LA RESPONSABILIDAD DEL POLÍTICO

Advertencia previa: este artículo, aunque generaliza lo hace por economía literaria, pero generalización no es sinónimo de universalización. Hay muchos políticos honestos.

Lo primero que debe tener un político es responsabilidad, o sea, que tiene la obligación de responder de sus actos ante la institución para la que sirve, y en última instancia, ante la justicia. Todos somos sabedores de la picaresca como característica específica de los españoles y a la que atribuimos la frecuente corrupción en la política española. Sin embargo, no es ésa la verdadera razón causal, sino que la causa fundamental radica en la facilidad que dan las instituciones españolas para la irresponsabilidad de sus políticos. El diseño de nuestras instituciones deja mucho espacio para la picaresca y la corrupción de sus directivos políticos.

Pongamos un ejemplo. El Ejecutivo de una institución debe rendir cuentas, en teoría, ante el Legislativo. Sin embargo, al no haber separación real de estos dos poderes, pues ambos (el Ejecutivo y la mayoría del Legislativo) dependen directamente del mismo partido político, el segundo no está en disposición de exigir responsabilidades a los miembros del Ejecutivo. Si a ello añadimos que las mayorías de los órganos de control están cooptados por dicho partido político mayoritario, la impunidad se acentúa. Quedaría el poder judicial como última instancia de exigir responsabilidades, pero también aquí la larga mano de los partidos políticos mayoritarios construye mayorías en los distintos órganos judiciales, especialmente en su máximo órgano, el Consejo General del Poder Judicial. Del Fiscal ni hablamos, pues está nombrado directamente por el Gobierno de turno.

Ésta y no otra es la cuestión fundamental a la hora de analizar las causas de la corrupción estructural en la política española. Los políticos de los países nórdicos, no es que sean genéticamente más honestos que los españoles, sino que están en unas instituciones mucho más difíciles de trampear. A lo que habría que añadir la altísima permisividad social que existe en España, pero esto es también consecuencia ambiental del mal diseño de sus instituciones.

Sigamos la secuenciación. Y los partidos políticos ¿ante quién responden? En teoría, ante sus afiliados y ante sus electores. Los afiliados de un partido, generalmente, son hooligans de “su partido” y segregan poca sustancia gris y menos masa crítica. Respecto a los electores, un sistema bipartidista, como el tenido hasta ahora, poco problema plantea, pues ambos dos partidos tienen su respectivo lecho electoral, con un segmento intermedio que oscila periódicamente y que da la victoria a uno u otro partido alternativamente. Actualmente los dos partidos se han convertido en cuatro. Haría falta que los cuatro fuesen realmente diferentes e hicieran un juego parlamentario honesto y eficaz para la mayoría de la sociedad. En cualquier caso, el aumento de pluralidad política enriquece a la sociedad.

Elaborar y mantener toda esta maraña relacional entre los distintos poderes y sus adláteres consume casi toda la energía de los partidos, por lo que queda poca para elaborar proyectos de país e imaginar soluciones a los diversos problemas que tiene la sociedad. Estamos ante un régimen realmente endogámico, donde, salvo ligeros matices, todos van a lo mismo: su propia supervivencia.

El sistema surgido de la Transición primó el papel de los partidos políticos como instrumento central de la política. Lo que tiene su lógica cuando se sale de una larga dictadura que había prohibido los partidos. Pero con el tiempo y la ayuda de una ley electoral que ha favorecido el bipartidismo, los partidos que se alternan en el poder han aprovechado las ventajas que les otorgó la arquitectura diseñada en la Transición para colonizar todo el espacio institucional, de modo que aquellas estructuras creadas para canalizar y facilitar la pluralidad política, han acabado asfixiándola. El resultado ha sido un empobrecimiento de las élites políticas. Lo que impera es un sistema que da a unas pocas personas situadas en las cúpulas de los partidos un poder casi absoluto sobre todos los niveles de la administración. Los mecanismos de elección partidaria tienden a expulsar fuera del sistema a quienes se mueven por otros impulsos o no se avienen, por razones éticas o de exigencia política, a las reglas de ese ecosistema. Mediocridad política y corrupción son, en realidad, dos caras de la misma moneda.

No obstante todo lo dicho, la política y los políticos son, de momento, imprescindibles. Por favor, modifiquemos el diseño de nuestras instituciones para que la política sea eficaz además de ética.  Solo es cuestión de voluntad política.   

Mariano Berges, profesor de filosofía

Vegetar o vivir

¡Es tremenda la uniformidad de esta sociedad! Los medios de comunicación nos igualan a todos, y hasta las percepciones, siempre hasta ahora subjetivas, son cada vez más “objetivas”. La búsqueda de una objetividad aséptica ha sido siempre una seña identitaria del orden establecido. Donde no hay uniformidad es en la brecha ricos-pobres. Su distancia no es física sino conceptual. Eso sí que son dos mundos y no los de Platón. La visión uniforme se alimenta de obviedades, de lugares comunes y de declaraciones de intención universales. Con mayor o menor gracejo, casi todos decimos lo mismo. La receptividad o credibilidad depende de circunstancias de poder o de estar en los medios. Casi nadie conoce realmente a nadie. Como mucho, tenemos un conocimiento delegado o indirecto: “me han hablado bien/mal de él”. Incluso presencialmente se da la incomunicación por causa del lenguaje políticamente correcto y de la educación formal inoperante. Leer la prensa, oír la radio/TV, se ha convertido en una pérdida de tiempo. Lo seguimos considerando necesario pero cada vez menos. Internet sirve pero no tanto como se piensa ni para lo que se piensa: la manipulación y el doble juego han encontrado su nuevo sitial de poder.

