En cualquier reforma de gestión empresarial hay que tener en cuenta dos objetivos: eficacia y eficiencia, por este orden. Lo primero es cumplir con los objetivos obligatorios y los deseados; lo segundo, que sean al menor coste posible. En una reforma de la Administración Pública se deben enfatizar más aún esos dos objetivos y el orden de los mismos, ya que jugamos con dinero público y con las expectativas ciudadanas.
Actualmente están en marcha dos proyectos de reforma administrativa, la local (Anteproyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad local) y la estatal-autonómica (el Informe CORA --Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas--). La única melodía que suena en ellos es la economicista, y lo que es peor, tanto los favorables como los contrarios a las reformas usan una dialéctica de generalidades y obviedades poco significativas, con pocos argumentos fundados y desde apriorismos de dialéctica partidista que no conducen a ningún sitio. Según los primeros, los proyectos son maravillosos y pioneros; según los segundos, los proyectos son ideológicos y nada operativos. Los ciudadanos españoles asisten a este partido de ping-pong sin saber de qué va este asunto. Y, curiosamente, los partidos políticos (todos) defienden un statu quo que garantice sus intereses cuando debería ser el ciudadano el parámetro que da sentido al modelo de reforma.
Es evidente que todos los gobiernos autonómicos han desarrollado sus posibilidades estatutarias hasta la enésima potencia, sobre todo los de los estatutos de segunda generación, enfatizando los orígenes históricos de sus instituciones, tradiciones y costumbres hasta hacer de cada región la piedra angular de España en un momento u otro de su historia. Cada región se convierte en el ombligo de España o de sí misma (qué más da) y no admite un gramo menos de entidad que cualquier otra región. España como Estado queda como algo residual, lo que resta tras la suma infinita de las ambiciones, a veces alicortas y paletas, de cada uno de los diecisiete "estados". Defender un Estado fuerte y justamente redistribuidor de su riqueza ha sido seña de identidad de la socialdemocracia. El estatalismo ha sido característica exacerbada del comunismo. Y ahora los dos partidos de izquierda, internacionalistas de toda la vida, parecen independentistas vergonzantes, escondiendo siempre el término "independencia" y usando eufemismos como "autodeterminación" o "derecho a decidir". ¿Por convicción o por electoralismo?
El Gobierno tilda a su reforma de histórica cuando no es más un listado inconexo y desigual de propuestas y medidas, algunas interesantes aunque sin desarrollar, y otras leves e irrelevantes. Y se usa la economía como coartada para implantar el "programa oculto" del PP, pura ideología radical neocom, para desmantelar lo público bajo la idea latente de que la democracia es muy cara.
En una reforma administrativa hay tres cuestiones de capital importancia. La primera es indicar la dirección hacia donde queremos ir, o lo que es lo mismo, formular el sentido de la reforma. Para esto se requiere un pacto de Estado lo más amplio posible. Ya desde el abandono por parte del PSOE, en 1982, de la reforma administrativa (solo quedaron de testigos los "moscosos", ahora laminados), no ha formado parte de las prioridades de ningún partido político la reforma de las administraciones, a pesar de que la Administración constituye el eje vertebrador de la acción del Estado y la traducción de la acción política en la vida del ciudadano. En estos momentos, no parece viable el pacto en esta cuestión. Sería imprescindible.
La segunda cuestión es el método. Sin embargo, en los proyectos mencionados de reforma administrativa que ha presentado el Gobierno hay poca literatura que hable de racionalidad y planificación estratégica, que son los parámetros fundamentales de cualquier reforma a fin de conseguir esa eficacia y eficiencia, objetivos inexcusables de la misma.
Y en tercer lugar, el elemento humano. Los funcionarios deben ser el instrumento principal para que la reforma llegue a buen puerto. Para ello se requiere unos empleados públicos bien formados y motivados. El Estatuto Básico del Empleado Público de 2007, aunque claramente imperfecto e insuficiente, ponía algunos fundamentos en el concepto y desarrollo del empleado público (expresión genérica que incluía funcionarios y laborales) así como en las tareas de la función pública y aportaba la novedad del directivo profesional, figura poco desarrollada. En estos momentos, el EBEP no se ha desarrollado en casi ninguna CA y los empleados públicos están constantemente "criminalizados", apareciendo como responsables de la situación crítica envolvente.
Profesor de filosofía
