CATALUÑA: PROCÉS 1 y PROCÉS 2

Perdón por autocitarme. En un artículo publicado en este periódico (21-10-17), previamente a las últimas elecciones, decía lo siguiente: “Y con un nuevo gobierno en la Generalitat ¿qué va a pasar? Posiblemente seguiremos en las mismas, aunque entonces hablaremos ya del procés-2. Porque un nuevo gobierno en Cataluña no solucionará el conflicto. En la continua búsqueda de comparaciones con otros conflictos independentistas en el mundo (Escocia, Quebec, Kosovo, Eslovenia…), Cataluña se parece cada día más al Ulster, que se hizo eterno y finalizó por extinción. El enquistamiento del problema va para lejos y la solución no se atisba por ningún lado, ya que las posturas son claramente irreconciliables”.

Pues en ésas estamos. En las últimas elecciones de Cataluña, celebradas el 21 de este mes de diciembre, no se han movido los porcentajes. El bloque independentista se sigue moviendo en torno al 48%, exactamente igual que hace 18 años. Ni aumenta ni disminuye. Y el bloque no independentista se mueve en torno al 52%, también igual que hace otros tantos años. Ahora ha habido más participación, pero el incremento se ha repartido a partes iguales. Ha habido modificaciones entre los partidos individualmente, pero por bloques los números no se han movido.

¿Y ahora, qué? Los 70 escaños logrados por JxC, ERC y la CUP no despejan el horizonte, más bien dicho resultado augura un incierto comienzo de la próxima legislatura que no parece asegurar de entrada una automática estabilización de su vida política. Quizás los dos aspectos más llamativos hayan sido el gran triunfo de Ciudadanos y la leve pérdida de votos y escaños de los independentistas. Pero ninguno de los dos aspectos es relevante ya que los posicionamientos de los bloques se mantienen básicamente igual. Los independentistas carecen de una mayoría social desde la que legitimar la ruptura y los constitucionalistas no han avanzado significativamente. Una vez más, la CUP, una organización antisistema, tiene la llave de la mayoría absoluta. Vista la experiencia de la legislatura anterior, Puigdemont y Junqueras deben calibrar hasta qué punto compensa arrojarse en sus brazos sabiendo cómo ha terminado el procés 1. 

Por otro lado, la peculiar situación judicial de sus principales dirigentes (fugados o encarcelados) presentan una endiablada casuística jurídica para ocupar los escaños obtenidos, y más aún para investir a un presidente. Todo ello implica una preocupante incertidumbre, porque la independencia, entendida como proyecto de ruptura unilateral ha fracasado, y volverá a fracasar, puesto que el Estado ya ha demostrado que sabe impedirlo, la UE lo rechaza y la economía catalana no lo aguanta.

Todos los partidos tienen problemas para hacer valer sus posturas. Los que han ganado en escaños (en una democracia parlamentaria gana quien es capaz de aglutinar más escaños en torno a su propuesta), o sea los independentistas, no pueden volver a seguir la misma hoja de ruta que en su última época, por inviable, inconstitucional y peligrosa, incluso para ellos mismos. Tampoco pueden renunciar totalmente a sus postulados soberanistas, pues sus votantes quedarían frustrados. Difícil papeleta. Ciudadanos proseguirá su larga marcha por ocupar el lugar del PP, ahora fuera de Cataluña. Y el PSOE tendrá que finalizar con sus equilibrios y ambigüedades, para lo que el PSC le ayuda más bien poco. Lo mismo que le sucede con el PSE en el país vasco. Quizás fuera éste un buen momento para que los dos grandes partidos cedan por fin en su rechazo al cambio de la ley electoral en lo tocante a la prima electoral que tienen los partidos nacionalistas.

Con una participación del 82%, el resultado de este 21-D ofrece una fotografía muy precisa de la realidad catalana. Y más aún cuando este resultado se repite una y otra vez. Los soberanistas catalanes tienen acceso a un poder legítimo aunque no tengan una mayoría social. Estamos hablando de una sociedad dividida en dos partes prácticamente iguales. Tan catalanes unos como otros. Por lo tanto, sobran todas las descalificaciones de unos y otros contra los adversarios. Parece ser que más elecciones no desempatan la cuestión demográfica y social sino que la ratifican. Ahora la conllevancia ya no es entre España y Cataluña sino entre los propios catalanes. Quizás sea el  momento de empezar a preocuparse por los problemas reales de la gente de Cataluña, cada uno desde sus legítimos postulados. Porque los que piden diálogo fuera de la Constitución o un referéndum pactado son perfectamente conscientes de la imposibilidad de tales soluciones. Lo que hace falta ahora es que reaparezca la razón política y el concepto de Estado regulador, con equidad y solidaridad. Al final habremos descubierto el Mediterráneo.

