¡Cómo
no escribir sobre las pensiones! A pesar de su complejidad me meto en el charco
con toda mi ingenuidad. Lo bueno de las movilizaciones en la calle es que luego
aparecen en los medios de comunicación de masas y, así, se convierten en la
cuestión principal de la agenda política. También es cierto que la voracidad y
demagogia de los partidos políticos intentan hacerse con la tajada mayor de la
tarta reivindicativa. Para ello usan expresiones genéricas, eslóganes
improductivos, obviedades o utilizan información solo al alcance del gobierno.
Una
cuestión previa: las pensiones son fundamentalmente un problema político,
aunque con una dimensión fuertemente técnica. Pero en este orden. Una segunda
cuestión: el asunto principal del que deberíamos hablar es de una política
fiscal justa y progresiva, o sea, de donde sacamos los ingresos del Estado, y de
una política de rentas, o sea, cómo se distribuye la renta de nuestro país. Más
tarde, aparecen las pensiones como un subproducto de las dos cuestiones
anteriores.
Como
la cuestión de las pensiones es muy compleja voy a hacer algunas acotaciones
puntuales de carácter general, teniendo como idea principal que el asunto de
las pensiones es algo que hay que empezar a trabajar con rigor entre todos los
partidos políticos, con sus asesores técnicos respectivos. Para ello existe el
Pacto de Toledo, que data del año 1995 y que fue un acuerdo parlamentario
aceptado por todos con buen resultado hasta 2013. Con la crisis
financiero-económica, que no es más que un pretexto para modificar radicalmente
el modelo funcional de sociedad, comienza a quebrarse el modelo de Seguridad
Social y, por tanto, de las pensiones. Los recortes habidos desde 2010 y el
adelgazado Estado de bienestar marcan una
regresión en el proceso social español desde la instauración democrática.
1.
En primer lugar, y urgentemente, hay que derogar el índice de revalorización de
las pensiones (vigente desde 2013), ya que el 0,25% reduce realmente el poder
adquisitivo de las prestaciones. El gobierno del PP lo implantó siguiendo una
propuesta del Fondo Monetario Internacional (FMI) de congelar las pensiones y
que, curiosamente, coincide con un mayor desarrollo de los planes de pensiones
privadas en nuestro país. Sembrar dudas acerca de la viabilidad de las
pensiones públicas tiene también como finalidad potenciar los fondos privados
de pensiones. Y no solo es grave la “congelación-devaluación” del 0,25% , sino
que, según un informe reciente del Banco de España, esta
“congelación-devaluación” podría llegar en el tiempo hasta 2060, si seguimos
dando por bueno el desequilibrio de las cuentas de la Seguridad Social.
Esta
devaluación va en contra de la práctica de casi todos los países de la UE, que
garantizan como mínimo el mantenimiento del poder adquisitivo de sus
pensionistas. Pero es que, además, es una práctica incumplidora de la
Constitución Española (CE), que en su artículo 50 conmina expresamente a los poderes públicos a “garantizar
la suficiencia económica de los mayores a través de pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas”. Por
cierto que también es un incumplimiento del Pacto de Toledo que defiende como
principio el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas.
2. La decisión
de aumentar la edad laboral desde los 65 a los 67 años es una barbaridad
teniendo en cuenta el paro de edad joven y media que hay en España. Porque lo
importante no es tanto la ratio entre el número de empleados y el de
pensionistas sino la productividad de los empleados. Y con las nuevas
herramientas y técnicas laborales la productividad es progresivamente mucho
mayor.
3. El Estado es
un todo en el que no cabe una distinción artificial entre la Seguridad Social y
el Estado propiamente dicho. Por lo tanto, son los ingresos totales del Estado
los que deben garantizar el mandato constitucional en un Estado social de derecho,
independientemente de toda distinción formal y administrativa que quiera
hacerse. La Seguridad Social es parte de la Hacienda Pública y su financiación
no debe proceder solo de las cotizaciones sociales.
4. No contentos
con la devaluación del 0,25%, nos amenazan con la aplicación de un próximo
factor de sostenibilidad (vincular las pensiones a la esperanza de vida). Máxime cuando el gasto actual en pensiones de
jubilación en España es muy inferior al de los demás países de la UE, y cuando las
proyecciones a largo plazo del propio Gobierno español y de la Comisión Europea
acreditan la sostenibilidad de las pensiones públicas. Por lo que el factor de sostenibilidad es un mero
pretexto para seguir con la merma del modelo social que hemos disfrutado hasta
ahora.
Concluyendo: los
dos hachazos infligidos al sistema de pensiones (la desvinculación de la pensión
al IPC y la vinculación a la esperanza de vida) suponen una degradación del
Estado de bienestar conseguido a lo largo de casi cuarenta años. Si a ello
añadimos la falta de empleo y su precarización, la famosa crisis no solo no ha
finalizado sino que constituye el núcleo esencial del nuevo modelo social.
Mariano Berges, profesor de filosofía
