LA INVESTIDURA DE SÁNCHEZ (II)

En este asunto de la Investidura hay que explicitar en qué momento escribes este artículo, pues los acontecimientos se suceden vertiginosamente. Pues bien, este artículo lo escribo el martes 14 de noviembre, recién registrada en el Congreso la Ley de Amnistía a la que le he hecho una rápida lectura.

Desde el artículo anterior se han concretado muchas cosas. La fundamental es que hay pacto de Sánchez con siete partidos, y que alcanzan un número de 179 diputados, lo que le otorga una holgada mayoría absoluta parlamentaria. Por lo tanto, Sánchez, con la concesión de una amnistía a favor de los independentistas catalanes, será elegido presidente de gobierno.

Aunque el acuerdo-pacto se centre fundamentalmente en la ley de amnistía, contiene otros aspectos de tipo económico y concesiones nacionalistas que posiblemente sean más importantes que la propia amnistía, aunque sean menos espectaculares en la discusión pública. El morbo de la cárcel tiene mucha cancha. Pero quizás el principio de igualdad de todos los españoles se quiebre más por estos segundos aspectos que por la amnistía.

Parece claro que ha habido dos personajes que han ocupado el espacio central de esta negociación: Sánchez y Puigdemont. Ambos perseguían para cada uno de ellos un objetivo fundamental, si no único: el primero, revalidar su presidencia de gobierno, y el segundo, volver a casa y a la actividad política, sin siquiera haber sido juzgado. Este doble objetivo ha estado envuelto en una parafernalia escénica y con un suspense mediático digno de mejor causa. ¡Y cómo nos gusta a los españoles este derbi futbolístico de izquierda y derecha! Un posible gobierno de izquierdas (y de extrema izquierda, dirá la derecha) frente a un gobierno de derechas y de extrema derecha (no hace falta que lo diga nadie más). Hay que recordar que, según el mandato constitucional, lo que votan los ciudadanos en unas elecciones generales es la composición del Parlamento, pero el gobierno lo elige una mayoría parlamentaria. Por eso, Feijóo no lo consiguió, porque no obtuvo esa mayoría parlamentaria. Y, sin embargo, Sánchez sí que lo va a conseguir porque ha sabido configurar esa mayoría parlamentaria.  ¿A qué precio? Esa es la cuestión.

Hasta aquí los hechos. Y a partir de aquí el relato y la atmósfera, desde las manifestaciones callejeras ante las sedes del partido socialista, comandadas por Vox y seguidas por el PP, hasta todo tipo de manifestaciones y opiniones, argumentadas unas y descalificatorias otras (“dictadura de Sánchez”, “golpe de estado”, “principio del fin de la democracia” …).

Mi opinión (como me ha recordado algún lector, yo no informo, sino que opino. Efectivamente. Gracias por la aclaración.) parte de un principio: todo lo que ha hecho Sánchez desde las elecciones del 23 de julio es formalmente correcto y legítimo. Y, como he dicho anteriormente, las opiniones de todo tipo son válidas siempre que sean argumentadas y no apriorísticas y con poca validez política objetiva por mucho que arenguen a las masas y se pronuncien desde tribunas importantes.  Y, sobre todo, hay algo que debería pensarse muy sosegadamente, si la amnistía es eficaz políticamente para una mejor convivencia entre los españoles y para un principio de solución de la cuestión catalana, o, por el contrario, dará alas al independentismo, no lo sabremos ahora sino dentro de un cierto tiempo. El tiempo cambia la perspectiva. Mejor historiador que profeta.

Está claro que la apuesta de Sánchez es muy arriesgada. Y me cabe la duda de si pesa más es el interés personal o el general. Da la impresión de que Sánchez se ha quedado con el primero, revalidar su presidencia, y les ha dejado a los indepes el triunfo del relato, que el tiempo dirá si es algo más que relato. También los nacionalistas catalanes tendrán que convencer a sus votantes si, aparte de la amnistía, hay alguna ganancia concreta que conduzca a la independencia que les prometieron.

Nos encontramos, pues, con dos dimensiones muy distintas, el relato, tan favorable a los independentistas, y el contenido del pacto, que lleva implícita la investidura de Sánchez. Pero quedan todavía muchos flecos que aclarar. En primer lugar, la propia ley de amnistía, desconocida hasta su misma entrada en el Congreso. Y cuando la conozcamos a fondo seguirá habiendo una encendida polémica que zanjará el Tribunal Constitucional. Hasta entonces, un poco más de sosiego no vendría mal.

Y posteriormente quedan los aspectos de tipo económico y de tipo nacionalista, que habrá que ver su concreción más adelante. Así mismo, habrá que analizar en profundidad el comportamiento público de la derecha, si PP y Vox son lo mismo o el PP se despega de Vox claramente. Esta cuestión también es muy importante para el futuro de la democracia española.