Mariano Berges, profesor de filosofía

REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN SIN URGENCIAS

Solo los españoles que ahora tienen más de 59 años han votado la vigente Constitución. Lo que quiere decir que solo la ha votado en torno al 25 % de los españoles actuales. Desde 1978 la Constitución solo ha sido modificada en dos ocasiones y las dos por exigencia de la Unión Europea. La primera en 1992, por unanimidad de los grupos parlamentarios, para incluir el derecho de los ciudadanos europeos a votar y ser elegidos en elecciones municipales; la segunda, mucho más polémica, en 2011, para consagrar en el artículo 135 el principio de estabilidad presupuestaria. Aparte de estos dos cambios ha habido amagos de propuestas reformadoras, siempre provenientes desde uno de los dos grandes partidos (PSOE y PP), y siempre estando en la oposición. Cuando llegan al gobierno se olvidan de sus propuestas reformadoras. 

La última propuesta la hizo el PSOE, en su Congreso de Granada (julio de 2013). Era una propuesta interesante aunque no concretaba su modelo federalizante y supeditaba la reforma excesivamente al conflicto catalán.  Sin embargo, era fundamental su intención de blindar los derechos sociales y convertirlos en derechos subjetivos. En general, podría ser un buen punto de partida siempre que todos los partidos lo asuman básicamente para una negociación patriótica y no partidaria. No podemos exigir el consenso de 1978 porque hoy es imposible. Entonces se trataba de transitar de una dictadura a una democracia. Y se hizo muy bien. Ahora se trata de perfeccionar la CE, y eso es no es algo tan trascendente.

Hay que decir con énfasis que la CE de 1978 ha posibilitado uno de los periodos más brillantes de la historia de España. Y la reforma no supone renegar de la misma, sino perfeccionarla para que siga cumpliendo su cometido de configurar la mejor convivencia posible entre los españoles. La Constitución española figura entre las mejores constituciones europeas, que es como decir mundiales. Y, por eso mismo, quizás sea más urgente implementarla socialmente que reformarla. O reformarla y durante su proceso (que será lento) implementarla con leyes y normas que no requieren de su reforma. El primer problema de España no es la Constitución ni Cataluña, sino la economía y la consolidación del Estado de bienestar.

Hay una perspectiva desde la que hacerse la pregunta de si hay que modificar la CE. Consiste en identificar los grandes problemas de España y pensar si cambiar la Constitución puede ayudar a resolverlos. Y el primer problema español es el paro, para el que me temo que pocas recetas pueden ofrecer los constitucionalistas, más allá de las que ya contiene nuestra Constitución económica: derecho al trabajo y a una remuneración suficiente, libertad de empresa, seguridad social, negociación colectiva, etc. Ahora se habla mucho de la Renta Básica, pero para eso tampoco hace falta modificar la CE.  

Tampoco me parece que haya que cambiar la Constitución para combatir la corrupción, el segundo problema español según todos los sondeos. Todas las propuestas normativas que se han propuesto para luchar contra ella tienen perfecta cabida en la legislación ordinaria: castigar con más dureza la prevaricación, reforzar las competencias del Tribunal de Cuentas, incrementar la transparencia de las instituciones, prohibir los indultos, etc. Una medida casi revolucionaria sería tramitar con celeridad los 1.700 sumarios abiertos en España por casos de corrupción, y eso solo requiere medios y organización y, sobre todo, voluntad política.

Por último, y entrando directamente en el conflicto catalán, podría teorizarse el independentismo catalán desde el déficit social. El independentismo catalán ha sido promovido por una élite nacionalista con capacidad de destilar un discurso ideológico que se ha impuesto hegemónicamente en la sociedad catalana. Si ese discurso ha calado es por un motivo: porque las clases medias y las clases populares están sufriendo el desmantelamiento del Estado social y se les ha hecho creer que con la independencia recobrarían los beneficios sociales que les ha arrebatado el Gobierno popular. Silencian el expolio de CiU a los catalanes. Engaño, manipulación y misticismo.

Pero, al menos, se ha abierto el camino de la reforma constitucional. Ahora bien, entre la urgencia de la reforma constitucional y el inmovilismo hay una vía intermedia y gradual: ir hacia una reforma pero sin urgencias. Y esa reforma debería abarcar fundamentalmente el modelo territorial y el modelo social de España. Para ello hay que  diseñar un proyecto de futuro para España e ir trabajando un consenso patriótico y no partidario. Mientras tanto, hay que  ir elaborando las normas y leyes que no requieren reforma constitucional y que solucionen los grandes problemas que no tienen espera: paro, desigualdad social, sostenimiento de las pensiones, corrupción, mayor independencia judicial, regeneración institucional, etc.

