LA ADMINISTRACIÓN LOCAL (II)

Procedemos a la segunda entrega del artículo anterior sobre la Administración Local (más propio sería decir Gobierno Local) exponiendo un análisis somero del anteproyecto de Ley para la racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

En este documento se percibe una vez más la volatilidad y contingencia del Gobierno de Rajoy. Piensan que con una declaración de intenciones plasmada en el BOE, los mercados y Bruselas van a hacer un acto de fe en España. Esto no funciona así. Las reformas estructurales no deben ser fagocitadas por coyunturas económicas, por muy apremiantes que éstas sean. Ya Aristóteles decía que la virtud del gobernante debe ser la prudencia, cuya etimología latina es pro-videre, o sea, prever, ver más lejos que los demás. Justo lo contrario del coyunturalismo actual, que nos lleva a un cortoplacismo preñado de estéril inmediatez.

Esta reforma dice pretender una mayor racionalización de la Administración Local y una clarificación de las competencias municipales para ganar en eficiencia. Para ayudar a ello refuerza la figura del interventor local y lo saca de la libre designación presidencial para convertirlo en un auténtico fiscalizador extramunicipal. ¿Un regreso a los cuerpos estatales y a la despolitización de los ayuntamientos?

Para conseguir este objetivo se fortalece a las diputaciones provinciales, que asumirán algunas (o muchas) competencias de los ayuntamientos. Las diputaciones ya no se dedicarán solo a sus funciones tradicionales de asistencia y cooperación con los ayuntamientos. Si esto se plasma en la realidad institucional, transformaría toda la organización provincial en aspectos tan esenciales como recursos, estructura y gobierno. Y los ayuntamientos serán vigilados respecto a sus propias competencias, que les serán sustraídas y transferidas a las diputaciones si no demuestran su capacidad económica y técnica para llevarlas a cabo. Lo que les sucedería a casi todos los ayuntamientos de Aragón. Desaparece también cualquier otra figura de gobierno intermedio como las mancomunidades. ¿Y las comarcas? Parece lógico que también desapareciesen ya que, además de subsumir las funciones de las mancomunidades, constituyen un gobierno intermedio innecesario, caro y redundante. Asturias y Aragón (las únicas con comarcas funcionando) no parecen regiones importantes como para evitarlo. Otra cosa muy distinta es lo que propone el anteproyecto sobre la desaparición o agrupación de los municipios menores de 20.000 habitantes. Esto es materialmente imposible. La reducción de servicios (más que de competencias) o la encomienda de funciones, podría ser una solución más ajustada a la realidad.

Luego aparecen en el documento otras medidas de gobierno local. Limitación del personal eventual y una completa funcionarización de la dirección institucional. Fuera cargos de confianza y de libre designación. El anteproyecto confunde gobierno con administración. Lo mismo sucede con la reducción del 30 % del número de concejales y el límite de los sueldos de los alcaldes. Todo vale en la continua labor de desprestigio de la política y los políticos. Llegaremos a aquella expresión genial del Caudillo “Haga usted como yo, no se meta en política”.

Es curioso que las CCAA no aparecen casi a lo largo del documento. Es como si ya hubiesen sido recortadas sus competencias respecto a la Administración Local. Quizás el inconsciente sea más significativo que la letra. Pero lo que verdaderamente asusta es el despojo competencial de los ayuntamientos, rozando si no lesionando la CE. Que es necesaria una nueva Ley de Régimen Local está claro. De hecho hay un borrador anterior a la crisis durmiendo el sueño de los justos. Pero también hay que tener en cuenta que no es bueno legislar a golpe de ocurrencia y de coyuntura. La planta institucional de un país es algo muy serio como para improvisar. Su elaboración tiene que venir precedida por profundas reflexiones y debates por parte de expertos en la materia, que hay muchos y competentes. Si la Ley quiere permanecer en el tiempo, servir para cohesionar la sociedad y organizar la convivencia política, tiene que contar inevitablemente con una gran  mayoría política y social, al menos un gran pacto de Estado entre los dos partidos mayoritarios.

Concluyendo, el margen de mejora del anteproyecto es amplio y no difícil de consensuar si se trabaja desde el sentido de Estado que todo representante público debe tener. Una sociedad es lo fuerte que son sus instituciones. La crisis pasará y las instituciones permanecerán. Sobran corporativismos, partidismos y electoralismos de corto vuelo.

Mariano Berges, profesor de filosofía