federalismo es algo igualitario y solidario por definición, además de constituir un proceso largo en el tiempo y muy complejo  técnicamente. Lo del federalismo asimétrico no deja de ser una trampa saducea. Reconocer identidades diversas en España no supone otorgar privilegios a nadie. La lealtad y la cooperación recíprocas son exigencias fundamentales para todas las autonomías en una estructura federal. Lo mismo que la claridad competencial, una financiación justa y equilibrada y la corresponsabilidad fiscal. Sería también un momento idóneo para replantearse los conciertos vasco y navarro, especialmente en lo concerniente a los cupos económicos entre el Gobierno de España y los gobiernos autonómicos de Euskadi y Navarra, que suponen un injusto agravio para el resto de España.

Sin embargo, los dirigentes independentistas catalanes, imbuidos por un complejo de superioridad sin argumento social ni histórico de ningún tipo y contra toda lógica europea y contemporánea, pretenden mangonear su “pequeño país” a favor de la burguesía catalana, siempre insolidaria con España y Cataluña. Y ahora, con la escapada empresarial de Cataluña, hasta se puede dudar de a favor de quién están trabajando los independentistas catalanes. La nostalgia me lleva a recordar aquella Barcelona cosmopolita del tardofranquismo y la Transición, auténtica ventana abierta a la modernidad europea y punta de lanza de la España cultural y vanguardista en pleno desierto de la dictadura. Hoy, Barcelona es más pueblerina y más pobre políticamente.

Una referencia histórica y filosófica. Ya Kant (s. XVIII) soñaba con la desaparición futura de los Estados soberanos, las guerras y las fronteras, sustituido todo por una federación internacional de poderes que implantaría una “paz perpetua”. La paz sería la victoria del “progreso de la razón” frente a las emociones irracionales y ancestrales. Ahora, con la crisis, la UE está ocupada por los egoísmos nacionales que segregan brotes etnológicos prefascistas e independentismos irracionales fuera de contexto y tiempo. Cataluña es un buen ejemplo de ello.

¿Y ahora, qué? ¿Qué hacemos con los legítimos sentimientos y emociones independentistas de muchos catalanes, exacerbados por algunos partidos, con el objetivo de la rentabilidad electoral? Tienen derecho a intentarlo dentro del marco establecido por la Constitución Española. Ya se ha dicho hasta la saciedad que constitucionalmente es imposible la independencia catalana por ser el pueblo español el único sujeto político soberano en España. Pero eso no soluciona totalmente la cuestión, porque Cataluña (y el País Vasco), efectivamente, tienen diferencias específicas a las que hay que dar una salida política madura que vaya encauzando una solución federal para todo el Estado español.

El problema territorial en España es casi eterno. La famosa “conllevancia” entre España y Cataluña de Ortega  ya se ha estirado mucho y quizás haya llegado el momento de empezar a hacer otro traje. Además el cambio de traje que se hizo con las autonomías, especialmente con su desarrollo uniforme e insaciable, ha devenido en inviable. La situación actual es un buen punto de partida para la reflexión y la acción política federal (la única posible). Entre el nacionalismo separatista y el nacionalismo centralista, el federalismo español. ¿Están los partidos españoles maduros para ello?

Mariano Berges, profesor de filosofía

CATALUÑA (Y ESPAÑA) EN LA ENCRUCIJADA

Escribo tras la carta de Puigdemont a Rajoy el jueves 19 a las 10 de la mañana. Aclaro este detalle porque cada momento ocurre algún hecho que modifica la percepción sobre el asunto. Desde los días 6 y 7 de septiembre en los que la mayoría independentista del Parlament, con la presidenta a la cabeza, infringieron gravemente la Constitución Española (CE) y el Estatut de Cataluña, hasta el día de hoy, los acontecimientos se suceden a una marcha vertiginosa.

Antes de nada, quisiera aclarar algo con algunos izquierdistas despistados. No es un dogma de fe, sino una humilde opinión. 1) La fuerza que se opone al independentismo catalán no es el PP ni Rajoy, sino el Estado español, a quien lo representa el gobierno legítimo y legal, elegido por la mayoría de los españoles, que en estos momentos es el gobierno presidido por Rajoy. 2) Procuremos entre todos volver a la ley y hablar, por este orden, antes de que aparezca la violencia (ya veríamos con qué intensidad) en las calles de Barcelona. Y esto no es ninguna exageración, porque ya existió Terra Lliure y en estos momentos hay quien está preparando la fiesta. 3) Todos somos conscientes de que la batalla de la comunicación, hasta ahora, dicen que la va ganando el independentismo. Ya se sabe aquello de que en dicha batalla la primera víctima suele ser la verdad. Veremos al final. Los representantes del Estado deben hacer lo que tienen que hacer, sin olvidar nunca que el Estado tiene el monopolio de la violencia. pero debe ejercerla con prudencia e inteligencia. “Charlie Hebdo”, la revista satírica francesa describe el procés como una farsa que ha generado una especie de admiración absurda en ciertos sectores de la izquierda española y europea que no son conscientes de que detrás de una palabra tan “altisonante” como la independencia “se esconden preocupaciones a veces menos nobles”.

Actualmente, ante la transgresión gravísima de la legalidad por parte de la Generalitat y el Parlament, parece que el gobierno de España va a aplicar este sábado el ya famoso artículo 155 de la CE, por el que intervendrá el autogobierno catalán y, posiblemente, convocará elecciones autonómicas en breve tiempo. A no ser que las convoque antes el President catalán. Y con un nuevo gobierno en la Generalitat ¿qué va a pasar? Posiblemente seguiremos en las mismas, aunque entonces hablaremos ya del procés-2.