La formación, educación o enseñanza, dudo que sirva de mucho más que para disciplinar a los jóvenes: si quieres formar parte de esta sociedad tienes que hacer esto, pensar así, aprobar lo otro y obtener tal título. Después hasta podrás ser libre. Pero la cabeza ya no responde, los hábitos intelectuales están ya predeterminados y no hay capacidad de libertad. Además, la libertad mete ruido en el sistema y supone riesgo personal, aunque siga siendo fascinante y lo más erótico que se ha inventado. Cuando uno empieza a leer u oír conceptos sobre estrategia o planificación, uno de los primeros consejos que recibes es aprender a distinguir entre lo urgente y lo importante. Y algo tan elemental como eso sigue sin clarificarse en la esfera pública. El conflicto catalán, por ejemplo, ¿es urgente o importante? O las dos cosas. O ninguna. Porque ésta es una cuestión ya muy vieja.

Todo esto me lleva a la reflexión básica de qué es lo importante, qué interesa realmente a la gente. El concepto interesante procede del latín inter-est, lo que está entre nosotros, lo que incide en mi vida. Aunque algunos tienen por interesante lo que no les interesa y otros no tienen ni idea de lo que es interesante o les interesa. Entonces quizás nos enteremos que lo que nos interesa no siempre coincide con lo que importa a los dirigentes. Esta esquizofrenia social tiene su origen en la anomia sobre los valores y prioridades, lo que conduce a la despolitización y a la inconsciencia personal.

Cabe preguntarse por la salida o solución a todo esto, o lo que es lo mismo, por la función social de los medios y de los intelectuales. Su lenguaje ¿sirve para algo más que para el mantenimiento del statu quo? O en el otro lado de la barrera, ¿qué dice la gente? ¿qué comunica? ¿qué quiere comunicar? Parece claro que cada época tiene unas necesidades distintas respecto de lo que comunicar. ¿Cuáles son las necesidades actuales? No es fácil la respuesta porque existe una censura sutil y difusa (autocensura) muy potente que genera un silencio ruidoso y una incomunicación llena de palabrería y obviedades. Y esto sucede tanto en la estructura social como en la estructura interpersonal.

La comunicación (cf. Castilla del Pino: “La incomunicación”) tiende a ser meros “yo” artificiosos de personas “sociales” y de sujetos que representan su papel en las relaciones de intercambios sociales. Y por debajo de la comunicación de lo trivial y baladí existe un amplio sector del hombre y de la sociedad del que no se habla porque no se puede o no se sabe decir. Sólo se puede hablar de determinadas cosas y con un determinado lenguaje. Lo que supone la prohibición de hablar de otras muchas cosas. El que lo intenta se expone a la exclusión como elemento del grupo al que hasta entonces pertenecía. Realidad, lenguaje, y mundo son tres ámbitos íntimamente conexos. Ante una misma realidad los sujetos se sitúan de forma tal que cada uno aprehende un distinto nivel de esa misma realidad, de modo que, en el fondo, el resultado de la comunicación es idéntico al “diálogo de sordos”.

En definitiva, esquizofrenia, anomia, incomunicación, aburrimiento… son elementos del diagnóstico de nuestra época y posiblemente sean también requisitos obligatorios de aceptar como forma única de sobrevivir en el sistema. Esta es la cuestión: aprender a vivir con la enfermedad o intentar curarse. Parece ser que la mayor parte de la gente intenta sobrevivir, ante la indulgencia y la lástima de los poderosos de siempre, aunque ahora sean invisibles o anónimos. La cuestión se puede plantear también en otros términos: cantidad o calidad de vida, vegetar o vivir.

Mariano Berges, profesor de filosofía

CATALUÑA: PROCÉS 1 y PROCÉS 2

Perdón por autocitarme. En un artículo publicado en este periódico (21-10-17), previamente a las últimas elecciones, decía lo siguiente: “Y con un nuevo gobierno en la Generalitat ¿qué va a pasar? Posiblemente seguiremos en las mismas, aunque entonces hablaremos ya del procés-2. Porque un nuevo gobierno en Cataluña no solucionará el conflicto. En la continua búsqueda de comparaciones con otros conflictos independentistas en el mundo (Escocia, Quebec, Kosovo, Eslovenia…), Cataluña se parece cada día más al Ulster, que se hizo eterno y finalizó por extinción. El enquistamiento del problema va para lejos y la solución no se atisba por ningún lado, ya que las posturas son claramente irreconciliables”.

Pues en ésas estamos. En las últimas elecciones de Cataluña, celebradas el 21 de este mes de diciembre, no se han movido los porcentajes. El bloque independentista se sigue moviendo en torno al 48%, exactamente igual que hace 18 años. Ni aumenta ni disminuye. Y el bloque no independentista se mueve en torno al 52%, también igual que hace otros tantos años. Ahora ha habido más participación, pero el incremento se ha repartido a partes iguales. Ha habido modificaciones entre los partidos individualmente, pero por bloques los números no se han movido.

