Por razones geográficas y culturales tengo un gran afecto por los agricultores y ganaderos. Provengo de Ejea, importante pueblo agrícola de la provincia de Zaragoza, aunque yo no he sido agricultor. Por todo ello, creo tener una mínima cultura agrícola. Mis comienzos políticos serios coinciden en el tiempo de la guerra del maíz aragonés de los años setenta. Las protestas de entonces eran por el bajo precio de las cosechas y las importaciones de otros países. Que, curiosamente, son algunas de las protestas actuales. Sin embargo, la diferencia entre la agricultura de subsistencia de los años setenta con la agricultura empresarial de hoy es muy grande. Las pequeñas empresas agrícolas familiares no pueden competir hoy con los grandes grupos económicos, más especulativos que agrícolas, y que están en la agricultura como podían estar en cualquier otro tipo de producción.
Si analizamos esquemáticamente las reivindicaciones de
las protestas de estos días, podríamos reducirlas a tres: el exceso de
burocracia que se exige a los agricultores para tener acceso a las ayudas
europeas, la entrada de productos extracomunitarios sin los mismos controles fitosanitarios que los europeos y las restricciones
medioambientales que la UE impone por razones climáticas. La falta de relevo
generacional no es algo nuevo, pues ya existía hace muchos años, aunque en la
actualidad se ha acrecentado. Añádase a todo esto la sequía, ya casi
estructural, de los últimos años.
Los interlocutores representantes de los agricultores
y ganaderos son los sindicatos de izquierdas COAG (UAGA en Aragón) y UPA, el
derechista ASAJA (adscrita a la CEOE) y la fantasmal plataforma F-6, próxima a VOX
y que no es reconocida como interlocutor. En Cataluña existe la Unión de
Pagesos, con tinte nacionalista catalán. El sindicato Solidaridad de Vox ha
intentado hacerse un hueco en las protestas, pero no lo ha conseguido. Las
Administraciones son la UE en primer lugar, el Gobierno español como
interlocutor ante la UE y las CCAA como una Administración de menor entidad,
aunque importante para las gestiones y ayudas más ordinarias.
En estos momentos, los distintos factores culturales o
identitarios que se encuentran en las reivindicaciones de la izquierda española
(igualitarias, sexuales ambientales, nacionalistas…) han dejado un tanto de
lado los apoyos a una agricultura familiar, que antaño estaba en el centro de
sus políticas reivindicativas. De ahí la acusación de urbanita que el
asilvestrado VOX hace al resto de sindicatos y partidos, a los que acusa de
dogmatismo ambiental desde su negacionismo climático. Y con las elecciones
europeas ya próximas, el voto del campo, aunque reducido en el cómputo total,
puede ser importante. A ello juegan la derecha y la ultraderecha, en España y
Europa. Cuidado.
El Gobierno español contrataca prometiendo intervenir a
favor de los agricultores en la cadena alimentaria y en la farragosa burocracia
europea (el cuaderno digital) a fin de luchar contra la precariedad de recursos
de los agricultores españoles. No dice nada sobre configurar otro posible tipo
de reparto de los fondos de la PAC (Política Agraria Común), que son muy
cuantiosos (el 30 % de la totalidad de fondos europeos), pero que van a parar en
su mayor parte a los grandes latifundios y grandes grupos empresariales
alimentarios. Y, sobre todo, poco se puede hacer en el control nacional e
internacional de los precios alimentarios, sobre todo por la explotación que el
primer mundo ejerce sobre los países menos desarrollados, y que nos favorece a
los consumidores, a pesar de la inflación actual, pero que perjudica
gravísimamente a los pequeños agricultores y ganaderos.
En definitiva, la situación es muy compleja y muy difícil
de solucionar. Se trata de un proceso que viene de lejos y que va para largo. Y
que se complica con la complejidad de la problemática medioambiental por el
cambio climático, que atañe a todo el espectro fitosanitario, a los
combustibles, y a un sinfín de normativas medioambientales. El Pacto Verde
Europeo va a constituir el muro a derribar por la derecha y extrema derecha en
los próximos años.
Está claro que vivimos en un mercado liberalizado y
abierto a todo el mundo, y que la capacidad de negociación entre los distintos
agentes es más necesaria que nunca. El minifundismo agrícola español se diluye
en el marasmo mundial y tiene muy poca capacidad interlocutora en la imposición
de precios y calidades. Solo avanzando en las economías de escala tendremos
unos mínimos incrementos de productividad para poder subsistir en esta selva
que cada día devora más a la agricultura familiar, mayoritaria en España y Europa.
Mariano Berges, profesor de
filosofía
