La ventana indiscreta
Tras la Segunda Guerra Mundial, la Administración se
vuelve más compleja y se necesitan funcionarios con una mayor cualificación
técnica en los distintos planos de la Administración. Esta fase se conoce con
el nombre de Nueva Gestión Pública (NGP). En ella se producen una serie de
reformas administrativas que involucran una gestión por objetivos, usa
indicadores de gestión, tiene un claro enfoque hacia el usuario-cliente de los
servicios, no desprecia la externalización de aquellos servicios no esenciales,
sin perder nunca el control y la propiedad del proceso. Y sobre todo, utiliza
la evaluación como instrumento para mejorar los procesos productivos de
servicios.
El concepto fundamental en toda gestión pública es el
de la Planificación Estratégica (PE). Concepto que primeramente se usó en la
empresa privada y luego pasó a la empresa pública. Se trata, en definitiva, de
aplicar una herramienta nueva de gestión para un tiempo en que existen nuevas
demandas y nuevos desafíos, por lo que es útil y necesaria para un ajuste
continuo a las nuevas situaciones. Y como las situaciones son cambiantes, esta
herramienta de gestión debe ser dinámica, nunca estática. La PE permite
clarificar a qué usuarios nos dirigimos y cuáles son sus demandas, que se
traducirán en servicios. Desde el punto de vista de la gestión, la PE no admite
súbditos sino colaboradores. Todos, desde el ordenanza hasta el director
general deben tener creatividad en su ámbito de actividad. La dirección debe
fomentar la participación crítica ante unos objetivos claros, alcanzables y
medibles. Además, la PE debe ser escrita, pues las palabras se olvidan y la
escritura ata el pensamiento. Además, si la Administración, cada
Administración, escribe en una Carta de Servicios cuáles son sus objetivos y
los indicadores de sus resultados, los ciudadanos pueden evaluar la gestión sin
necesidad de retóricas ni mítines. De esta manera serán los ciudadanos los
auténticos evaluadores de la gestión.
Ahora bien, para elaborar un PE hace falta, por parte
de los directivos, desarrollar un pensamiento estratégico: actuar siempre en
función de los objetivos a alcanzar, priorizando dichos objetivos y las
acciones respectivas, y elaborando indicadores que permitan contrastar la
consecución de los objetivos propuestos. Por descontado que la PE no es una
varita mágica, ni se puede usar como mera propaganda, porque también hay
peligro de una excesiva burocratización si las decisiones no se descentralizan
inteligentemente.
En teoría, el sistema debería funcionar perfectamente,
ya que conceptualmente y competencialmente el asunto está claro. Sin embargo la
percepción social es que funciona mal. En mi opinión, dos son los grandes
problemas de la Administración: uno por comisión, la corrupción; y otro por
omisión, la eficacia-eficiencia.
La corrupción es un abuso de poder que supedita el
bien general al beneficio propio. Mediáticamente brilla más la corrupción de
los políticos, pero históricamente es más constante la corrupción de los
funcionarios. Aún más, los políticos no podrían corromperse sin la cooperación
necesaria del funcionario, mientras que éste goza de mucha más autonomía para
sus tropelías. El exceso de burocracia, que suelen mostrárnosla como una
consecuencia de la complejidad, no es más que la telaraña que oculta la
corrupción. Si hubiese una gestión ágil y transparente no habría tanta
corrupción.
La falta de eficacia-eficiencia (hacerlo bien
optimizando los recursos disponibles) es consecuencia de la ausencia de
auténticos directivos y de una inexistente coordinación político-administrativa
que nos arrastra a la estéril compartimentación de servicios, que sirve para
justificarse los políticos y funcionarios pero que deja a la sociedad sin una
respuesta rigurosa a sus demandas.
Como colofón final, debo decir que estas tres entregas
sobre la Función Pública, no es teoría para elucubrar sino que es la propia
Constitución quien nos lo demanda. Según el artículo 103 de la Constitución
Española, la Administración Pública sirve con objetividad a los intereses
generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía,
descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la
ley y al Derecho. Creo que esta declaración es un buen espejo donde mirarse
todos para saber qué podemos esperar y qué debemos exigir a la Administración.
Mariano Berges, profesor de filosofía
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