¿Y ahora, qué? Los 70 escaños logrados por JxC, ERC y la CUP no despejan el horizonte, más bien dicho resultado augura un incierto comienzo de la próxima legislatura que no parece asegurar de entrada una automática estabilización de su vida política. Quizás los dos aspectos más llamativos hayan sido el gran triunfo de Ciudadanos y la leve pérdida de votos y escaños de los independentistas. Pero ninguno de los dos aspectos es relevante ya que los posicionamientos de los bloques se mantienen básicamente igual. Los independentistas carecen de una mayoría social desde la que legitimar la ruptura y los constitucionalistas no han avanzado significativamente. Una vez más, la CUP, una organización antisistema, tiene la llave de la mayoría absoluta. Vista la experiencia de la legislatura anterior, Puigdemont y Junqueras deben calibrar hasta qué punto compensa arrojarse en sus brazos sabiendo cómo ha terminado el procés 1. 

Por otro lado, la peculiar situación judicial de sus principales dirigentes (fugados o encarcelados) presentan una endiablada casuística jurídica para ocupar los escaños obtenidos, y más aún para investir a un presidente. Todo ello implica una preocupante incertidumbre, porque la independencia, entendida como proyecto de ruptura unilateral ha fracasado, y volverá a fracasar, puesto que el Estado ya ha demostrado que sabe impedirlo, la UE lo rechaza y la economía catalana no lo aguanta.

Todos los partidos tienen problemas para hacer valer sus posturas. Los que han ganado en escaños (en una democracia parlamentaria gana quien es capaz de aglutinar más escaños en torno a su propuesta), o sea los independentistas, no pueden volver a seguir la misma hoja de ruta que en su última época, por inviable, inconstitucional y peligrosa, incluso para ellos mismos. Tampoco pueden renunciar totalmente a sus postulados soberanistas, pues sus votantes quedarían frustrados. Difícil papeleta. Ciudadanos proseguirá su larga marcha por ocupar el lugar del PP, ahora fuera de Cataluña. Y el PSOE tendrá que finalizar con sus equilibrios y ambigüedades, para lo que el PSC le ayuda más bien poco. Lo mismo que le sucede con el PSE en el país vasco. Quizás fuera éste un buen momento para que los dos grandes partidos cedan por fin en su rechazo al cambio de la ley electoral en lo tocante a la prima electoral que tienen los partidos nacionalistas.

Con una participación del 82%, el resultado de este 21-D ofrece una fotografía muy precisa de la realidad catalana. Y más aún cuando este resultado se repite una y otra vez. Los soberanistas catalanes tienen acceso a un poder legítimo aunque no tengan una mayoría social. Estamos hablando de una sociedad dividida en dos partes prácticamente iguales. Tan catalanes unos como otros. Por lo tanto, sobran todas las descalificaciones de unos y otros contra los adversarios. Parece ser que más elecciones no desempatan la cuestión demográfica y social sino que la ratifican. Ahora la conllevancia ya no es entre España y Cataluña sino entre los propios catalanes. Quizás sea el  momento de empezar a preocuparse por los problemas reales de la gente de Cataluña, cada uno desde sus legítimos postulados. Porque los que piden diálogo fuera de la Constitución o un referéndum pactado son perfectamente conscientes de la imposibilidad de tales soluciones. Lo que hace falta ahora es que reaparezca la razón política y el concepto de Estado regulador, con equidad y solidaridad. Al final habremos descubierto el Mediterráneo.

Mariano Berges, profesor de filosofía

REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN SIN URGENCIAS

Solo los españoles que ahora tienen más de 59 años han votado la vigente Constitución. Lo que quiere decir que solo la ha votado en torno al 25 % de los españoles actuales. Desde 1978 la Constitución solo ha sido modificada en dos ocasiones y las dos por exigencia de la Unión Europea. La primera en 1992, por unanimidad de los grupos parlamentarios, para incluir el derecho de los ciudadanos europeos a votar y ser elegidos en elecciones municipales; la segunda, mucho más polémica, en 2011, para consagrar en el artículo 135 el principio de estabilidad presupuestaria. Aparte de estos dos cambios ha habido amagos de propuestas reformadoras, siempre provenientes desde uno de los dos grandes partidos (PSOE y PP), y siempre estando en la oposición. Cuando llegan al gobierno se olvidan de sus propuestas reformadoras. 

La última propuesta la hizo el PSOE, en su Congreso de Granada (julio de 2013). Era una propuesta interesante aunque no concretaba su modelo federalizante y supeditaba la reforma excesivamente al conflicto catalán.  Sin embargo, era fundamental su intención de blindar los derechos sociales y convertirlos en derechos subjetivos. En general, podría ser un buen punto de partida siempre que todos los partidos lo asuman básicamente para una negociación patriótica y no partidaria. No podemos exigir el consenso de 1978 porque hoy es imposible. Entonces se trataba de transitar de una dictadura a una democracia. Y se hizo muy bien. Ahora se trata de perfeccionar la CE, y eso es no es algo tan trascendente.