Porque un nuevo gobierno en Cataluña no solucionará el conflicto. En la continua búsqueda de comparaciones con otros conflictos independentistas en el mundo (Escocia, Quebec, Kosovo, Eslovenia…) Cataluña se parece cada día más al Ulster, que se hizo eterno y finalizó por extinción. El enquistamiento del problema va para lejos y la solución no se atisba por ningún lado, ya que las posturas son claramente irreconciliables. Los que piden diálogo, encaje de Cataluña en la CE o referéndum pactado, son perfectamente conscientes de la imposibilidad de tales soluciones, y que la “conllevancia” de España con Cataluña, que ya Ortega y Azaña predijeron, tiene toda la pinta de ser muy duradera. ¿Que en qué consiste la conllevancia? En aguantarse mutuamente. Posiblemente sea un problema que solo se arreglará con el paso del tiempo y con el cambio de paradigma político: cuando el nacionalismo pase a ser un concepto y una realidad trasnochados desde una perspectiva europea moderna y progresista. Tranquilos que falta mucho. Fuera urgencias e histerias. Fuera iluminados y mártires de pacotilla. Que reaparezca la razón política y el concepto de Estado regulador, con equidad y solidaridad. Al final habremos descubierto el Mediterráneo.

Qué casualidad que sean siempre las regiones más ricas las que exigen la independencia (en España, Cataluña y Euskadi; en Italia, la Liga Norte…), haciendo tabla rasa del esfuerzo solidario de otras regiones que, a través de la mano de obra emigrante y de las inversiones seleccionadas y teledirigidas por el Estado, han operado discriminadamente en su favor. Y aún se quejan de que su fiscalidad es más gravosa en sus regiones que en otras, sin percatarse de que la fiscalidad es sobre los ciudadanos y no sobre los territorios. Lógicamente, si sus ciudadanos son más ricos, individual y conjuntamente pagan más a Hacienda. ¡Qué suerte!

Y una vez que aparquemos (provisionalmente) la cuestión que nos ha quitado el sueño en los últimos meses, volvamos a hablar de lo realmente importante: relanzamiento del mercado laboral de calidad, sueldos dignos, pensiones dignas, regeneración institucional… En definitiva, volvamos a la realidad que nunca debimos abandonar y que nos hace añorar los años anteriores a 2008, en los que nos aburría la política. Tras el empacho de tanta emoción catalanista y españolista, estamos extenuados y necesitamos un largo reposo de aburrida normalidad democrática y de vivir el discreto encanto de la cotidianeidad democrática.    Mariano Berges, profesor de filosofía

CATALUÑA: EMOCIÓN FRENTE A RAZÓN

Aunque hartos, hay que volver a hablar de Cataluña, incluso dejando de lado las elecciones primarias para Secretario General que mañana domingo celebra el PSOE en Aragón. Yo creo haber cumplido avalando hace días y votando mañana a Javier Lambán. Y lo hago sin argumentos geoestratégicos, simplemente porque es el dirigente más capaz y porque, además, es mi amigo. De geoestrategia socialista deberíamos hablar más adelante.

Y pasamos a Cataluña. Ya pasó el 1-O. La gran eclosión nacionalista catalana tuvo lugar este último domingo. Los dirigentes catalanes, una vez más, lanzaron a sus mesnadas a la calle y los dirigentes españoles, una vez más también, llegaron tarde a la contención del folklore callejero. Emoción catalana frente a razón estatal. Hoy, en una sociedad del espectáculo (cfr. Debord), mandan los sentimientos y las emociones y falla, por falta de discurso, la razón de Estado. Así nos va.

Finalizado el paripé del pseudoreferendum y a la espera de la pseusoindependencia de la república catalana, se nos va a quedar una cara de haba que no habrá espejo que nos devuelva la imagen. Muchos análisis y comentarios de estos días post van en la misma dirección: que los catalanes tienen derecho a autodeterminarse y que las fuerzas de seguridad del Estado son unos cafres. Yo creo que ninguna de las dos afirmaciones es cierta. Los catalanes, repito una vez más, no tienen derecho a un referéndum de autodeterminación porque la Constitución, su propio Estatuto y el código penal español lo prohíben. Y quien procura, posibilita o realiza actos inconstitucionales es un delincuente. Y las fuerzas de seguridad se autorreprimieron claramente en su cometido. Añádase el boicot de los Mossos y la gran falacia de los 800 heridos.

Otra cosa distinta es bajar al terreno de la presión política, de la calle como escenario de la política en vez del parlamento, que es lo propio en una democracia representativa y de un Estado de Derecho. Si la cuestión catalana, en estos momentos, está en la calle, y solo en la calle, es que hay un grave problema. Y este gran problema no tiene solo una solución legal sino que también debe tener solución política. Aunque sin engañarnos: primero la legal; luego, hablar. Hasta ahí todos o casi todos estaríamos de acuerdo. Pero mientras llega la doble solución legal y política, ¿qué hacemos?

“Más diálogo” gritan todos. De acuerdo. Pero diálogo dentro de la ley. Solo se puede dialogar dentro de la ley, aunque sea para modificar la ley, y hacer que lo que ayer era ilegal hoy es legal. Pero en ningún momento puede haber un vacío legal porque entonces el Estado desaparece. Y si el Estado desaparece no hay democracia y si no hay democracia no hay libertad ni ciudadanos que la ejerzan.  

