Y pasamos a Cataluña. Ya
pasó el 1-O. La gran eclosión nacionalista catalana tuvo lugar este último
domingo. Los dirigentes catalanes, una vez más, lanzaron a sus mesnadas a la
calle y los dirigentes españoles, una vez más también, llegaron tarde a la contención
del folklore callejero. Emoción catalana frente a razón estatal. Hoy, en una
sociedad del espectáculo (cfr. Debord), mandan los sentimientos y las emociones
y falla, por falta de discurso, la razón de Estado. Así nos va.
Finalizado el paripé
del pseudoreferendum y a la espera de la pseusoindependencia de la república
catalana, se nos va a quedar una cara de haba que no habrá espejo que nos
devuelva la imagen. Muchos análisis y comentarios de estos días post van en la
misma dirección: que los catalanes tienen derecho a autodeterminarse y que las
fuerzas de seguridad del Estado son unos cafres. Yo creo que ninguna de las dos
afirmaciones es cierta. Los catalanes, repito una vez más, no tienen derecho a
un referéndum de autodeterminación porque la Constitución, su propio Estatuto y
el código penal español lo prohíben. Y quien procura, posibilita o realiza actos
inconstitucionales es un delincuente. Y las fuerzas de seguridad se
autorreprimieron claramente en su cometido. Añádase el boicot de los Mossos y
la gran falacia de los 800 heridos.
Otra cosa distinta es
bajar al terreno de la presión política, de la calle como escenario de la
política en vez del parlamento, que es lo propio en una democracia
representativa y de un Estado de Derecho. Si la cuestión catalana, en estos
momentos, está en la calle, y solo en la calle, es que hay un grave problema. Y
este gran problema no tiene solo una solución legal sino que también debe tener
solución política. Aunque sin engañarnos: primero la legal; luego, hablar. Hasta
ahí todos o casi todos estaríamos de acuerdo. Pero mientras llega la doble
solución legal y política, ¿qué hacemos?
“Más diálogo” gritan
todos. De acuerdo. Pero diálogo dentro de la ley. Solo se puede dialogar dentro
de la ley, aunque sea para modificar la ley, y hacer que lo que ayer era ilegal
hoy es legal. Pero en ningún momento puede haber un vacío legal porque entonces
el Estado desaparece. Y si el Estado desaparece no hay democracia y si no hay
democracia no hay libertad ni ciudadanos que la ejerzan.
No hay que confundir el
Estado con el gobierno concreto de un momento concreto. Los gobiernos pasan y
el Estado permanece. Lo que hace falta son políticos de Estado, pensar en los
intereses del Estado y en el buen funcionamiento de las instituciones del
Estado. Si todo esto existe y si el Estado es fuerte, los ciudadanos más
vulnerables de nuestra sociedad tienen posibilidades de salvarse. De lo
contrario, lo que hay es una selva, y ahí son los animales más fuertes los que
sobreviven.
En la cuestión de
Cataluña ni los dirigentes catalanes ni los representantes del Estado español
han estado acertados. Pero hay una diferencia sustancial: Puigdemont y sus
socios son unos delincuentes que han
ejecutado un golpe de estado, mientras Rajoy y los suyos son, nos gusten o no,
los representantes legítimos del Estado español. Por lo tanto, solo hay un
camino: volvamos todos al redil legal y pongámonos a hablar. Por este orden y sin
chantajes callejeros. Y al resto de los partidos políticos les debemos exigir
lealtad constitucional y política. Me parece una obscenidad intentar sacar
rentabilidad política del gravísimo asunto de la pseudoindependencia catalana.
La ambigüedad en política se suele pagar muy cara. Y si no que se lo pregunten
al PSC.
¿Qué hacer si los
dirigentes catalanes declaran la independencia y no se atienen a más razones? ¿Y
si hablan de diálogo pero solo sobre cómo ejecutar tal independencia? La lógica
legal sería imputar y detener a los causantes del tal desaguisado. La lógica
política quizás nos aconsejaría, sin obviar la lógica legal, configurar un
gobierno de concentración constitucionalista que ponga orden y formule un
calendario con la hoja de ruta a seguir en la reforma constitucional respecto
al modelo territorial de España. Esto serenaría la situación y daría tiempo a
repensar el Estado y sus instituciones. Mariano Berges, profesor de
filosofía
No hay comentarios:
Publicar un comentario