¡Ah! Hay un asunto muy curioso: solo hablamos del pacto PSOE-Junts, cuando ha habido otros muchos pactos simultáneamente, con Sumar, ERC, PNV, CC y BNG. He ahí la gran victoria de Puigdemont.

Mariano Berges, profesor de filosofía

LA INVESTIDURA DE SÁNCHEZ

 

Mi artículo anterior era una toma de contacto con la actualidad. Y aunque las dos guerras citadas (Ucrania y Palestina) son mucho más importantes que la investidura política de España, hoy me centro en el asunto nacional por excelencia: la próxima investidura de Sánchez. Asunto en el que los españoles, discutidores natos, estamos divididos futbolísticamente entre el sí y el no. Luego vestimos la afirmación o la negación con argumentos más o menos lógicos y, sobre todo, con cataclismos que nos caerán encima si no se opta por lo que yo digo.

En España, país situado entre las democracias más avanzadas del mundo, hay unas reglas de juego que cumplir. Y mientras estas reglas de juego democráticas estén en manos del Estado nadie puede erigirse e imponerse sobre los demás. La voluntad de todos los españoles se manifiesta mediante votaciones públicas impecablemente democráticas y, a partir de ahí, los partidos negocian y pactan mayorías parlamentarias que se traducen en la elección de un jefe de gobierno. Luego operan los contrapesos del sistema (especialmente el sistema judicial) que corrobora o no la voluntad parlamentaria, con la Constitución como referencia sancionadora.

Al interior de este esquema de funcionamiento caben todas las opiniones y posturas posibles, siempre que también sean democráticas y no descalificadoras a priori. La Constitución española es un marco de actuación suficientemente amplio para que tengan lugar un amplio abanico de opiniones y posicionamientos políticos siempre que el sistema no quiebre.

Hasta hace muy poco, casi todo eran elucubraciones más o menos fundadas. Pues bien, en esta última semana (este artículo lo escribo el miércoles 1 de noviembre) se han dado pasos (especialmente el discurso que el Presidente en funciones pronunció en el Comité Federal del PSOE, con aclamación casi unánime de todos sus miembros) que permiten adelantar con bastante probabilidad el resultado final: Sánchez será investido con mayoría absoluta tras una ley de amnistía a favor de los independentistas catalanes. Solo queda por conocer si esa ley de amnistía es o no constitucional. Las discusiones volverán a surgir con toda intensidad, pero hasta que el Tribunal Constitucional no hable, todo será formalmente correcto.

Lo único que yo humildemente puedo hacer en el espacio que resta de este artículo, es, como uno más, arriesgar mi opinión con antelación sobre la constitucionalidad o no de esta ley de amnistía, que todavía no conocemos.

En primer lugar está el hecho de que es una ley todavía inexistente, al menos públicamente, y, por tanto, desconocida. Solo cabe hablar pues de presunciones. Ciertamente que el proceso de negociación-ocultación ha sido hábilmente llevado a cabo por los actores invitados al mismo. Y se puede llegar a pensar que la factura técnica de la ley será cuidadosa con la ley. En mi opinión, el meollo estará en la exposición de motivos de la citada ley. Si, tal como el Presidente en funciones dijo en su discurso, esa ley era para garantizar la paz y la convivencia entre todos los españoles, presumo que la parte amnistiada tendrá que afirmar explícitamente su voluntad de no volver a cometer los delitos que les son amnistiados.

Si esa condicionalidad no se da, en mi humilde opinión, esa ley, y por tanto la investidura, no es política ni moralmente digna de ser apoyada. Ese me parece el elemento trascendental de este asunto. Y como dicha ley no la conocemos, mi postura es también una cierta elucubración. Claro está que el proceso de negociación podría haber sido más transparente y que la militancia socialista debería haber sido llamada a ratificar algo más sólido y claro, pues, en estos momentos, nada consistente existe todavía, aunque todas las apariencias vayan en una sola dirección, la de que la investidura es un hecho.

Supongo que la última parte de la negociación con los independentistas catalanes radica en la citada condicionalidad, pues ellos sostendrán que no han cometido ningún delito y, por lo tanto, no tienen que hacer ninguna manifestación explícita en ese sentido. Incluso, muchos de ellos, afirmarán que lo volverán a hacer. Si esto sucediese así, y así se plasmase en la ley que va a permitir la investidura, mi postura posibilista decae y manifiesto públicamente mi posición en contra de la citada investidura, pues no solo no supone un progreso en la convivencia entre los españoles, sino que es un aval para los delitos cometidos por los amnistiados. Lo que se proclama como beneficio general mutaría en meros beneficios particulares de unos pocos. No todo vale si los principios (jurídicos, políticos y morales) se quiebran.

Hay otros aspectos importantes que se derivarán del resultado de la investidura pero no caben aquí. Seguiremos informando. Gracias.

Mariano Berges, profesor de filosofía