No hay que confundir el Estado con el gobierno concreto de un momento concreto. Los gobiernos pasan y el Estado permanece. Lo que hace falta son políticos de Estado, pensar en los intereses del Estado y en el buen funcionamiento de las instituciones del Estado. Si todo esto existe y si el Estado es fuerte, los ciudadanos más vulnerables de nuestra sociedad tienen posibilidades de salvarse. De lo contrario, lo que hay es una selva, y ahí son los animales más fuertes los que sobreviven.

En la cuestión de Cataluña ni los dirigentes catalanes ni los representantes del Estado español han estado acertados. Pero hay una diferencia sustancial: Puigdemont y sus socios son  unos delincuentes que han ejecutado un golpe de estado, mientras Rajoy y los suyos son, nos gusten o no, los representantes legítimos del Estado español. Por lo tanto, solo hay un camino: volvamos todos al redil legal y pongámonos a hablar. Por este orden y sin chantajes callejeros. Y al resto de los partidos políticos les debemos exigir lealtad constitucional y política. Me parece una obscenidad intentar sacar rentabilidad política del gravísimo asunto de la pseudoindependencia catalana. La ambigüedad en política se suele pagar muy cara. Y si no que se lo pregunten al PSC.

¿Qué hacer si los dirigentes catalanes declaran la independencia y no se atienen a más razones? ¿Y si hablan de diálogo pero solo sobre cómo ejecutar tal independencia? La lógica legal sería imputar y detener a los causantes del tal desaguisado. La lógica política quizás nos aconsejaría, sin obviar la lógica legal, configurar un gobierno de concentración constitucionalista que ponga orden y formule un calendario con la hoja de ruta a seguir en la reforma constitucional respecto al modelo territorial de España. Esto serenaría la situación y daría tiempo a repensar el Estado y sus instituciones.                                      Mariano Berges, profesor de filosofía

HARTAZGO DE CATALUÑA

Realmente, el asunto de Cataluña resulta fatigoso y cansino, si no fuera porque es una cuestión realmente importante, tanto para Cataluña como para España. Se repiten los hechos, los ritos, los símbolos, las declaraciones, los insultos, las obviedades… “ad nauseam”. Aunque “la cuestión catalana” se remonta a tiempos lejanos, da la impresión de que en la actualidad la bola de nieve se ha hecho muy grande y parece difícil de parar. También es cierto que los medios de comunicación son reiterativos al máximo y aumentan la percepción de fatiga mental. De cualquier manera, el secesionismo catalán viene de largo y va para largo.

No voy a pasar lista sobre los hechos y declaraciones de los independentistas, de los no-independentistas y de los ambiguos, pues ya se suponen conocidos por todos los interesados. Me dedicaré, como suelo hacer, a pensar en voz alta. Si acaso, solo una afirmación de Juan José Sorozábal, insigne y ponderado constitucionalista, que aclara rotundamente la cuestión “La convocatoria del referéndum es ilegal e ilícita. El Ejecutivo catalán está sujeto a las normas, a la Constitución y a la ley. Y si hay dudas, quien resuelve es una instancia jurisdicional, en este caso el Tribunal Constitucional, que ha dicho que el referéndum no pasa el filtro de nuestro ordenamiento, y no respeta la Carta Magna porque implica un ejercicio de soberanía que le corresponde al pueblo español”.

A partir de aquí podemos hablar de varias dimensiones de unos y otros: políticas, económicas, culturales, jurídicas, territoriales, emocionales y hasta delictivas. Lo que sí parece claro es que, independientemente de qué y cómo transcurra el 1 de octubre de 2017, el bloqueo catalán seguirá, ya que entre las dos posiciones enfrentadas no hay un terreno intermedio sobre el que pactar. Jurídicamente está todo muy claro: España se ha configurado constitucionalmente como un Estado indivisible. Y nos ha ido bien. A unos mejor que a otros, por ejemplo a los catalanes y vascos. Existen en nuestra Constitución muchos aspectos mejorables y, sobre todo, hay una falta de traducción social, por ausencia de normativa que los desarrolle, de los derechos sociales que la CE proclama para todos los españoles. Y entre los derechos básicos, que sí son exigibles, destaca sobre todos el de la igualdad de todos los españoles, independientemente del lugar donde habiten. Por lo tanto, si tras la reforma de corte federalista (si la hubiese) se reconocen especificidades territoriales, lingüísticas, culturales, históricas… en ningún caso puede derivarse de ellas privilegios políticos, jurídicos o económicos. Y lo mismo vale para todo tipo de nominalismo territorial: regiones o nacionalidades, no así naciones que, aparte de confundir y excitar, es un término técnicamente impropio para las CCAA de un Estado único. Porque en el caso de Cataluña, la exigencia es de un Estado independiente, lo que constituye un desafío a todas luces improcedente y rechazable. Porque lo del “derecho a decidir” es un eufemismo de algo que no existe, el derecho de autodeterminación. Si alguien quiere que exista, habrá que cambiar la Constitución y eso, que es respetable, lleva su tiempo y requiere de diálogo (real, no virtual) y consensos.

Si tras el fracaso independentista, aparecen los ilusos de un mayor autogobierno catalán, habrá que esgrimir el derecho básico de la igualdad de todos los españoles. O sea, que no nos engañemos: o hay independencia de Cataluña o hay un Estado único que se llama España. Es curioso que las dos regiones españolas (vascos y catalanes) que mejor les ha ido en la época democrática (y antes) son las más independentistas. ¿Así quieren compensar el proceso histórico desfavorable para los pueblos que, a su propia costa, han permitido el desarrollo económico preferente de sus regiones? ¿Y cómo se entiende que una gran parte de la izquierda, históricamente internacionalista y solidaria, apoya el independentismo insolidario? Realmente imperdonable.