Hay que decir con énfasis que la CE de 1978 ha posibilitado uno de los periodos más brillantes de la historia de España. Y la reforma no supone renegar de la misma, sino perfeccionarla para que siga cumpliendo su cometido de configurar la mejor convivencia posible entre los españoles. La Constitución española figura entre las mejores constituciones europeas, que es como decir mundiales. Y, por eso mismo, quizás sea más urgente implementarla socialmente que reformarla. O reformarla y durante su proceso (que será lento) implementarla con leyes y normas que no requieren de su reforma. El primer problema de España no es la Constitución ni Cataluña, sino la economía y la consolidación del Estado de bienestar.

Hay una perspectiva desde la que hacerse la pregunta de si hay que modificar la CE. Consiste en identificar los grandes problemas de España y pensar si cambiar la Constitución puede ayudar a resolverlos. Y el primer problema español es el paro, para el que me temo que pocas recetas pueden ofrecer los constitucionalistas, más allá de las que ya contiene nuestra Constitución económica: derecho al trabajo y a una remuneración suficiente, libertad de empresa, seguridad social, negociación colectiva, etc. Ahora se habla mucho de la Renta Básica, pero para eso tampoco hace falta modificar la CE.  

Tampoco me parece que haya que cambiar la Constitución para combatir la corrupción, el segundo problema español según todos los sondeos. Todas las propuestas normativas que se han propuesto para luchar contra ella tienen perfecta cabida en la legislación ordinaria: castigar con más dureza la prevaricación, reforzar las competencias del Tribunal de Cuentas, incrementar la transparencia de las instituciones, prohibir los indultos, etc. Una medida casi revolucionaria sería tramitar con celeridad los 1.700 sumarios abiertos en España por casos de corrupción, y eso solo requiere medios y organización y, sobre todo, voluntad política.

Por último, y entrando directamente en el conflicto catalán, podría teorizarse el independentismo catalán desde el déficit social. El independentismo catalán ha sido promovido por una élite nacionalista con capacidad de destilar un discurso ideológico que se ha impuesto hegemónicamente en la sociedad catalana. Si ese discurso ha calado es por un motivo: porque las clases medias y las clases populares están sufriendo el desmantelamiento del Estado social y se les ha hecho creer que con la independencia recobrarían los beneficios sociales que les ha arrebatado el Gobierno popular. Silencian el expolio de CiU a los catalanes. Engaño, manipulación y misticismo.

Pero, al menos, se ha abierto el camino de la reforma constitucional. Ahora bien, entre la urgencia de la reforma constitucional y el inmovilismo hay una vía intermedia y gradual: ir hacia una reforma pero sin urgencias. Y esa reforma debería abarcar fundamentalmente el modelo territorial y el modelo social de España. Para ello hay que  diseñar un proyecto de futuro para España e ir trabajando un consenso patriótico y no partidario. Mientras tanto, hay que  ir elaborando las normas y leyes que no requieren reforma constitucional y que solucionen los grandes problemas que no tienen espera: paro, desigualdad social, sostenimiento de las pensiones, corrupción, mayor independencia judicial, regeneración institucional, etc.

Mariano Berges, profesor de filosofía

DEFENSA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Hay mucha gente que piensa que la democracia podría funcionar sin partidos políticos y  serían las plataformas sociales y ciudadanas las que gestionarían los asuntos públicos. Idea peligrosa que abre la puerta a todo tipo de demagogias y populismos rampantes. La cuestión importante que aquí se plantea no es tanto la desafección política que hay detrás de esa creencia, lo que puede tener su lógica, como el cuestionamiento de la imprescindibilidad de los partidos, lo que abre una espita peligrosa.

El desprestigio de los partidos políticos es algo que se detecta desde hace bastantes años y que se ha incrementado por su escaso papel en la crisis que comienza en 2008 y no sabemos cuándo finalizará. Si añadimos que la corrupción que se ha adueñado de todos los sectores (no solo del político), incrementada por la percepción ciudadana desde su propia situación de precariedad y/o expectativas fallidas, nos hallamos ante un dilema difícil de solucionar.

No obstante, es importante recordar que en los últimos doscientos años (modernidad y contemporaneidad) no ha habido democracias sin partidos políticos ni sindicatos de trabajadores. Por lo que es una tesis difícil de mantener la de dejar a los partidos fuera de la gestión de los asuntos públicos. No quiere esto decir que los partidos sean los únicos actores de tal encomienda,  pero sí que  son los más idóneos en las democracias representativas, pues la democracia directa, incluso hoy con toda la potencia cibernética a su alcance, no es capaz de armonizar los intereses de millones de ciudadanos y sus necesidades.

No nos debe extrañar, pues, la desafección política ciudadana hacia unos representantes que “no pueden cambiar el orden de las acontecimientos”. Los movimientos extrapolíticos (15-M y las mareas de todos los colores) no vienen de la nada sino que son manifestaciones lógicas de una sociedad frustrada y desencantada de sus representantes políticos. Si esta escisión aumentara y se consolidara desaparecería la política, el más hermoso y digno de los saberes humanos. Y si nos instalamos en este nihilismo político, estamos abocados a una situación de suma gravedad, porque no existe alternativa al sistema de representación política, salvo utopías trascendentales. La alternativa, como siempre ha sucedido en los avances históricos, consiste en síntesis audaces e inteligentes entre la frescura de los movimientos sociales y la estructura de las organizaciones políticas. Por lo tanto, la alternativa sigue siendo política, pero una nueva política donde la conexión de la representación política con la sociedad se refuerce en grado sumo, de manera que la soberanía popular nunca pierda la consciencia de que es ella el origen del poder, y siempre la detentadora de ese poder. El partido político cuyo armazón programático fuese éste y estuviese encarnado en personas con credibilidad para ejercerlo, se convertiría en el eje articulador del sistema.

