Con
la cuestión de la crisis uno se cansa del monotema y de la trampa de que ya no
hay más realidad que la crisis. Sin embargo, la vida sigue y los problemas
siguen, y algunos, como la droga, siguen enquistados en la sociedad, en las
leyes y en las mentes. Si algo frena el progreso social es el miedo al debate
sobre cualquier cuestión tranversal en la vida humana y social. Por todo ello,
en este artículo sobre la droga me propongo dudar y reflexionar en voz alta con
todos ustedes. ¡Qué miedo los absolutismos y la mera posibilidad del absoluto!
De
momento, ha vencido la teoría de que la
represión de la producción y el consumo es la mejor manera de combatir el uso
de estupefacientes, lo que conlleva las trágicas consecuencias que tiene el
narcotráfico en la vida de muchas naciones. Por eso hay que aplaudir la
valentía de muchos dirigentes sudamericanos en, como mínimo, llevar al foro de
la discusión la cuestión de la legalización de las drogas. Especialmente habría
que citar aquí a José Múgica,
presidente de Uruguay, por proponer al Parlamento una ley legalizando el
cultivo y la venta de cannabis. De aprobarse (el Frente Amplio, el partido del
presidente, tiene mayoría absoluta) supondría todo un pulso a las mafias del
narcotráfico y una referencia para muchos países que están empezando a
cuestionarse la postura tradicional meramente represiva. La prohibición de la
droga sólo ha servido para convertir al narcotráfico en un poder económico y
criminal impresionante, capaz de poner de rodillas a los Estados legítimos. Los
sudamericanos hablan ya de narcoestados. El problema de la droga es tan
importante que concierne a la misma supervivencia de la democracia.
En las actuales
circunstancias, la primera prioridad no es poner fin a la producción y al
consumo de drogas sino acabar con la criminalidad que depende de estas
actividades. Y para ello no hay otro camino que la legalización. Desde luego
que legalizar las drogas implica riesgos, que deben ser tomados en cuenta y
combatidos. Por ello, la medida de la legalización debe ir acompañada de un
esfuerzo paralelo para informar, rehabilitar y prevenir el consumo de
estupefacientes perjudiciales para la salud. Se ha hecho en el caso del tabaco
y con bastante éxito. El consumo de cigarrillos ha disminuido y los ciudadanos
saben los riesgos a los que se exponen fumando. Si quieren correrlos es su
derecho hacerlo.
En España hay un nombre propio, pionero en reivindicar
la despenalización de las drogas. Se trata de Antonio Escohotado (profesor de filosofía en la UNED),
desmitificador y analista del problema de las drogas en su impagable Historia general de las drogas. La obra
contempla un recorrido multidisciplinar sobre las drogas, abordando aspectos
históricos, culturales, mitológicos, antropológicos, sociológicos, políticos,
químicos y médicos. Defiende las drogas como un camino hacia el
autodescubrimiento, la maduración, el diálogo o la simple recreación. Denuncia
también lo que considera una campaña demonizadora contra las sustancias
psicoactivas que nace a mediados del siglo XX.
Otro nombre más actual es Araceli
Manjón-Cabeza, autora del libro La solución, donde mantiene tres tesis
fundamentales: 1) que el prohibicionismo ha fracasado; 2) que hay que cambiar
el paradigma porque seguir con el prohibicionismo planetario es una locura; 3) que
la prohibición ha generado muchos otros problemas no inherentes al consumo de
droga, problemas que son hijos de la prohibición. Y, por último, no me resisto citar a un
último nombre, no sólo literato Nobel sino también un gran pensador, como es Mario Vargas Llosa, gran defensor de la
legalización de las drogas, como mal menor.
Legalizar
las drogas no eliminaría los problemas de drogodependencia, enfermedades
asociadas, conflictos sociales y mortalidad. Tampoco que el alcohol o el tabaco
sean legales evita tales efectos. Pero, al menos, pondría freno a las mafias
que siembran el terror y amasan fortunas a costa del mercado ilegal. Incluso
admitiendo como posible un aumento inicial del número de consumidores de las drogas
ya legales, habría otros efectos beneficiosos: control de calidad, lo que
evitaría los males asociados al consumo; venta en dosis correctas de consumo,
lo que evitaría las sobredosis accidentales; disminución de precios, lo que
reduciría drásticamente la cifra de delincuencia drogoinducida; cambiar los
ambientes marginales y peligrosos por un mercado legal y controlado.
Asunto
vidrioso. Al menos, dejémonos de hipocresías y embustes y entremos a fondo en
el debate. Sin absolutismos ni tabúes. La historia solo avanza con cambio de
paradigmas.
Mariano Berges, profesor de filosofía
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