En el fondo de la cuestión catalana hay varios supuestos, de los que destaco dos. El primero, el narcisismo nacionalista de sentirse diferentes y superiores a los demás. Lo que, aparte de injusto, es falso. En segundo lugar, y aprovechándose del primero, la corrupta burguesía catalana (los del 3%) intenta apoderarse del poder para autoindultarse y seguir robando del patrimonio común. Porque no otra cosa es lo que han hecho el legislativo y el ejecutivo catalanes: dar un golpe de estado para apoderarse del poder. Quien no se sienta partícipe de ninguno de los dos supuestos está haciendo un papel de triste comparsa en detrimento propio.

Coda final. Si los tribunales declaran culpables de algún delito, como parece evidente, a los causantes de este desafuero, los delincuentes deberán cumplir rigurosamente las penas que se les imponga. Porque cumplir las penas, aparte de justo, es una buena pedagogía para no insistir en el delito.

Mariano Berges, profesor de filosofía

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL FUTURO (y 3)

Tras dos entregas analíticas sobre la Administración Pública (AP) española, voy a finalizar con esta tercera entrega, intentando sintetizar algunas conclusiones.

Según el artículo 103 de la Constitución Española, la Administración Pública sirve con objetividad a los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. Creo que esta declaración es un buen espejo donde mirarse todos para saber qué podemos esperar y qué debemos exigir a la Administración.

Para hablar de la actual AP podemos usar dos referencias históricas: Max Weber y la NGP. Weber consolida el modelo legal racional weberiano de una Administración que está separada del y subordinada al poder político. Con Weber, sólo el político es responsable porque usa valores e ideologías. No así el funcionario, que ejecuta las propuestas del político.

Actualmente, la Administración se vuelve más compleja y se necesitan funcionarios con una mayor cualificación técnica en las distintas dimensiones de la Administración. Esta fase se conoce con el nombre de Nueva Gestión Pública (NGP). En ella se producen una serie de reformas administrativas que involucran una gestión por objetivos, usa indicadores de gestión, tiene un claro enfoque hacia el usuario de los servicios, no desprecia la externalización de aquellos servicios no esenciales, sin perder nunca el control y la propiedad del proceso. Y sobre todo, utiliza la evaluación como instrumento para mejorar los procesos productivos de servicios.

Para ser más concisos afirmo en forma de decálogo mis convicciones sobre la materia: 

1. El buen gobierno y la buena administración son conceptos cada día más consolidados en lo que se refiere al ejercicio del poder político dentro de una sociedad democrática y a la calidad de sus instituciones y de los servicios que ellas gestionan o producen.

2. Los partidos políticos han hecho todo lo posible por eliminar los controles administrativos y dejar el máximo espacio al arbitrio de las decisiones políticas. Construir una administración profesional, austera y eficiente es una tarea difícil, pero no imposible. Merece la pena intentar un gran acuerdo político para despolitizar la administración y hacerla de verdad profesional y eficiente.

3. Desde esta perspectiva, la Administración Pública  es esencial, pues sin Administración no hay gobierno posible, por muy buenas que sean las intenciones de la clase política.

4. Gobierno y Administración van de la mano y, por lo tanto, no administrar es desgobernar. Y en España hay instalado un sistema organizado de desgobierno, que está por encima de la política. Los partidos luchan mucho por llegar al poder y cuando llegan no saben qué hacer con él.

5. En el fondo, el desgobierno de la Administración es la constatación de un Estado débil. Y con un Estado débil el ciudadano es más vulnerable.

6. Para la instauración de una Administración decente y eficaz al servicio del ciudadano, se necesitan dos características básicas en los gestores públicos, tanto políticos como funcionarios: decencia y capacidad, especialmente en los cargos de máxima responsabilidad. La decencia es algo tan básico que ni se debería citar. La capacidad hay que demostrarla.

7. La decencia y la capacidad de los servidores públicos constituyen, en definitiva, la seguridad de una Administración Pública legal, eficaz y eficiente, o lo que es lo mismo, cumplidora de la ley, que responde a las necesidades ciudadanas y que lo hace con el coste más barato posible.

8. Una de las razones más claras de la desafección ciudadana hacia la política es la opacidad institucional, la patrimonialización de lo público, el desprecio al Parlamento, la persecución del discrepante, la manipulación de los medios de comunicación, la corrupción y el abuso de poder desde las instituciones. Los ciudadanos perciben  a sus representantes alejados de sus intereses, y a los partidos políticos impermeables a sus demandas.

9. La sociedad española ha evolucionado y demanda cambios. Los ciudadanos no están en contra de la democracia pero sí quieren reformarla para mejorarla.

10. La democracia es un sistema que no cree en la bondad universal y desconfía de la codicia humana. De ahí que exija contrapesos y controles rigurosos para impedir abusos de poder y sancionarlos cuando se produzcan.

Siguiendo a F.Longo, la reforma de la Administración debe ser más cualitativa que cuantitativa: más diseño institucional, más innovación normativa, más desarrollo de capacidades, y no tanto limitarse a los recortes y a la penalización del déficit. No se trata de hacer una Administración menor sino mejor.