Lo que parece imposible es que los movimientos sociales o ciudadanos se basten solos para generar esos cambios. Tradicionalmente, estos  movimientos se orientan hacia metas concretas (ecología, feminismo, movimientos sociales varios…), pero no elaboran un proyecto global de sociedad y suelen rechazar los elementos organizativos de tipo estructural, más propios de los partidos políticos.  No obstante, la sociedad siempre necesitará mediadores estables que articulen las demandas ciudadanas.

Es evidente que la democracia española requiere reformas importantes. Y no solo constitucionales.  Más aún, hay una serie de aspectos tan urgentes que no necesitarían de modificación constitucional y que deberían ser previos. Por ejemplo, una mayor separación de poderes, que se conseguiría modificando el mecanismo de elección de jueces y fiscales, sin cooptación por parte de los partidos políticos. Lo mismo puede decirse de otros organismos vigilantes de cuentas y acuerdos públicos. Y lo mismo respecto de la normativa electoral, manifiestamente mejorable. En definitiva, se trata de profundizar en una transparencia real de las instituciones y las organizaciones públicas y en la participación ciudadana respecto de las decisiones institucionales y públicas. La trasparencia y la participación deben darse tanto en los partidos como en los movimientos sociales.

Conclusión: los partidos políticos son organizaciones imprescindibles en la organización de una sociedad compleja y de masas, pues, junto a su estructura estable y organizada, posee una determinada visión del mundo y un proyecto global para la sociedad en la que actúa.  Lo que no evita la existencia de los movimientos sociales, pues en una sociedad moderna debe haber espacio para ambos, y canales de comunicación entre unos y otros. Se trata de sumar y no de restar. Nos falta cultura interactiva pero todo es cuestión de voluntad y práctica.

Mariano Berges, profesor de filosofía

EL DERECHO A LA FELICIDAD

Estoy leyendo un libro interesantísimo, cuyo título pongo a disposición de mis lectores, pues estos artículos no dejan de ser una humilde ventana informativa de mis reflexiones, lecturas, dudas, conversaciones… Se titula “Homo Deus” (breve historia del mañana), de Yuval Noah Harari. Su información bien integrada, su perspectiva comparativa entre el ayer, hoy y mañana, sus aperturas intelectuales, sus dudas, su humildad científica, convierten el libro en una joya, en una máquina de pensar los proyectos, los sueños y hasta las pesadillas de nuestro siglo XXI. Este artículo es una pobre inspiración de una lectura parcial.

A lo largo de la historia en general, y especialmente en la historia de la filosofía, numerosos autores definieron la felicidad como el bien supremo, incluso por encima de la vida misma. Pero no vamos a enumerar un listado de teorías sino más bien a reflexionar sobre esta objetivo tan comúnmente aceptado por todos y tan diversamente interpretado por todos también. En la antigua Grecia, son Aristóteles y Epicuro los más notables en la materia. El primero circunscribe la felicidad a un vivir bien con una virtuosidad intelectual y racional. Para Aristóteles la felicidad se convierte en el centro de la ética, que es la buena vida. Epicuro, en cambio, circunscribe la felicidad a un vivir bien desde la materia, más bien a una supervivencia digna en la difícil época alejandrina, exentos del miedo a los dioses, a la muerte y a la eternidad (los tres miedos producidos por la ignorancia y que hay que evitar para conseguir la felicidad). Epicuro defiende una vida moderada y austera, que satisfaga los placeres indispensables para vivir, a fin de conseguir la ataraxia  o serenidad del espíritu.  

Los pensadores modernos, en cambio, tienden a ver la felicidad como un proyecto colectivo. A finales del XVIII, Jeremy Bentham declaró que el bien supremo es “la mayor felicidad para el mayor número de gente” y llegó a la conclusión de que el único objetivo digno del Estado, el mercado y la comunidad científica es aumentar la felicidad global. El utilitarismo es el tipo de ética que más ha influido en la política. El Estado de bienestar puede considerarse un producto de esta escuela.

Las naciones industrializadas establecieron gigantescos sistemas de educación, salud y prestaciones sociales, pero que se centraban en fortalecer la nación en lugar de asegurar el bienestar individual. Incluso cuando, a finales del XIX, Otto von Bismarck estableció por primera vez en la historia las pensiones y la seguridad social estatales, su objetivo principal era asegurarse la lealtad de los ciudadanos, y no tanto aumentar su calidad de vida. Incluso, en 1776, los Estados Unidos establecen en su Constitución, no el derecho a la felicidad, sino el derecho a la búsqueda de la felicidad. De todo ello, se deduce que la felicidad ha sido desde siempre un objetivo, individual o colectivo, de primerísima magnitud. Pero los ciudadanos no la estiman tanto como un derecho del Estado sino de los individuos. Piensan que es el Estado quien debe servir a los individuos, y no al revés.

