El proyecto se ha presentado como un intento de racionalizar el sector local, eliminando duplicidades e ineficiencias entre distintas administraciones, limitando el número de cargos y asesores y persiguiendo un mayor control de su gestión. Esta es la literatura del texto oficial. Sin embargo, en mi opinión, lo que persigue realmente son dos objetivos claramente políticos: 1) El desmantelamiento de lo público. Tras la sanidad-educación-servicios públicos, le toca el turno a la subsidiareidad municipal. Los ayuntamientos han llegado siempre a las situaciones más apremiantes de sus ciudadanos, aun sin competencias ni obligaciones. Simplemente porque eran sus ciudadanos. Ahora eso estará prohibido. 2) Introducir la gestión privada en los servicios públicos. Y aún habría un tercer objetivo, la justificación ante las instituciones de la Unión Europea que España camina efectivamente hacia la puesta en marcha de reformas institucionales de carácter estructural y que, además, estas comportarán un considerable ahorro del gasto público: 7.129 millones de euros en el trienio 2013-15. Ahorro más que dudoso en su ejecución, y que, si se cumpliese, el 97% (6.911 millones) se usarían para supresión de servicios mediante "clarificación de competencias, eliminación de duplicidades y reducción del sector público local". Lo de la reducción en alcaldes y asesores es calderilla.
La reforma plantea limitar las competencias y servicios que pueden prestar los municipios, la prohibición de ejercer actividades distintas de las que expresamente se les atribuyan y la supresión de municipios que no alcancen un determinado umbral de población, convirtiendo a las diputaciones provinciales en el eje de la prestación de los servicios locales. Es decir, se pretende suprimir los pequeños municipios, que constituyen la administración más cercana y sensible a las necesidades de sus habitantes, para entregar sus competencias a las diputaciones provinciales. A los ayuntamientos que queden se les recortan competencias y, en último término, se les impide suplir con su actividad las carencias de los servicios prestados por otras administraciones. Este es el primer objetivo estratégico de la reforma: impedir que los municipios, diversos y menos manejables que otras instituciones, puedan seguir jugando uno de los papeles que históricamente han venido desempeñando, el de suplir las carencias de los servicios prestados por otras administraciones. O sea, el brillante papel de subsidiareidad que han jugado históricamente.
El procedimiento previsto para la aplicación de la ley es radical: los sectores de sanidad, educación y servicios sociales quedan vedados a los ayuntamientos. ¿Y qué ocurrirá con las actividades y servicios que dejarán de prestar los ayuntamientos? La respuesta a esta pregunta nos conduce al segundo gran objetivo de la reforma: pasarán a manos de la iniciativa privada. La exposición de motivos del anteproyecto de Ley enuncia este objetivo sin el menor pudor: "-las entidades locales no deben volver a asumir competencias que no les atribuye la Ley...", "-se suprimen monopolios municipales heredados del pasado y que recaen sobre sectores pujantes en la actualidad".
No menos importancia tiene la desaparición política de miles de pequeños núcleos rurales y Entidades Locales Menores que pone en peligro el futuro de los bienes públicos comunales que actualmente administran. Se estima que la enajenación de los mismos podría afectar a 3,5 millones de hectáreas, con un valor que podría rondar los 21.000 millones de euros.
El proyecto de ley culmina un proceso de marginación política del gobierno local. Se convierte a la institución política más próxima al ciudadano en una pura referencia administrativa con unas competencias muy reducidas y con una dependencia casi total de las instituciones superiores. Y, como consecuencia, está en juego el nivel de la calidad de los servicios públicos más cotidianos, nuestra capacidad de decidir sobre los mismos y, sobre todo, el precio que tendremos que pagar por ellos.
Curiosamente, con esta ley las diputaciones provinciales pasarían de ser consideradas casi obsoletas a constituir el eje de las competencias municipales. Su papel anterior de asistencia a los municipios era cuestionado por muchos y ahora pasa a ser el suplantador de las competencias municipales. Según M. Zafra, "el proyecto deshace la configuración constitucional de la provincia como agrupación de municipios y la realza como división territorial para el cumplimiento de los fines del Estado". Cuando lo necesario era un pacto de Estado que dignifique el gobierno local y le permita la autofinanciación.
Profesor de Filosofía
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