Mariano Berges, profesor de filosofía

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL FUTURO (2)

En esta segunda parte sobre la Administración Pública española vamos a fijarnos más en la mala calidad de la cultura política y de la cultura administrativa de nuestras administraciones públicas. Y así, se observa una gran desconfianza hacia los empleados públicos y hacia la maquinaria administrativa en general. Los políticos perciben a la Administración y a sus empleados como los enemigos que hay que combatir o superar para poder poner en marcha los programas y proyectos políticos. No se entiende a la Administración como lo que realmente es: el instrumento de la política  y de los políticos para ejecutar los proyectos políticos. Parece como si la política y la administración fuesen dos compartimentos estancos sin conexión ninguna. Más aún, yo detecto poco conocimiento de la administración por parte de los políticos, lo que trae como consecuencia una nula planificación de mejora y progreso. No existen modelos de gestión, cuando deberían ser un pacto de estado básico entre izquierda y derecha. Pues, aunque los modelos de gestión no son neutros ideológicamente (privatizar o no, externalizar o no, modelo gerencial o no), las diversas situaciones y circunstancias aconsejan una vía u otra en función de su eficacia y eficiencia. Y siempre hay que priorizar ámbitos y políticas.

Una frecuente y negativa característica generalizada en nuestros políticos es que son profesionales de la política y no acreditan una trayectoria profesional o empresarial previa  o paralela. Ello hace que su mayor y mejor energía se consume en mantenerse el máximo de tiempo en el cargo público. La mayoría de los cargos públicos que colonizan las administraciones públicas rehúyen tomar decisiones que hagan peligrar su permanencia en el cargo. Inhibirse y ponerse de perfil ante los problemas se suele llamar prudencia y no cobardía. A falta de proyectos políticos sí que suele haber un gran proyecto personal: permanecer en el cargo.

Pero también entre los empleados públicos existe una cultura administrativa muy acomodada y con escasa tensión profesional. Es frecuente un cierto clima negativo y una gran desmotivación, pues suele decirse que el inexperto (el político) dirige al experto (el funcionario), lo que genera una lógica desazón. Pero esto, que no es raro, debe ser modificado sustancialmente por los directivos, cuyo liderazgo debe ser claro y valiente. Y todo ello debe ser catalizado por un proyecto sólido y claro para la institución que se dirige, buscando la complicidad con sus profesionales. Para ello el directivo, sea político o funcionario, debe aspirar a ser un gran gestor. El concepto de gestión es el que dirime las falsas diferencias entre izquierda y derecha.

De todo lo dicho hasta aquí, podemos concluir que el gran problema de nuestra AP no es tanto un exceso de administraciones o empleados públicos como la baja productividad de nuestras administraciones públicas. Solo un ejemplo: un empleado público trabaja 200 horas menos al año que uno del sector privado. Las condiciones de trabajo de nuestros empleados públicos son excepcionales (vacaciones flexibles, días de asuntos propios, vulgo moscosos, y políticas de conciliación) con relación al sector privado. Los sindicatos de la AP ejercen una gran presión ante la debilidad de los políticos. Con gran frecuencia, los empleados públicos, por su egoísmo individualista, carecen de los valores vinculados a la acción pública.

Otro ejemplo de sinergia negativa entre la cultura política y la administrativa es la ausencia de regulación de la dirección pública profesional, o sea, el conjunto de puestos directivos que están justo debajo del nivel político y que representan la máxima categoría estrictamente profesional. La AP española requiere urgentemente una serie de innovaciones y mejoras: planificación estratégica, gestión por objetivos y proyectos, cuadros de mando, evaluación de políticas, carrera administrativa, evaluación del desempeño… Y sin dirección pública profesional todo esto no es posible. El Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) propuso la figura del directivo profesional, pero no se ha traducido en nada. No confundir los directivos profesionales con funcionarios que ocupan cargos de libre designación. La clase política no está interesada en regular esta materia ya que se siente muy cómoda ejerciendo una gran discrecionalidad política, con frecuencia negativa.

Y finalmente, hay que hablar también de la mala cultura social de los españoles en su relación con las instituciones públicas, a las que valoran positiva y negativamente, en función de los servicios y circunstancias. Esta relación de amor y odio es compleja de análisis. Lo dejamos aquí.       

Mariano Berges, profesor de filosofía

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL FUTURO (1)

La crisis actual ha hecho aparecer en España otras crisis casi eternas, de las que  nunca se ha intentado seriamente su transformación. Una de ellas, en mi opinión la más importante, es la crisis institucional, o sea, la necesidad de una buena Administración Pública (AP). En un país, lo más importante es el buen funcionamiento de sus instituciones, en cuyo engranaje los partidos políticos no son más que una herramienta al servicio de las mismas.

 Pero es que, además, la crisis se está llevando por delante la poca credibilidad que tenían nuestras instituciones. Habría que aprovechar la superación de la crisis y la corrupción para barrer definitivamente este modelo institucional tan mejorable. La obsesión por mejorar la competitividad económica debe ir acompañada de una profunda reforma de la función pública, apostando por la profesionalidad, la excelencia y el talento. De no ser así, es posible que la crisis financiero-económica se vaya superando (eso sí, con el adelgazamiento del Estado de bienestar que es el objetivo real de esta crisis), pero nos habremos instalado en un subdesarrollo institucional casi definitivo que hará inoperante el posible crecimiento económico. Es tan importante el cambio institucional que, de lo contrario, nuestro país nunca será un país moderno y desarrollado, ya que las instituciones son el factor fundamental del desarrollo integral de un país.

Es unánime la percepción de que tiene que cambiar la AP, aunque nadie tenga un diseño y una hoja de ruta sobre cuál es el modelo conceptual de la AP del futuro. Y solo desde un diagnóstico preciso es posible construir una propuesta certera y sólida.