En el siglo XX, el PIB (Producto Interior Bruto) es quizá el criterio supremo para evaluar el éxito nacional, pero no siempre los ciudadanos de los países con más PIB tienen una percepción de una mayor felicidad. Lo que hace que, en la actualidad, se pida que el PIB se complemente o incluso se sustituya por el FIB (Felicidad Interior Bruta). A fin de cuentas, la gente quiere ser feliz, no producir. Y aunque la producción es la base material, es solo un medio y no un fin.

Si en estos momentos, las tres grandes tragedias de la humanidad: el hambre, la peste y la guerra, han desaparecido o están en camino de hacerlo, si existen una paz y una prosperidad sin precedentes, y la esperanza de vida aumenta  espectacularmente, habrá que concluir que la felicidad del ser humano es un hecho.

Falso. A pesar de nuestros logros, no es cierto que las personas de hoy estén más significativamente  satisfechas que sus antepasados. Parece como si existiese un techo de cristal que frenase nuestra felicidad, a pesar de los logros obtenidos. Nuestra felicidad está determinada por nuestra bioquímica, más que por nuestra situación económica, social o política. Y, psicológicamente, la felicidad depende de las expectativas, y no de las condiciones objetivas. Nos sentimos satisfechos cuando la realidad se ajusta a nuestras expectativas. La mala noticia es que, a medida que las condiciones mejoran, las expectativas se disparan.

Quizá todo sea culpa de la evolución, que solo recompensa los actos que conducen a la supervivencia y reproducción, pero por si misma no produce una mayor felicidad. ¿Perseguimos una utopía?

Mariano Berges, profesor de filosofía

CATALUÑA Y ESPAÑA (fin de la serie)

En septiembre de 2014 escribía yo lo siguiente: “La mayoría política parlamentaria de Cataluña dice ser independentista y pretende que, incumpliendo la legalidad vigente española, la sociedad catalana vote si quiere o no ser un Estado independiente. Estos mismos políticos catalanes llevan cuatro años eludiendo sus obligaciones en combatir la crisis con el señuelo independentista como solución mágica para todo. El gobierno catalán no ha ejercido la función de gobernar en estos cuatro años, y su mayor caudal de energía lo ha dedicado a destruir el Estado de bienestar de los catalanes”

Tras la eclosión de la Cataluña nacionalista, y al margen del uso y abuso del magma independentista, podemos destacar dos hechos objetivos: 1) La estructura territorial de la Constitución de 1978 es actualmente insuficiente para responder a los problemas que el Estado español tiene en la actualidad. 2) En Euskadi y Cataluña, crece un movimiento independentista que pone en grave riesgo la unidad del Estado, con consecuencias nefastas para todos. Parecen dos argumentos suficientes para que todas las fuerzas políticas españolas trabajen por un consenso para modificar la Constitución en un sentido federal. Una España federal en una Europa federal sería un magnífico escenario para la regeneración democrática que la sociedad española exige y necesita.

Ahora bien, el federalismo es algo igualitario y solidario por definición, además de constituir un proceso largo en el tiempo y muy complejo  técnicamente. Lo del federalismo asimétrico no deja de ser una trampa saducea. Reconocer identidades diversas en España no supone otorgar privilegios a nadie. La lealtad y la cooperación recíprocas son exigencias fundamentales para todas las autonomías en una estructura federal. Lo mismo que la claridad competencial, una financiación justa y equilibrada y la corresponsabilidad fiscal. Sería también un momento idóneo para replantearse los conciertos vasco y navarro, especialmente en lo concerniente a los cupos económicos entre el Gobierno de España y los gobiernos autonómicos de Euskadi y Navarra, que suponen un injusto agravio para el resto de España.

Sin embargo, los dirigentes independentistas catalanes, imbuidos por un complejo de superioridad sin argumento social ni histórico de ningún tipo y contra toda lógica europea y contemporánea, pretenden mangonear su “pequeño país” a favor de la burguesía catalana, siempre insolidaria con España y Cataluña. Y ahora, con la escapada empresarial de Cataluña, hasta se puede dudar de a favor de quién están trabajando los independentistas catalanes. La nostalgia me lleva a recordar aquella Barcelona cosmopolita del tardofranquismo y la Transición, auténtica ventana abierta a la modernidad europea y punta de lanza de la España cultural y vanguardista en pleno desierto de la dictadura. Hoy, Barcelona es más pueblerina y más pobre políticamente.

Una referencia histórica y filosófica. Ya Kant (s. XVIII) soñaba con la desaparición futura de los Estados soberanos, las guerras y las fronteras, sustituido todo por una federación internacional de poderes que implantaría una “paz perpetua”. La paz sería la victoria del “progreso de la razón” frente a las emociones irracionales y ancestrales. Ahora, con la crisis, la UE está ocupada por los egoísmos nacionales que segregan brotes etnológicos prefascistas e independentismos irracionales fuera de contexto y tiempo. Cataluña es un buen ejemplo de ello.

¿Y ahora, qué? ¿Qué hacemos con los legítimos sentimientos y emociones independentistas de muchos catalanes, exacerbados por algunos partidos, con el objetivo de la rentabilidad electoral? Tienen derecho a intentarlo dentro del marco establecido por la Constitución Española. Ya se ha dicho hasta la saciedad que constitucionalmente es imposible la independencia catalana por ser el pueblo español el único sujeto político soberano en España. Pero eso no soluciona totalmente la cuestión, porque Cataluña (y el País Vasco), efectivamente, tienen diferencias específicas a las que hay que dar una salida política madura que vaya encauzando una solución federal para todo el Estado español.

