La crisis actual ha
hecho aparecer en España otras crisis casi eternas, de las que nunca se ha intentado seriamente su
transformación. Una de ellas, en mi opinión la más importante, es la crisis
institucional, o sea, la necesidad de una buena Administración Pública (AP). En
un país, lo más importante es el buen funcionamiento de sus instituciones, en
cuyo engranaje los partidos políticos no son más que una herramienta al
servicio de las mismas.
Pero es que, además, la crisis se está
llevando por delante la poca credibilidad que tenían nuestras instituciones.
Habría que aprovechar la superación de la crisis y la corrupción para barrer
definitivamente este modelo institucional tan mejorable. La obsesión por
mejorar la competitividad económica debe ir acompañada de una profunda reforma
de la función pública, apostando por la profesionalidad, la excelencia y el
talento. De no ser así, es posible que la crisis financiero-económica se vaya
superando (eso sí, con el adelgazamiento del Estado de bienestar que es el
objetivo real de esta crisis), pero nos habremos instalado en un subdesarrollo
institucional casi definitivo que hará inoperante el posible crecimiento
económico. Es tan importante el cambio institucional que, de lo contrario,
nuestro país nunca será un país moderno y desarrollado, ya que las
instituciones son el factor fundamental del desarrollo integral de un país.
Es unánime la
percepción de que tiene que cambiar la AP, aunque nadie tenga un diseño y una
hoja de ruta sobre cuál es el modelo conceptual de la AP del futuro. Y solo
desde un diagnóstico preciso es posible construir una propuesta certera y
sólida.
Para hacer el
diagnóstico hay que empezar por el análisis físico de la AP. Se suele decir que
nuestra AP es demasiado larga (exceso de niveles administrativos: Estado, CCAA,
Diputaciones, Comarcas y Ayuntamientos) y demasiado gruesa (exceso de empleados
públicos). Esto es cierto pero es demasiado superficial, porque hay que hacer
una comparativa con los países de nuestro entorno. Y ahí vemos que todos los
países tienen sistemas complejos articulados en tres niveles: Estado, nivel
intermedio y Administración Local. El sistema autonómico, que es el último en
aparecer en España, está muy consolidado como para echarse atrás, por mucha
discusión que haya sobre recentralización y descentralización. Y aunque haya
muchas CCAA excesivamente pequeñas, y difíciles de justificar económicamente,
el elevado nivel de institucionalización y apoyo social hace imposible su
retroceso. El momento oportuno fue el de la elaboración de la Constitución de
1978, de donde salió un sistema autonómico excesivamente fraccionado. El famoso
“café para todos” en una sociedad que entonces tenía muy pocos anhelos
autonómicos.
Como a nivel autonómico
no hay nada que hacer, salvo su perfeccionamiento, las miradas se concentran en
el nivel local, que en España es muy complejo: Diputaciones (Provinciales,
Forales, Cabildos, Consejos Insulares), Ayuntamientos y, en algunos casos,
Comarcas. La víctima más propicia a su eliminación son las Diputaciones. Mi
opinión es que no son el problema sino una solución (eso sí, claramente
mejorable) ante un problema de mayor calado que es el excesivo volumen de
municipios que hay en España: más de 8.000 municipios y el 85% de los cuales
agrupan a menos de 5.000 habitantes, es decir, tienen unas dimensiones
insuficientes para ser eficaces y eficientes en su gestión. También Francia y
Alemania tienen inframunicipalismo. Y Grecia ha sido obligado por la UE a
suprimir de forma radical el número de sus municipios, y ha suprimido dos
terceras partes de los mismos. España tiene un gran problema para reducir el
número de sus municipios, pues la opción de agregación de municipios no se
plantea por ser un país muy ligado al cantonalismo y a la aldea. Por lo tanto,
si no se cambia el actual mapa municipal, la supresión de las Diputaciones es
un disparate, ya que su función reside precisamente en subsanar parcialmente
las disfunciones de unos Ayuntamientos excesivamente pequeños para afrontar sus
retos diarios de gestión. ¿Se está dispuesto a pasar de 8.000 municipios a
2.000? Ni lo considero conveniente ni posible. En todo caso, eso sería una
cuestión previa a cualquier reducción de las Diputaciones.
Respecto al excesivo
número de empleados públicos (tres millones), debemos compáralo con el de otros
países europeos. Y ahí vemos que el ratio población/empleados públicos de
España está en la media baja. Por ejemplo, Gran Bretaña, país de tradición y
práctica ultraliberal, posee en términos relativos más empleados públicos que
España.
Mariano
Berges, profesor de filosofía
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