Para hacer el diagnóstico hay que empezar por el análisis físico de la AP. Se suele decir que nuestra AP es demasiado larga (exceso de niveles administrativos: Estado, CCAA, Diputaciones, Comarcas y Ayuntamientos) y demasiado gruesa (exceso de empleados públicos). Esto es cierto pero es demasiado superficial, porque hay que hacer una comparativa con los países de nuestro entorno. Y ahí vemos que todos los países tienen sistemas complejos articulados en tres niveles: Estado, nivel intermedio y Administración Local. El sistema autonómico, que es el último en aparecer en España, está muy consolidado como para echarse atrás, por mucha discusión que haya sobre recentralización y descentralización. Y aunque haya muchas CCAA excesivamente pequeñas, y difíciles de justificar económicamente, el elevado nivel de institucionalización y apoyo social hace imposible su retroceso. El momento oportuno fue el de la elaboración de la Constitución de 1978, de donde salió un sistema autonómico excesivamente fraccionado. El famoso “café para todos” en una sociedad que entonces tenía muy pocos anhelos autonómicos.

Como a nivel autonómico no hay nada que hacer, salvo su perfeccionamiento, las miradas se concentran en el nivel local, que en España es muy complejo: Diputaciones (Provinciales, Forales, Cabildos, Consejos Insulares), Ayuntamientos y, en algunos casos, Comarcas. La víctima más propicia a su eliminación son las Diputaciones. Mi opinión es que no son el problema sino una solución (eso sí, claramente mejorable) ante un problema de mayor calado que es el excesivo volumen de municipios que hay en España: más de 8.000 municipios y el 85% de los cuales agrupan a menos de 5.000 habitantes, es decir, tienen unas dimensiones insuficientes para ser eficaces y eficientes en su gestión. También Francia y Alemania tienen inframunicipalismo. Y Grecia ha sido obligado por la UE a suprimir de forma radical el número de sus municipios, y ha suprimido dos terceras partes de los mismos. España tiene un gran problema para reducir el número de sus municipios, pues la opción de agregación de municipios no se plantea por ser un país muy ligado al cantonalismo y a la aldea. Por lo tanto, si no se cambia el actual mapa municipal, la supresión de las Diputaciones es un disparate, ya que su función reside precisamente en subsanar parcialmente las disfunciones de unos Ayuntamientos excesivamente pequeños para afrontar sus retos diarios de gestión. ¿Se está dispuesto a pasar de 8.000 municipios a 2.000? Ni lo considero conveniente ni posible. En todo caso, eso sería una cuestión previa a cualquier reducción de las Diputaciones.

Respecto al excesivo número de empleados públicos (tres millones), debemos compáralo con el de otros países europeos. Y ahí vemos que el ratio población/empleados públicos de España está en la media baja. Por ejemplo, Gran Bretaña, país de tradición y práctica ultraliberal, posee en términos relativos más empleados públicos que España.

Mariano Berges, profesor de filosofía

LA ESCLEROSIS INSTITUCIONAL COMO CORRUPCIÓN

Tras un breve paréntesis veraniego vuelvo a la vida normal y me encuentro con el asunto futbolero del “villarato”, con el suicidio de Blesa, más los asuntos de ya hace mucho tiempo, que siguen su proceso judicial, lento y farragoso, para beneficio de los imputados en la búsqueda de prescripciones temporales o de pactos con la fiscalía. Sin olvidarnos del culebrón catalán, cual esperpento en busca de mejor autor. En definitiva, son los estertores de un sistema que nació brillantemente como salida de una dictadura y que languidece en su inercia institucional por no haber modificado su funcionamiento según las pautas que los cambios sociológicos y demográficos demandaban.

El “villarato” es la denominación a los 29 años de Villar en la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Esa barbaridad de tiempo al mando de un organismo con tanto poder económico y su enorme capacidad clientelar interna y externa, da para los más de cien millones de euros que el juez maneja como hipótesis delictiva para Villar y sus corifeos. Cómo iba a quedar el futbol patrio fuera de esta ola de corrupción que nos invade. Seguiremos el asunto.

El suicidio de Blesa es un final trágico no raro, como consecuencia del choque emocional que suele habitar en las personas que son juzgadas por delitos contra el erario público y que pasan de ser los reyes del mambo a ser insultados y condenados socialmente en todos los lugares por los que pasan. A veces no es tanto el dinero como la vanidad el gran éxito mundano de los triunfadores. También el dinero, por descontado. Ante un suicidio, silencio por favor.

Ambos casos, la RFEF y Caja Madrid-Bankia, son organismos que han sufrido la esclerosis institucional y que han dado como resultado el funcionamiento anómalo y corrupto ante la inoperancia de los órganos que tenían que vigilar el correcto funcionamiento de todo organismo público. Es aquí donde radica la causalidad de toda esta ola de corrupción que nos invade: los órganos que deben velar  por el buen funcionamiento institucional no son lo suficientemente independientes y sus miembros son cooptados por las propias instituciones que deben ser vigiladas. Desde las humildes Intervenciones, Tesorerías y Secretarías Generales de las instituciones locales, pasando por las Cámaras de Cuentas y otros muchos órganos de control y llegando a las fiscalías y jueces del poder judicial, todo ello está condicionado, en mayor o menor grado, directa o indirectamente, por las formaciones políticas.

Sobre este asunto de máximo interés para la regeneración de nuestro país, no puedo menos que citar el libro de mi buen amigo Rafael Jiménez Asensio, doctor en Derecho y Consultor Institucional, “Los frenos del poder. Separación de poderes y control de las instituciones”, donde explica con claridad y eficacia cómo ha evolucionado, cuál es y qué papel cumple el correcto funcionamiento de los mecanismos de control del poder en la calidad y legitimación de las instituciones en las democracias avanzadas.  Con su permiso, me inspiro en alguna de sus propuestas. 