El problema territorial en España es casi eterno. La famosa “conllevancia” entre España y Cataluña de Ortega  ya se ha estirado mucho y quizás haya llegado el momento de empezar a hacer otro traje. Además el cambio de traje que se hizo con las autonomías, especialmente con su desarrollo uniforme e insaciable, ha devenido en inviable. La situación actual es un buen punto de partida para la reflexión y la acción política federal (la única posible). Entre el nacionalismo separatista y el nacionalismo centralista, el federalismo español. ¿Están los partidos españoles maduros para ello?

Mariano Berges, profesor de filosofía

CATALUÑA (Y ESPAÑA) EN LA ENCRUCIJADA

Escribo tras la carta de Puigdemont a Rajoy el jueves 19 a las 10 de la mañana. Aclaro este detalle porque cada momento ocurre algún hecho que modifica la percepción sobre el asunto. Desde los días 6 y 7 de septiembre en los que la mayoría independentista del Parlament, con la presidenta a la cabeza, infringieron gravemente la Constitución Española (CE) y el Estatut de Cataluña, hasta el día de hoy, los acontecimientos se suceden a una marcha vertiginosa.

Antes de nada, quisiera aclarar algo con algunos izquierdistas despistados. No es un dogma de fe, sino una humilde opinión. 1) La fuerza que se opone al independentismo catalán no es el PP ni Rajoy, sino el Estado español, a quien lo representa el gobierno legítimo y legal, elegido por la mayoría de los españoles, que en estos momentos es el gobierno presidido por Rajoy. 2) Procuremos entre todos volver a la ley y hablar, por este orden, antes de que aparezca la violencia (ya veríamos con qué intensidad) en las calles de Barcelona. Y esto no es ninguna exageración, porque ya existió Terra Lliure y en estos momentos hay quien está preparando la fiesta. 3) Todos somos conscientes de que la batalla de la comunicación, hasta ahora, dicen que la va ganando el independentismo. Ya se sabe aquello de que en dicha batalla la primera víctima suele ser la verdad. Veremos al final. Los representantes del Estado deben hacer lo que tienen que hacer, sin olvidar nunca que el Estado tiene el monopolio de la violencia. pero debe ejercerla con prudencia e inteligencia. “Charlie Hebdo”, la revista satírica francesa describe el procés como una farsa que ha generado una especie de admiración absurda en ciertos sectores de la izquierda española y europea que no son conscientes de que detrás de una palabra tan “altisonante” como la independencia “se esconden preocupaciones a veces menos nobles”.

Actualmente, ante la transgresión gravísima de la legalidad por parte de la Generalitat y el Parlament, parece que el gobierno de España va a aplicar este sábado el ya famoso artículo 155 de la CE, por el que intervendrá el autogobierno catalán y, posiblemente, convocará elecciones autonómicas en breve tiempo. A no ser que las convoque antes el President catalán. Y con un nuevo gobierno en la Generalitat ¿qué va a pasar? Posiblemente seguiremos en las mismas, aunque entonces hablaremos ya del procés-2.

Porque un nuevo gobierno en Cataluña no solucionará el conflicto. En la continua búsqueda de comparaciones con otros conflictos independentistas en el mundo (Escocia, Quebec, Kosovo, Eslovenia…) Cataluña se parece cada día más al Ulster, que se hizo eterno y finalizó por extinción. El enquistamiento del problema va para lejos y la solución no se atisba por ningún lado, ya que las posturas son claramente irreconciliables. Los que piden diálogo, encaje de Cataluña en la CE o referéndum pactado, son perfectamente conscientes de la imposibilidad de tales soluciones, y que la “conllevancia” de España con Cataluña, que ya Ortega y Azaña predijeron, tiene toda la pinta de ser muy duradera. ¿Que en qué consiste la conllevancia? En aguantarse mutuamente. Posiblemente sea un problema que solo se arreglará con el paso del tiempo y con el cambio de paradigma político: cuando el nacionalismo pase a ser un concepto y una realidad trasnochados desde una perspectiva europea moderna y progresista. Tranquilos que falta mucho. Fuera urgencias e histerias. Fuera iluminados y mártires de pacotilla. Que reaparezca la razón política y el concepto de Estado regulador, con equidad y solidaridad. Al final habremos descubierto el Mediterráneo.

Qué casualidad que sean siempre las regiones más ricas las que exigen la independencia (en España, Cataluña y Euskadi; en Italia, la Liga Norte…), haciendo tabla rasa del esfuerzo solidario de otras regiones que, a través de la mano de obra emigrante y de las inversiones seleccionadas y teledirigidas por el Estado, han operado discriminadamente en su favor. Y aún se quejan de que su fiscalidad es más gravosa en sus regiones que en otras, sin percatarse de que la fiscalidad es sobre los ciudadanos y no sobre los territorios. Lógicamente, si sus ciudadanos son más ricos, individual y conjuntamente pagan más a Hacienda. ¡Qué suerte!

