La Administración Local (I) Está claro que lo fundamental es el municipio: oír a los municipios, o sea, a los ciudadanos

Mi periódico (EL PERIÓDICO DE ARAGÓN) escribía el 7 de julio un editorial titulado "Un mal camino para apoyar a los ayuntamientos", donde decía que el Gobierno español pretendía eliminar las mancomunidades y reforzar funcionalmente las diputaciones provinciales. Lo decía así: "Los detalles que se conocen de los planes gubernamentales conducen a un reforzamiento muy importante de las estructuras provinciales, contrariamente a lo que hasta ahora se consideraba como la consecuencia lógica de la consolidación del Estado de las autonomías. Las diputaciones dejan de tener sentido, además de encarecer la gestión, en la medida en que los gobiernos autonómicos ganan en eficacia".

Posteriormente, el Consejo de Ministros del pasado 13 de julio conoció "en primer vuelta" del anteproyecto de ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. El anteproyecto recoge en su enunciado los cacareados términos de racionalización y sostenibilidad. Implícitamente se está diciendo que hasta ahora había poca racionalidad en el panorama institucional. Ni niego ni afirmo, solo digo que la actual histeria reformista del gobierno del PP es poco racional y nada sostenible. No debemos confundir la calidad de nuestro sistema institucional con las conductas poco éticas de los titulares de esas instituciones. Ni pretender solucionar la devastadora crisis económico-financiera y fiscal por la que atraviesa el sector público con reformas que poco tienen que ver con lo que estamos hablando, entre otras razones porque cuando estas disposiciones se plasmen ya nadie se acordará de la crisis.

Siento disentir con el editorial de mi periódico. Y como este asunto tiene mucha enjundia, lo trataremos en varias sesiones. Sirva esta primera para clarificar conceptos e intenciones. En otras sesiones seguiremos con el análisis del anteproyecto.

En Aragón hay cuatro términos-realidades que debemos aclarar y diferenciar: ayuntamiento, mancomunidad (subsumida en las comarcas, de reciente creación), comarca y diputación. Aparte de las comunidades autónomas, también de reciente creación y que funcionan cual nuevo Estado, sin ningún tipo de federalismo que las coordine. Cada una tiene sus características, funciones y diferencias. Y todas ellas, de alguna manera, se interactúan y a veces se solapan.

Los ayuntamientos son, junto al Estado, la institución más antigua y la más próxima al ciudadano. En la Atenas clásica, ciudad y Estado coincidían. Todas las demás instituciones son posteriores y algunas de muy reciente y dudosa creación. Las mancomunidades se crearon en 1870 con un objetivo: que los municipios más pequeños se agruparan en función de su proximidad para compartir servicios (especialmente basuras y abastecimiento de agua) y pagar, entre todos, sus costes. En Aragón han funcionado perfectamente, tanto funcional como económicamente, hasta la aparición de las comarcas, que han absorbido sus funciones y han encarecido desproporcionadamente su coste. Las comarcas son casi especificidad de Aragón. Han sido propuestas por el PAR para consolidar su implantación territorial, y tanto el PSOE como el PP no han tenido más remedio que aceptar el chantaje, ya que ambos lo necesitan para conformar mayorías de gobierno.

Hoy, las diputaciones provinciales están funcionando bien, actuando como verdaderos consejos comarcales o, mejor dicho, como deberían actuar los consejos comarcales. Estos entes locales desarrollan sus competencias sobre una población y actúan en función de unas fórmulas de representación política y de una estructura administrativa que, paradójicamente, deberían constituir los parámetros idóneos de cualquier proceso descentralizador que aspire a administraciones locales dotadas de autonomía gerencial, sin presupuestos condicionados y con medios suficientes.

Casi 40 leyes han sido necesarias para regular y crear el entramado comarcal aragonés. Treinta y dos comarcas creadas de treinta y tres previstas y, sin embargo, más de 700.000 aragoneses (Zaragoza y municipios limítrofes) están sin comarca. Está claro que lo fundamental es el municipio: oír a los municipios, o sea, a los ciudadanos y crear unas estructuras claras y distintas en beneficio del municipio. Y habilitar un órgano decisional que articule las decisiones a tomar, que evite solapamientos de inversiones y decisiones, que optimice y equilibre las inversiones y que genere sinergias entre todos los ámbitos.

