La respuesta del gobierno de Rajoy a las pensiones ha
sido vincular su subida a la aprobación del Presupuesto para el año 2018.
Parece una solución lógica. Sin
Presupuesto no hay modificación posible en gastos ni ingresos. En
segundo lugar, ha propuesto la subida de las pensiones más bajas. También
parece lógico. Para redondear la cuestión solo tendría que haber añadido la
puesta en marcha del Pacto de Toledo para hablar de la justicia y de la sostenibilidad
del futuro sistema de pensiones. Hay que tener en cuenta que el todo o nada no
es una solución, sino que todo proceso requiere de una orientación correcta en
la que ir modulando los incrementos en función de las posibilidades.
Veamos algunas características de nuestro sistema de
pensiones para así poder entender mejor su dificultad.
1. La primera cuestión que debe quedar clara es cómo
es nuestro sistema de pensiones en comparación con el de otros países. Y
observamos que la tasa de reposición española (la relación entre la pensión
inicial y el salario antes de la jubilación) es del 72% frente al 56% de Suecia
y el 38% de Alemania. Lo que nos conduce a una primera reflexión sobre la
generosidad del sistema español de pensiones, al menos en lo que respecta a los
salarios altos. No así respecto a los salarios bajos. Además hay que tener en
cuenta que la tipología de las pensiones es muy variopinta. Algunas ni son
técnicamente pensiones sino actos de solidaridad que el conjunto de los
pensionistas tiene con aquellos que no han cotizado un mínimo a lo largo de su
vida laboral. Por lo que no tiene sentido mezclar todas las pensiones en un
totum revolutum.
2. Una segunda cuestión. La propuesta del PSOE de ligar las pensiones al IPC
incrementaría el gasto en 1.600 millones al año. Y el Ministerio de Empleo calcula que España debería crecer 30 años al 4,2% (lo
que es imposible) para poder subir siempre las pensiones con el IPC. Por lo que algunos expertos
aconsejan no volver a vincular todas las pensiones al IPC. Asunto central en
toda discusión sobre las pensiones, pues en una caja única no hay suma cero,
sino que todo debe ser compensado en ingresos y gastos.
3. El déficit del sistema el año pasado rondará los
19.000 millones o un 1,6% del PIB. Aunque se trata de una cifra elevada, está
todavía dentro de lo manejable. Lo peligroso sería que el déficit se disparase
en el futuro si abandonamos los esfuerzos que se han hecho en los últimos años
para contener el gasto, tanto por parte de Gobiernos del PP como del PSOE. Aquí
entramos en cómo diseñar una política de rentas más justa y en una priorización
de gastos más beneficiosa para los sectores más débiles. Eso sí, siempre con la
cultura del trabajo y esfuerzo como elemento distribuidor.
4. ¿Es viable nuestro sistema de pensiones? Debe ser
viable. Pero necesitará ciertos ajustes para capear una situación demográfica
complicada. No hay riesgo de que nos quedemos sin pensiones públicas, pero esas
pensiones tendrán que ser algo menos generosas en relación a los salarios
durante las próximas dos o tres décadas. Hasta que la pirámide de población
española vuelva a la normalidad, pues tras la brusca caída de la natalidad,
cada vez habrá menos personas trabajando para pagar cada pensión.
En definitiva, nuestras autoridades han declarado que
lo que se pretende es acompasar la actualización de las pensiones a la marcha
de la economía. Ojalá fuese verdad, pero siempre desde una perspectiva de
justicia y progresividad. Porque cuando hablamos de la positiva marcha de la
economía hay que hablar de cantidad y calidad. La famosa precarización de los
puestos de trabajo y sus raquíticos sueldos no puede ser el final de la crisis.
Eso sería un fracaso general.
Mariano Berges, profesor de filosofía