Tras dos entregas analíticas
sobre la Administración Pública (AP) española, voy a finalizar con esta tercera
entrega, intentando sintetizar algunas conclusiones.
Según el artículo 103 de la
Constitución Española, la Administración
Pública sirve con objetividad a los intereses generales y actúa de acuerdo con
los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y
coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. Creo que esta
declaración es un buen espejo donde mirarse todos para saber qué podemos
esperar y qué debemos exigir a la Administración.
Para hablar de la actual AP
podemos usar dos referencias históricas: Max
Weber y la NGP. Weber consolida el modelo legal racional weberiano de una
Administración que está separada del y subordinada al poder político. Con
Weber, sólo el político es responsable porque usa valores e ideologías. No así
el funcionario, que ejecuta las propuestas del político.
Actualmente, la Administración
se vuelve más compleja y se necesitan funcionarios con una mayor cualificación
técnica en las distintas dimensiones de la Administración. Esta fase se conoce
con el nombre de Nueva Gestión Pública (NGP). En ella se producen una serie de
reformas administrativas que involucran una gestión por objetivos, usa
indicadores de gestión, tiene un claro enfoque hacia el usuario de los servicios,
no desprecia la externalización de aquellos servicios no esenciales, sin perder
nunca el control y la propiedad del proceso. Y sobre todo, utiliza la
evaluación como instrumento para mejorar los procesos productivos de servicios.
Para ser más concisos afirmo en
forma de decálogo mis convicciones sobre la materia:
1. El buen gobierno y la buena
administración son conceptos cada día más consolidados en lo que se refiere al
ejercicio del poder político dentro de una sociedad democrática y a la calidad
de sus instituciones y de los servicios que ellas gestionan o producen.
2. Los partidos políticos han
hecho todo lo posible por eliminar los controles administrativos y dejar el
máximo espacio al arbitrio de las decisiones políticas. Construir una
administración profesional, austera y eficiente es una tarea difícil, pero no
imposible. Merece la pena intentar un gran acuerdo político para despolitizar
la administración y hacerla de verdad profesional y eficiente.
3. Desde esta perspectiva, la
Administración Pública es esencial, pues
sin Administración no hay gobierno posible, por muy buenas que sean las
intenciones de la clase política.
4. Gobierno y Administración
van de la mano y, por lo tanto, no administrar es desgobernar. Y en España hay
instalado un sistema organizado de desgobierno, que está por encima de la
política. Los partidos luchan mucho por llegar al poder y cuando llegan no
saben qué hacer con él.
5. En el fondo, el desgobierno
de la Administración es la constatación de un Estado débil. Y con un Estado
débil el ciudadano es más vulnerable.
6. Para la instauración de una
Administración decente y eficaz al servicio del ciudadano, se necesitan dos
características básicas en los gestores públicos, tanto políticos como
funcionarios: decencia y capacidad, especialmente en los cargos de máxima
responsabilidad. La decencia es algo tan básico que ni se debería citar. La
capacidad hay que demostrarla.
7. La decencia y la capacidad
de los servidores públicos constituyen, en definitiva, la seguridad de una Administración
Pública legal, eficaz y eficiente, o lo que es lo mismo, cumplidora de la ley,
que responde a las necesidades ciudadanas y que lo hace con el coste más barato
posible.
8. Una de las razones más
claras de la desafección ciudadana hacia la política es la opacidad
institucional, la patrimonialización de lo público, el desprecio al Parlamento,
la persecución del discrepante, la manipulación de los medios de comunicación,
la corrupción y el abuso de poder desde las instituciones. Los ciudadanos perciben a sus representantes alejados de sus
intereses, y a los partidos políticos impermeables a sus demandas.
9. La sociedad española ha
evolucionado y demanda cambios. Los ciudadanos no están en contra de la
democracia pero sí quieren reformarla para mejorarla.
10. La democracia es un sistema
que no cree en la bondad universal y desconfía de la codicia humana. De ahí que
exija contrapesos y controles rigurosos para impedir abusos de poder y
sancionarlos cuando se produzcan.
Siguiendo a F.Longo, la reforma
de la Administración debe ser más cualitativa que cuantitativa: más diseño
institucional, más innovación normativa, más desarrollo
de capacidades, y no tanto limitarse a los recortes y a la penalización del
déficit. No se trata de hacer una Administración menor sino mejor.
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