Una de las consecuencias más graves y que menos se suele citar de la crisis económico-financiera que padecemos es una crisis institucional de magnitudes desconocidas respecto del modelo de 1978. Y la omisión más flagrante es que ni se ha diseñado ni se ha garantizado que la arquitectura de separación de poderes actúe realmente como freno del poder. Y un gobierno sin frenos de poder se transforma con facilidad en despótico. ¿Será verdad esa imagen que España tiene como pueblo indolente y poco amigo de principios básicos como son la objetividad, la imparcialidad, el mérito o la responsabilidad?

Cuando hablamos de dictaduras o autoritarismos históricos nos viene a la mente el caciquismo como corrupción estructural de la sociedad. Pues bien, el clientelismo político que ahoga toda la vida político-institucional del país en la actualidad, es la  versión contemporánea del caciquismo. Es indudable el avance español como sociedad democrática avanzada, pero el sistema político-institucional de frenos y contrapesos del que se ha dotado tiene un  carácter meramente formal, sin función realmente operativa. Dicho de otra manera, la separación de poderes no es real.

En definitiva, los hechos son siempre consecuencia de una manera social de pensar, eso que Marx denominaba la superestructura ideológica y que todos llevamos interiorizado bajo el disfraz de pensamiento o idea. El origen social de las ideas se traduce en la imposición de los intereses oligárquicos en nuestra manera de proceder. Por eso es conveniente la lectura y reflexión sobre cualquier antítesis que nos violente nuestra cómoda manera de pensar.               

Mariano Berges, profesor de filosofía

LA LEVEDAD DEL SER

Éste es un artículo leve, como el calor, como la política, como el paso del tiempo, o nuestra contingencia y nuestra radical innecesariedad. Todo es cuestión de perspectiva. Qué importantes nos creemos a veces y qué modestos nos vemos otras. Todo depende de nuestro estado de ánimo y de nuestra cosmovisión del momento. Qué poco uso hacemos de la racionalidad y cuánto abusamos de la emotividad y de la escenografía. En definitiva, qué poco objetivos somos. Viene esto a cuento de ciertas circunstancias, propias y ajenas, de conversaciones y discusiones con amigos y conocidos, y hasta de esta soporífera calor, que hace poco tiempo añorábamos y ahora maldecimos. Cómo deseamos lo ausente y despreciamos lo presente. Nuestra volatilidad anímica corre pareja con nuestra insustancialidad personal. Si aun conociendo cuatro cosas no aportamos nada significativo al mundo, cómo somos tan presuntuosos de intentar dar sentido a lo que sucede, en nuestro entorno y lejos de él.

¿Ha sido conveniente el resultado de las primarias socialistas? Conveniente ¿para quién? o ¿para qué? Vamos a dejarlo en que ha sido así, y que es lo que la gente, mucha gente, ha querido. Todos tenían el mismo derecho y, una vez consumado el acto electoral, solo queda acatarlo y procurar que sea positivo para el interés general. Porque  se trata de eso.  ¿O no? Ahora hay otra gente que es más visible, parece que más importante, que tienen una mayor responsabilidad. Pues que la ejerzan y que la fortuna les acompañe en sus intentos y proyectos por el bien general. Pues de eso se trata. ¿O no?

Si abandonamos la aceleración y la hiperactividad, si conseguimos, aunque sea discontinua, la serenidad, si dejamos de gritar, si cultivamos el silencio, si analizamos objetivamente y sin apasionamiento la realidad, nuestra realidad… alcanzaremos la relatividad de lo que (nos) pasa. Y cómo eso  mismo es visto de distinta manera por otros, pues su vinculación con lo que pasa es distinta que la nuestra. Si nos distanciamos, para poder verlo mejor, de lo que nos rodea, podremos observar que somos nosotros, cada uno de nosotros, los que damos sentido a nosotros y a nuestras vidas. Es la cotidianeidad, la gris y a veces aburrida cotidianeidad, la que marca la constante anímica de nuestro ser.

Todos somos contingentes y nadie es necesario. ¿A qué, pues, tanta presunción, importancia e imprescindibilidad por parte de nadie? Y, sin embargo, la relatividad y convencionalidad de los hechos y las personas no debe confundirse con la apatía y la banalidad. No todo es igual ni todos somos iguales. Hay hechos y personas más convenientes para el interés general. Porque a estas alturas ha quedado claro que de eso se trata. ¿O no?

Nuestra contingencia personal acaba y, a la vez, alcanza su máxima expresión con la muerte. Tras la cual la vida, la sociedad, la realidad, el sentido y sinsentido de los hechos, siguen su cotidiana existencia sin esperar mi opinión al respecto. Solo algunos, y por algún tiempo, recordarán que yo fui, pero su vida transcurrirá por sí misma. Y mientras el final llega, mi vida transcurre con el máximo bienestar o mínimo malestar que soy capaz de darle. Que depende de menos cosas de las que creemos. En primer lugar, de la propia muerte, que da el auténtico sentido a la vida, a la que otorga su finitud y, por tanto, sus múltiples posibilidades. Y la conciencia de nuestra finitud posibilita nuestra libertad, que es la característica más relevante y difícil de ejercer de todas las humanas. La libertad es tan importante que supera el mero ornato de dignidad humana y constituye la virtud más ontológica de la esencia humana. Sin ser libres, mejor aún, sin  ejercer nuestra libertad, somos menos humanos. Y, está claro, que el ejercicio de la libertad poco tiene que ver con sumisiones y obediencias debidas, con palabras al dictado o con miedos a ser descubiertos en nuestra auténtica realidad, con nuestras contradicciones y debilidades, que, por ser nuestras, posiblemente lo más nuestro de todo, supone nuestra máxima reivindicación existencial. Pero todo ello tiene un precio. La autenticidad, mostrar nuestra entidad, no avergonzarnos de ella, incluso reivindicarla, a veces es incómodo. Pero auténtico. Y de eso se trata, de tener entidad y saber aportarla, pues lo contrario es cosificar al ser humano. Degradar al hombre al nivel de cosa es la mayor de las aberraciones que se pueden hacer. Por tanto, ejerzamos de hombres desde la libertad y la autenticidad. Solo así daremos sentido, aunque siempre leve y contingente, a nuestra existencia.