Mariano Berges, profesor de filosofía

DEFENSA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Hay mucha gente que piensa que la democracia podría funcionar sin partidos políticos y  serían las plataformas sociales y ciudadanas las que gestionarían los asuntos públicos. Idea peligrosa que abre la puerta a todo tipo de demagogias y populismos rampantes. La cuestión importante que aquí se plantea no es tanto la desafección política que hay detrás de esa creencia, lo que puede tener su lógica, como el cuestionamiento de la imprescindibilidad de los partidos, lo que abre una espita peligrosa.

El desprestigio de los partidos políticos es algo que se detecta desde hace bastantes años y que se ha incrementado por su escaso papel en la crisis que comienza en 2008 y no sabemos cuándo finalizará. Si añadimos que la corrupción que se ha adueñado de todos los sectores (no solo del político), incrementada por la percepción ciudadana desde su propia situación de precariedad y/o expectativas fallidas, nos hallamos ante un dilema difícil de solucionar.

No obstante, es importante recordar que en los últimos doscientos años (modernidad y contemporaneidad) no ha habido democracias sin partidos políticos ni sindicatos de trabajadores. Por lo que es una tesis difícil de mantener la de dejar a los partidos fuera de la gestión de los asuntos públicos. No quiere esto decir que los partidos sean los únicos actores de tal encomienda,  pero sí que  son los más idóneos en las democracias representativas, pues la democracia directa, incluso hoy con toda la potencia cibernética a su alcance, no es capaz de armonizar los intereses de millones de ciudadanos y sus necesidades.

No nos debe extrañar, pues, la desafección política ciudadana hacia unos representantes que “no pueden cambiar el orden de las acontecimientos”. Los movimientos extrapolíticos (15-M y las mareas de todos los colores) no vienen de la nada sino que son manifestaciones lógicas de una sociedad frustrada y desencantada de sus representantes políticos. Si esta escisión aumentara y se consolidara desaparecería la política, el más hermoso y digno de los saberes humanos. Y si nos instalamos en este nihilismo político, estamos abocados a una situación de suma gravedad, porque no existe alternativa al sistema de representación política, salvo utopías trascendentales. La alternativa, como siempre ha sucedido en los avances históricos, consiste en síntesis audaces e inteligentes entre la frescura de los movimientos sociales y la estructura de las organizaciones políticas. Por lo tanto, la alternativa sigue siendo política, pero una nueva política donde la conexión de la representación política con la sociedad se refuerce en grado sumo, de manera que la soberanía popular nunca pierda la consciencia de que es ella el origen del poder, y siempre la detentadora de ese poder. El partido político cuyo armazón programático fuese éste y estuviese encarnado en personas con credibilidad para ejercerlo, se convertiría en el eje articulador del sistema.

Lo que parece imposible es que los movimientos sociales o ciudadanos se basten solos para generar esos cambios. Tradicionalmente, estos  movimientos se orientan hacia metas concretas (ecología, feminismo, movimientos sociales varios…), pero no elaboran un proyecto global de sociedad y suelen rechazar los elementos organizativos de tipo estructural, más propios de los partidos políticos.  No obstante, la sociedad siempre necesitará mediadores estables que articulen las demandas ciudadanas.

Es evidente que la democracia española requiere reformas importantes. Y no solo constitucionales.  Más aún, hay una serie de aspectos tan urgentes que no necesitarían de modificación constitucional y que deberían ser previos. Por ejemplo, una mayor separación de poderes, que se conseguiría modificando el mecanismo de elección de jueces y fiscales, sin cooptación por parte de los partidos políticos. Lo mismo puede decirse de otros organismos vigilantes de cuentas y acuerdos públicos. Y lo mismo respecto de la normativa electoral, manifiestamente mejorable. En definitiva, se trata de profundizar en una transparencia real de las instituciones y las organizaciones públicas y en la participación ciudadana respecto de las decisiones institucionales y públicas. La trasparencia y la participación deben darse tanto en los partidos como en los movimientos sociales.

Conclusión: los partidos políticos son organizaciones imprescindibles en la organización de una sociedad compleja y de masas, pues, junto a su estructura estable y organizada, posee una determinada visión del mundo y un proyecto global para la sociedad en la que actúa.  Lo que no evita la existencia de los movimientos sociales, pues en una sociedad moderna debe haber espacio para ambos, y canales de comunicación entre unos y otros. Se trata de sumar y no de restar. Nos falta cultura interactiva pero todo es cuestión de voluntad y práctica.

Mariano Berges, profesor de filosofía