Profesor de Filosofía

Reivindicando la política (socialista) No es la política la que debe adaptarse a la economía, sino esta a aquélla. Está en juego la democracia

Como declaración de intenciones sirva este primer párrafo. Los partidos políticos son imprescindibles en un sistema democrático. Lo mismo ocurre con los sindicatos. La inexistencia de los partidos políticos supone la existencia de una dictadura. Los partidos políticos actuales surgen en el siglo XIX, como consecuencia de la perversión del sistema liberal surgido en la Inglaterra del XVII y la aparición de dos clases sociales queMarx llamó opresores y oprimidos. Los oprimidos, terriblemente oprimidos, se vieron obligados a crear sindicatos y partidos políticos (todos de izquierdas y todos obreros) como la única manera de defenderse de aquel capitalismo voraz y explotador de la época.

El marxismo especialmente y el anarquismo en menor medida fueron la filosofía política que alimentó a los nuevos grupos. Desde entonces, existe la política moderna como la más noble y eficaz de las artes humanas para organizar la sociedad desde una perspectiva de dignidad humana.

La elección de Hollande y la victoria socialista en Francia deben animar a los socialistas españoles (y aragoneses) a elaborar un nuevo discurso socialdemócrata. El momento es paradójicamente bueno. La crisis que nos invade y la estadía en la oposición deben generar serenidad en el análisis y audacia en las propuestas. La dialéctica economía-política debe inclinarse hacia la política, pero una política que haga posible el equilibrio entre la racionalidad de la gestión pública y el crecimiento económico, de manera que vayamos regenerando el Estado de bienestar que se esta deteriorando de una forma que algunos intentan que sea definitiva.

HAY QUE reivindicar la política porque es la propia democracia la que está en peligro. La socialdemocracia nunca ha perdido el discurso de la igualdad y la cohesión social pero su praxis no ha sido muy coherente. Ha fallado en la gestión de la res pública. Nadie puede dudar de los grandes logros de los gobiernos socialistas en Europa y en España, pero el socialismo se ha dejado arrebatar el argumento económico. Eso de que en tiempos difíciles solo sabe gobernar la derecha. Como si la utopía sobrase una vez que llegas al gobierno.

La utopía, por definición, es imposible aquí y ahora, pero no en otro lugar o en otro momento, además de ser siempre un motor para la acción política. La utopía debe formar parte del discurso pero también del proceso político socialdemócrata.

Hay que dejar claro que la socialdemocracia es siempre una opción con vocación de gobierno, ya sea en solitario o en coalición. Y su futuro electoral pasa indefectiblemente por volver a convencer a sus potenciales electores de que su discurso y su praxis se han regenerado y han comprendido el momento actual de España y de Europa. Para ello deben integrar en su discurso y praxis la participación popular, auténtica asignatura pendiente de todos los partidos políticos.

Pero no una participación de corte populista, demagógica e ineficaz, donde los de siempre hablan de lo de siempre, sino una participación de estructura focal y sectorial, contando con expertos (no tecnócratas) y gente con opinión fundada sobre las cuestiones fundamentales de la sociedad. Esto es lo que en formulación estratégica se denomina transformar la crisis en oportunidad, y no en oportunismo.

Como ya he dicho varias veces, la referencia es Europa. Tenemos que trabajar por una Europa progresista desde una España progresista. Solo así recuperaremos la capacidad política necesaria que posibilitará la Europa modélica que fundó el Estado de bienestar y se convirtió en la referencia mundial de la igualdad y la cohesión social, frente a los famosos mercados que intentan caricaturizar ese modelo social aprovechando la coartada de la crisis. En la dialéctica mercado-sociedad debe prevalecer la sociedad, austera y racional, con prioridades claras, con uso y no abuso de los recursos públicos, y con un observatorio permanente de la pobreza, especialmente desde los dos parámetros fundamentales de la vivienda y el trabajo.

PARA ESTA TAREA casi ciclópea hay que luchar contra la desafección política de la ciudadanía, contra los enfoques nacionalistas o regionalistas, contra el euroescepticismo y contra el apoliticismo. Solo así recuperaremos el concepto de lo público como condición imprescindible para la solución de los problema sociales, pues éste y no otro es el objetivo de la acción política.

Profesor de filosofía