El proyecto de reforma local del PP Está en juego el nivel de la calidad de los servicios públicos más cotidianos

El proyecto se ha presentado como un intento de racionalizar el sector local, eliminando duplicidades e ineficiencias entre distintas administraciones, limitando el número de cargos y asesores y persiguiendo un mayor control de su gestión. Esta es la literatura del texto oficial. Sin embargo, en mi opinión, lo que persigue realmente son dos objetivos claramente políticos: 1) El desmantelamiento de lo público. Tras la sanidad-educación-servicios públicos, le toca el turno a la subsidiareidad municipal. Los ayuntamientos han llegado siempre a las situaciones más apremiantes de sus ciudadanos, aun sin competencias ni obligaciones. Simplemente porque eran sus ciudadanos. Ahora eso estará prohibido. 2) Introducir la gestión privada en los servicios públicos. Y aún habría un tercer objetivo, la justificación ante las instituciones de la Unión Europea que España camina efectivamente hacia la puesta en marcha de reformas institucionales de carácter estructural y que, además, estas comportarán un considerable ahorro del gasto público: 7.129 millones de euros en el trienio 2013-15. Ahorro más que dudoso en su ejecución, y que, si se cumpliese, el 97% (6.911 millones) se usarían para supresión de servicios mediante "clarificación de competencias, eliminación de duplicidades y reducción del sector público local". Lo de la reducción en alcaldes y asesores es calderilla.

La reforma plantea limitar las competencias y servicios que pueden prestar los municipios, la prohibición de ejercer actividades distintas de las que expresamente se les atribuyan y la supresión de municipios que no alcancen un determinado umbral de población, convirtiendo a las diputaciones provinciales en el eje de la prestación de los servicios locales. Es decir, se pretende suprimir los pequeños municipios, que constituyen la administración más cercana y sensible a las necesidades de sus habitantes, para entregar sus competencias a las diputaciones provinciales. A los ayuntamientos que queden se les recortan competencias y, en último término, se les impide suplir con su actividad las carencias de los servicios prestados por otras administraciones. Este es el primer objetivo estratégico de la reforma: impedir que los municipios, diversos y menos manejables que otras instituciones, puedan seguir jugando uno de los papeles que históricamente han venido desempeñando, el de suplir las carencias de los servicios prestados por otras administraciones. O sea, el brillante papel de subsidiareidad que han jugado históricamente.

El procedimiento previsto para la aplicación de la ley es radical: los sectores de sanidad, educación y servicios sociales quedan vedados a los ayuntamientos. ¿Y qué ocurrirá con las actividades y servicios que dejarán de prestar los ayuntamientos? La respuesta a esta pregunta nos conduce al segundo gran objetivo de la reforma: pasarán a manos de la iniciativa privada. La exposición de motivos del anteproyecto de Ley enuncia este objetivo sin el menor pudor: "-las entidades locales no deben volver a asumir competencias que no les atribuye la Ley...", "-se suprimen monopolios municipales heredados del pasado y que recaen sobre sectores pujantes en la actualidad".

No menos importancia tiene la desaparición política de miles de pequeños núcleos rurales y Entidades Locales Menores que pone en peligro el futuro de los bienes públicos comunales que actualmente administran. Se estima que la enajenación de los mismos podría afectar a 3,5 millones de hectáreas, con un valor que podría rondar los 21.000 millones de euros.

El proyecto de ley culmina un proceso de marginación política del gobierno local. Se convierte a la institución política más próxima al ciudadano en una pura referencia administrativa con unas competencias muy reducidas y con una dependencia casi total de las instituciones superiores. Y, como consecuencia, está en juego el nivel de la calidad de los servicios públicos más cotidianos, nuestra capacidad de decidir sobre los mismos y, sobre todo, el precio que tendremos que pagar por ellos.

Curiosamente, con esta ley las diputaciones provinciales pasarían de ser consideradas casi obsoletas a constituir el eje de las competencias municipales. Su papel anterior de asistencia a los municipios era cuestionado por muchos y ahora pasa a ser el suplantador de las competencias municipales. Según M. Zafra, "el proyecto deshace la configuración constitucional de la provincia como agrupación de municipios y la realza como división territorial para el cumplimiento de los fines del Estado". Cuando lo necesario era un pacto de Estado que dignifique el gobierno local y le permita la autofinanciación.

