DEFENSA DE LO PÚBLICO

Hoy nos centramos en el concepto de “lo público” y su defensa a ultranza ante el desguace que nos amenaza. Advierto que me moveré dentro del escenario capitalista, único existente y en el que, de momento, sólo cabe una postura fuertemente reformista. El socialismo, en la actualidad, desborda nuestros límites de posibilidad, lo que no impide que funcione como idea motora de la utopía y como referencia directiva.

El concepto moderno y occidental de “lo público” se deriva de la creación del Estado de bienestar como  una nueva concepción del capitalismo que atribuía al Estado un papel central. Se trata de actuar sobre la demanda por medio de instrumentos fiscales, la intervención pública y la política de empleo. El instrumento para su realización fue un pacto entre los sindicatos, las organizaciones empresariales y el Estado, que adquirió vigor entre aquellos países en los que los partidos socialdemócratas accedieron al gobierno. En este llamado “consenso socialdemócrata” el movimiento obrero renunciaba a cuestionar las relaciones de producción basadas en la propiedad privada a cambio de la garantía de que el Estado intervendría en el proceso redistributivo, a los efectos de asegurar condiciones de vida más igualitarias, seguridad y bienestar a través de los servicios, pleno empleo y la defensa de una distribución más equitativa de la renta nacional. 

En la actualidad, hay teóricos de la globalización que abogan por desmantelar los logros del Estado de bienestar. En el lado contrario están quienes, en nombre de la primacía de la política, se enfrentan a la vigencia de ese “pensamiento único”. La idea central es que la defensa del Estado de bienestar constituye un elemento clave en el comportamiento eficiente de una economía capitalista, puesto que no sólo mejora el capital humano de la sociedad (en educación, sanidad y acción social) sino que contribuye a la cohesión social y a la participación de los ciudadanos, factores más incentivadores de la productividad que la inestabilidad que generan las políticas neoliberales. Por lo tanto, la continuidad del Estado de bienestar, apuntalada por un poder político fuerte y coherente en sus objetivos, constituye un componente fundamental para el funcionamiento de una economía de mercado capitalista gestionada democráticamente.

Por el contrario, la insistencia en la aplicación a ultranza de políticas neoliberales potencia la conformación de sociedades fuertemente polarizadas en el terreno social, escenario favorable al cuestionamiento de la legitimidad y credibilidad del sistema político. Con la irrupción del PP y su mayoría absoluta en 2011, España ha comenzado el desmantelamiento de lo público y el desguace del Estado de bienestar de una manera rápida y sistemática. Los logros conseguidos durante los gobiernos socialistas van siendo sustituidos por sistemas y mecanismos funcionales donde lo privado impera sobre lo público y el bien común. La política neoliberal está usando la crisis como coartada y excusa para un retroceso en los derechos civiles, económicos y sociales y su modelo de Estado de bienestar. El cumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento se usa como un instrumento “legal” en el desguace del modelo social.

Hay que tener en cuenta que los servicios de interés general no solamente son buenos para una política de igualdad social sino que también son fuente de desarrollo económico, creación de empleo, prosperidad y cohesión social. El bien común, expresión genérica que marca el objetivo del Estado de bienestar,  es un concepto que puede ser entendido como que el conjunto de los sistemas sociales, instituciones y medios socioeconómicos  funcionen de manera que beneficien a toda la sociedad. Sostener la equidad y mejorarla debe resultar irrenunciable para un Estado Social de Derecho. Sin embargo, la crisis económica y el cambio de modelo social han acrecentado las desigualdades, haciendo que los ricos sean cada vez más ricos y los pobres, más pobres.

La crisis económica también ha puesto al descubierto una crisis de valores, destapando las carencias de un espíritu cívico. Aunque la irrupción de los movimientos sociales ha supuesto una corrección en ese déficit de valores ciudadanos. La libertad, la igualdad y la solidaridad son valores fundamentales a preservar en estos momentos de convulsión. Pero para llevar a cabo una política institucional que restaure estos valores, es necesario que nuestros representantes públicos tengan tres virtudes: capacidad, honestidad y una ideología progresista. Traducir el “argumentario” del partido a la práctica política no está al alcance de cualquiera. ¿Trabajan los partidos para que los componentes de sus listas sean idóneos para esta función? ¿O más bien las listas están básicamente configuradas por gente sumisa y obediente al líder de turno?

Mariano Berges, profesor de filosofía