NOTAS PARA UNA REFORMA LOCAL EN ARAGÓN (II)

Seguimos reflexionando sobre Aragón. No trato de dar consejos no solicitados, sino de pensar en voz alta algunas ideas susceptibles de ser discutidas mínimamente. Presumo que el nuevo gobierno de Aragón está con las pilas cargadas y con enormes ganas de redefinir la política aragonesa. En esta segunda parte mi reflexión gira en torno a la reforma local pendiente en Aragón, tras la fallida Ley del gobierno central.

La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la administración local (LRSAL) constituye una involución contra la autonomía municipal. Prueba de ello es la interposición de los muchos recursos de inconstitucionalidad  puestos desde todos los ámbitos públicos. Es necesario otro modelo de reforma local que entienda el municipio como la base de la democracia, como la administración que presta los servicios más próximos y básicos a los ciudadanos y como el  instrumento más eficaz y eficiente en la defensa del territorio, tanto productivamente como medioambientalmente. Además es el único medio para fijar la población rural. No es tiempo de experimentos creando nuevos niveles de gobierno (las comarcas) que, generando más gasto de personal y gasto corriente, no mejoran los servicios públicos al ciudadano.

En Aragón, la cobertura de servicios básicos a los municipios más pequeños, que son casi todos, solo la realiza, mejor o peor, las diputaciones provinciales, pues el gobierno de Aragón, al menos hasta ahora, no entra en esas cuestiones. Y si existe algún solapamiento funcional es con las comarcas. ¿Para qué queremos una nueva estructura administrativa, la comarcal, sin tradición, sin personal, sin estructura, y con la práctica fundamental de repartir subvenciones a los municipios de su incumbencia? La existencia de las comarcas en Aragón, como mínimo, desorienta y confunde por el solapamiento y redundancia funcional. Las comarcas son casi especificidad de Aragón. Han sido propuestas por el PAR para consolidar su implantación territorial, y tanto el PSOE como el PP no han tenido más remedio que aceptar el chantaje, ya que ambos lo necesitaban para conformar mayorías de gobierno.

Nos podemos situar en dos escenarios:

1. Escenario en el que la Constitución Española (CE) se modifica y, como consecuencia, también se modifica el estatuto de Aragón. En este escenario, hay que diluir las comarcas como nivel de gobierno. Además, hay que solucionar definitivamente la financiación municipal desde exigencias constitucionales y estatutarias. También hay que revisar y modificar radicalmente el funcionamiento de las diputaciones provinciales.

2. El segundo escenario es la no modificación de la CE ni del Estatuto. O, en el caso de modificación, el tiempo que transcurre hasta la modificación de ambos, que será largo, dada la dificultad de consenso existente en la actualidad. En este escenario, hay que reducir el papel de las comarcas y el de las diputaciones provinciales. La Administración Autonómica y los municipios deben constituir la base fundamental sobre la que opera la reforma local.

En el segundo escenario plasmado anteriormente, el más realista, deberían de tenerse en cuenta los siguientes criterios:

- Las competencias, salvo las estatales, han de corresponder bien a la administración autonómica bien a los municipios aragoneses como competencias propias, sin más servicios obligatorios que los demandados por los propios ayuntamientos.

- No deben existir niveles intermedios de gobierno con competencias propias. Deben ser los propios municipios los que indiquen las bases de colaboración entre ellos, conformando así espacios de gestión voluntarios e intermunicipales.

- La comarcalización debe reconducirse en Aragón mediante una enérgica reforma de la normativa que la regula eliminando las competencias propias de las comarcas, que han de ser distribuidas entre los municipios y la propia administración autonómica.

- Desde esta perspectiva, la comarca ha de reconducirse hacia un simple ámbito intermunicipal de gestión de servicios municipales o autonómicos, estimulado desde la administración autonómica y las diputaciones provinciales, pero dependiente de la decisión política y de gestión de los municipios incluidos en tal ámbito.

- Hay que modificar radicalmente la función de las diputaciones provinciales en el entramado institucional. La provincia debe asumir única y exclusivamente un papel de apoyo y asistencia a los municipios que la recaben y de estímulo de la intermunicipalidad. Las comarcas constituirán los ámbitos en que se desarrolle la cooperación provincial con los municipios.