Mariano Berges, profesor de filosofía

UNA MOCIÓN DE CENSURA ÉTICAMENTE DISCUTIBLE

Esta vez toca otro tema obligado: la moción de censura de Podemos, con Iglesias como presidenciable, contra el gobierno del PP y su presidente Rajoy. Moción anunciada por Iglesias en plenas elecciones primarias del PSOE, y que permitían adivinar una intención espuria: el PP era la excusa y el PSOE era el objetivo. La moción fracasó: 82 votos a favor, 170 en contra, 97 abstenciones. 

El desarrollo del acto parlamentario ha sido largo y tedioso. Cinco horas de discurso inicial entre Montero e Iglesias, con el monotema de la corrupción del PP, dan para muchos bostezos y para muchas preguntas. La pregunta principal es ¿para qué esta moción? El resultado ya se sabía, las líneas maestras de los partidos ya se conocen, y las respuestas se adivinan. Lo único nuevo e intenso es la escenificación de Iglesias como falsamente presidenciable y su monopolio de la palabra frente a todos. Hay que reconocer una vez más la habilidad dialéctica de Iglesias, a la vez que un tacticismo éticamente cuestionable. Su soberbia y desprecio por lo no-suyo es otra cuestión que no viene al caso.

En política habrá que suponer que el objetivo a conseguir por todos los partidos políticos es perfeccionar la organización social  y posibilitar la felicidad colectiva e individual de los ciudadanos. Si Podemos pretende lograr dicho objetivo reforzando la figura de su líder no creo que sea una táctica conveniente para su estrategia, pues cuanto más visible es más rechazos genera. Ahora bien, si lo que pretende Podemos es reducir al PSOE, con un líder ausente del hemiciclo, y presentarse como el partido hegemónico de la izquierda y a su líder como el único presidenciable progresista y justo, estamos ante un abuso de un procedimiento parlamentario, aunque formalmente sea correcto. Una moción de censura la pone el líder de la oposición, pero Iglesias no es el líder de la oposición. Estamos, pues, ante un fraude político: hacer creer a la sociedad que el líder de la oposición es quien no lo es.

En respuesta a la moción, el PP, cuya defensa la asume el propio líder personalmente, se evade de todos los ataques de corrupción, de tal manera que convierte el acto en un auténtico “diálogo de besugos”: Montero-Iglesias exponen reiteradamente su letanía de corrupciones del PP y Rajoy contesta con su ya conocido discurso triunfalista de los logros económicos conseguidos en los últimos cinco años. A los ataques de corrupción no contestó. Elemental. Los dan por sabidos y amortizados.

En esta moción había un tercer personaje: el PSOE. Con un líder ausente, con un portavoz nuevo y desconocido, y con unas expectativas crecientes que Podemos pretende reducir. Y hay que decir que Ábalos ha cumplido en su estreno. Sin la erótica de Iglesias y sin los recursos y tablas de Rajoy, ha fijado claramente su posición sin cerrar puertas en ninguna dirección. El fondo de su discurso ha sido decir sí a la censura contra Rajoy, sin apoyar la presidencia de Iglesias. Según Ábalos, el PSOE comparte el diagnóstico, incluso muchas propuestas de Podemos, pero no comparte ni el momento ni las circunstancias, y, sobre todo, no comparte la verdadera intención de la moción. La lectura de un documento interno de la estrategia de Podemos por parte de Ábalos, explicitó clarísimamente que la moción iba contra el PSOE y el PP era la excusa. Y que Sánchez era su enemigo electoral. Ábalos debutó con una faena correcta pero no remató. No puede dejarse ocupar su lugar hegemónico en la izquierda con tanta levedad. El recuerdo de Iglesias votando con Rajoy en contra del PSOE, impidiendo así la investidura de Sánchez, no puede ser una anécdota, sino que fue un acto políticamente perverso desde una perspectiva progresista. Y eso hay que hacerlo notar.

Conclusión. Mientras la izquierda discute a ver quien la tiene más grande, el PP sigue gobernando, a pesar de los escándalos de corrupción. Iglesias ha conseguido reforzar a Rajoy por segunda vez en pocos meses. Una moción de censura se pone para ganarla, en ese momento o más tarde. Pero no se pone para el lucimiento personal o para reforzar internamente su posición. O lo que es peor, para hacerse pasar por el líder de la oposición.

El futuro es incierto. PSOE y Podemos deberían confluir mínimamente en cuestiones básicas. Sin embargo, ninguno se fía del otro. Item más, los proyectos políticos de ambos partidos difieren profundamente. La política territorial es un ejemplo de libro, pero hay otros. Pero también existe Ciudadanos. De los nacionalistas mejor no hablar, que salen muy caros. Si el mapa del centro izquierda no se ordena, tenemos derecha (y qué derecha) para rato.                        

Mariano Berges, profesor de filosofía