Profesor de Filosofía



Defensa de la política (y III) Lo que se está cuestionando no es solo el sistema de partidos sino la propia representación democrática

Tras el planteamiento y desarrollo de la cuestión, en esta tercera entrega intentamos elevarnos a los conceptos, clarificando la esencia de la democracia, en cuya defensa trabajamos y razonamos. Sin embargo, es difícil decir ideas nuevas sobre casi todo. Los prejuicios que cada uno tenemos antes de leer o escuchar, hacen que solo veamos correcto aquello que ratifica nuestros propios criterios y tildemos de erróneos los que discrepan de nuestras opiniones previas. Sócrates pensaba que cuando el otro nos vence en una discusión, lejos de sentirnos derrotados, deberíamos estar agradecidos porque nos ha introducido en una nueva perspectiva que enriquece nuestro proyecto personal: hemos transitado del error a la verdad. Si algo ha demostrado la crisis es la supeditación de lo político a lo económico, cuando lo correcto y lo conveniente para la sociedad es justamente lo contrario, puesto que a los cargos políticos los elegimos libremente y no así a los económicos. Si a ello añadimos que la economía actualmente es global y lo político, local, la contradicción y los perjuicios son aún más graves, pues una parte importantísima (la economía) cae fuera de nuestro control y la otra (la política) se convierte en irrelevante. Si esta inversión de roles sigue funcionando durante mucho tiempo, la democracia está en peligro y las fantasmales fuerzas del mercado se apoderan de todos los resortes que inciden en las sociedades desarrolladas, a las que intentan asemejar a las sociedades de los países emergentes, de menor desarrollo social. La competitividad económica se fortalece a costa de la vulneración de los derechos humanos. Todo ello, bien relatado en la línea de que "es algo inevitable", configurará una sociedad más pobre, más injusta, menos desarrollada y menos democrática. Pero más rentable para esos nuevos explotadores sin rostro que llamamos mercados. Todo esto sucederá a no ser que seamos capaces de invertir el pervertido orden de poderes, y sea la representación política la que controle y disponga sobre los mercados. Para ello, la política, sin dejar de ser local o nacional, debe crecer en la dimensión global. Hablamos de Europa, de occidente, del mundo. Y en esta misma línea, los representantes políticos deben interiorizar y convencerse de que ostentan la representación de ciudadanos-personas y no de esas entelequias denominadas fuerzas de mercado. Y un representante político debe tomar decisiones, porque la política es creativa y se basa en unos valores que configuran unos objetivos, que no son más que la satisfacción de las necesidades sociales, en un orden preferencial en función de las disponibilidades económicas. No nos debe extrañar, pues, la desafección política ciudadana hacia unos representantes que "no pueden cambiar el orden de las acontecimientos". Si esto realmente fuese así, habría desaparecido la política, el más hermoso y digno de los saberes humanos. Y si nos instalamos en este nihilismo político, estamos abocados a una situación de suma gravedad, porque no existe alternativa al sistema de representación política. La alternativa sigue siendo política, pero una nueva política donde la conexión de la representación política con la sociedad se refuerce en grado sumo, de manera que la soberanía popular nunca pierda la consciencia de que es ella el origen del poder, y siempre la detentadora de ese poder. El partido político cuyo armazón programático fuese éste, y estuviese encarnado en personas con credibilidad para ejercerlo, se convertiría en el eje articulador del sistema. Porque la gravedad es tal que no se trata de ganar elecciones o poder, sino de dar credibilidad a un sistema de representación política y de regenerar las instituciones. El cortoplacismo endémico de todos los partidos los condena a la ruina, a ellos y a todos nosotros. Pero ¿serán los partidos políticos capaces de transformarse para evitar su propia desaparición? ¿Pueden ser los mismos que controlan los instrumentos de decisión los que generen el cambio de modelo? Porque lo que se está cuestionando no es solo el sistema de partidos sino la propia representación democrática. Es lo que llamamos crisis institucional. Porque si hoy día los parlamentos no son ni cámaras de representación ni de debate ni de control, ¿qué son? El problema grave es que estamos ante un modelo que se agota pero cuyos elementos claves no precipitan la crisis final y, por lo tanto, imposibilitan la aparición del nuevo modelo. Indudablemente, la crisis económica cataliza y radicaliza todo. Pero el problema de la crisis, puede transformarse en una oportunidad para la calidad democrática y la regeneración institucional. Profesor de filosofía