Mariano Berges, profesor de filosofía

ARAGÓN 2015 (I)

Tras las recientes elecciones autonómicas en Aragón, y constituido su primer gobierno con el presidente Lambán a la cabeza, procede empezar a marcar las líneas fundamentales de reflexión y, consecuentemente, de actuación. Este texto es el primero de una humilde y colaboradora aportación, por si es de interés para alguien.

En primer lugar hay que hablar de “la herencia recibida” (nada original pero imprescindible, y solo como elemento de referencia, nunca como justificación de nuestra impotencia). Pues bien, debe hacerse constar que Aragón ha mantenido tradicionalmente una situación algo mejor que la media nacional en la mayor parte de indicadores. Pueden identificarse múltiples causas: la actividad económica concentrada en las regiones de su entorno, la amplitud del territorio, una mayor concentración urbana de la población, un nivel formativo algo superior… Y tradicionalmente los gobiernos de todos los colores han apelado a esa mejor situación para justificar el éxito de su acción. Sin embargo, en los últimos años, aunque Aragón sigue manteniendo cierta ventaja sobre la media nacional, esta ventaja se ha ido está reduciendo cada vez más aceleradamente. Ya no se trata de si estamos mejor o peor que otros, sino de la velocidad con que otros nos están adelantando y nosotros estamos perdiendo las ventajas que durante tanto tiempo tuvimos, y que habrían de servirnos para salir antes de la crisis. Se está acabando la inercia, y si no se le da a los pedales acabaremos quedándonos parados o cayéndonos.

Así, por ejemplo, tenemos una tasa de actividad levemente superior a la española, pero se destruye empleo a mayor velocidad. Tenemos menos paro en Aragón, pero crece mucho más rápidamente. Tenemos menos paro juvenil en Aragón, pero va reduciéndose hasta un solo punto porcentual, y los jóvenes aragoneses mejor preparados se están yendo de Aragón para buscar un trabajo. En los últimos 5 años, los hogares con carencias materiales severas han crecido significativamente. Como consecuencia final, aunque todavía estemos algo mejor que la media, están creciendo el doble de rápido en Aragón que en España la desigualdad y el riesgo de pobreza y exclusión social.

Y mientras los problemas han crecido, las soluciones han disminuido  y los servicios públicos se han ido deteriorando. Hay menos personal sanitario, menos gasto en salud, menos inversión en hospitales y centros de salud. Hay menos maestros y profesores. Hay menos beneficiarios de la dependencia.

Los presupuestos de estos últimos años han sido meramente indicativos (los de 2015 tienen 600 M. de euros de desajuste deficitario y un déficit importante del PIB de Aragón), pero las consecuencias las pagamos todos los aragoneses: las consecuencias de una deuda pública que no para de crecer, supone casi 1 de cada 5 euros del gasto del Gobierno de Aragón (973 millones en 2014) y crece el doble de rápido que en el conjunto nacional (+13 % en el primer trimestre de 2014, frente a una media nacional del 7%, que ya es una barbaridad).

Con estos datos, la victoria de la izquierda en Aragón parecía cantada. Como así ha sido

El nuevo gobierno de Aragón debe volver la mirada a recobrar el incipiente Estado de bienestar que había en años anteriores (con gobiernos socialistas). Para ello debe impulsar una fuerte defensa de lo público y una gestión institucional ortodoxa y participativa. Hay que ser conscientes que los años anteriores al comienzo de la crisis marcaron una tendencia hacia una especie de “barra libre”, sin preocuparse por estructurar un modelo de gestión institucional para cuando llegaran las vacas flacas. El modelo territorial era pura discusión bizantina pues había pasta gansa para todo y para todos. No hubo ningún sentido de futuro, creando burbujas de todo tipo sin rendir cuentas a nadie, ya que los órganos fiscalizadores estaban adormecidos, sin entrar en otros considerandos peores.

Actualmente, la situación ha cambiado radicalmente. Ya no es que, al despertar del sueño megalománico, el dinosaurio siga ahí, sino que estamos rodeados de dinosaurios. La crisis ha modificado el paisaje tan bruscamente que la mera intención, aun presumiéndola buena, es poco  bagaje para una buena gestión de lo público. El contexto y el modelo sociales creados por los generadores de la crisis es una trampa continua tan potente que solo mentes muy despiertas e ideológicamente bien pertrechadas podrían ser capaces de modificar la situación de una manera duradera y sostenible. O, al menos, iniciar la buena dirección.

Seguiremos reflexionando.

Mariano Berges, profesor de filosofía