Y una vez que aparquemos (provisionalmente) la cuestión que nos ha quitado el sueño en los últimos meses, volvamos a hablar de lo realmente importante: relanzamiento del mercado laboral de calidad, sueldos dignos, pensiones dignas, regeneración institucional… En definitiva, volvamos a la realidad que nunca debimos abandonar y que nos hace añorar los años anteriores a 2008, en los que nos aburría la política. Tras el empacho de tanta emoción catalanista y españolista, estamos extenuados y necesitamos un largo reposo de aburrida normalidad democrática y de vivir el discreto encanto de la cotidianeidad democrática.    Mariano Berges, profesor de filosofía

CATALUÑA: EMOCIÓN FRENTE A RAZÓN

Aunque hartos, hay que volver a hablar de Cataluña, incluso dejando de lado las elecciones primarias para Secretario General que mañana domingo celebra el PSOE en Aragón. Yo creo haber cumplido avalando hace días y votando mañana a Javier Lambán. Y lo hago sin argumentos geoestratégicos, simplemente porque es el dirigente más capaz y porque, además, es mi amigo. De geoestrategia socialista deberíamos hablar más adelante.

Y pasamos a Cataluña. Ya pasó el 1-O. La gran eclosión nacionalista catalana tuvo lugar este último domingo. Los dirigentes catalanes, una vez más, lanzaron a sus mesnadas a la calle y los dirigentes españoles, una vez más también, llegaron tarde a la contención del folklore callejero. Emoción catalana frente a razón estatal. Hoy, en una sociedad del espectáculo (cfr. Debord), mandan los sentimientos y las emociones y falla, por falta de discurso, la razón de Estado. Así nos va.

Finalizado el paripé del pseudoreferendum y a la espera de la pseusoindependencia de la república catalana, se nos va a quedar una cara de haba que no habrá espejo que nos devuelva la imagen. Muchos análisis y comentarios de estos días post van en la misma dirección: que los catalanes tienen derecho a autodeterminarse y que las fuerzas de seguridad del Estado son unos cafres. Yo creo que ninguna de las dos afirmaciones es cierta. Los catalanes, repito una vez más, no tienen derecho a un referéndum de autodeterminación porque la Constitución, su propio Estatuto y el código penal español lo prohíben. Y quien procura, posibilita o realiza actos inconstitucionales es un delincuente. Y las fuerzas de seguridad se autorreprimieron claramente en su cometido. Añádase el boicot de los Mossos y la gran falacia de los 800 heridos.

Otra cosa distinta es bajar al terreno de la presión política, de la calle como escenario de la política en vez del parlamento, que es lo propio en una democracia representativa y de un Estado de Derecho. Si la cuestión catalana, en estos momentos, está en la calle, y solo en la calle, es que hay un grave problema. Y este gran problema no tiene solo una solución legal sino que también debe tener solución política. Aunque sin engañarnos: primero la legal; luego, hablar. Hasta ahí todos o casi todos estaríamos de acuerdo. Pero mientras llega la doble solución legal y política, ¿qué hacemos?

“Más diálogo” gritan todos. De acuerdo. Pero diálogo dentro de la ley. Solo se puede dialogar dentro de la ley, aunque sea para modificar la ley, y hacer que lo que ayer era ilegal hoy es legal. Pero en ningún momento puede haber un vacío legal porque entonces el Estado desaparece. Y si el Estado desaparece no hay democracia y si no hay democracia no hay libertad ni ciudadanos que la ejerzan.  

No hay que confundir el Estado con el gobierno concreto de un momento concreto. Los gobiernos pasan y el Estado permanece. Lo que hace falta son políticos de Estado, pensar en los intereses del Estado y en el buen funcionamiento de las instituciones del Estado. Si todo esto existe y si el Estado es fuerte, los ciudadanos más vulnerables de nuestra sociedad tienen posibilidades de salvarse. De lo contrario, lo que hay es una selva, y ahí son los animales más fuertes los que sobreviven.

En la cuestión de Cataluña ni los dirigentes catalanes ni los representantes del Estado español han estado acertados. Pero hay una diferencia sustancial: Puigdemont y sus socios son  unos delincuentes que han ejecutado un golpe de estado, mientras Rajoy y los suyos son, nos gusten o no, los representantes legítimos del Estado español. Por lo tanto, solo hay un camino: volvamos todos al redil legal y pongámonos a hablar. Por este orden y sin chantajes callejeros. Y al resto de los partidos políticos les debemos exigir lealtad constitucional y política. Me parece una obscenidad intentar sacar rentabilidad política del gravísimo asunto de la pseudoindependencia catalana. La ambigüedad en política se suele pagar muy cara. Y si no que se lo pregunten al PSC.

¿Qué hacer si los dirigentes catalanes declaran la independencia y no se atienen a más razones? ¿Y si hablan de diálogo pero solo sobre cómo ejecutar tal independencia? La lógica legal sería imputar y detener a los causantes del tal desaguisado. La lógica política quizás nos aconsejaría, sin obviar la lógica legal, configurar un gobierno de concentración constitucionalista que ponga orden y formule un calendario con la hoja de ruta a seguir en la reforma constitucional respecto al modelo territorial de España. Esto serenaría la situación y daría tiempo a repensar el Estado y sus instituciones.                                      Mariano Berges, profesor de filosofía

HARTAZGO DE CATALUÑA

Realmente, el asunto de Cataluña resulta fatigoso y cansino, si no fuera porque es una cuestión realmente importante, tanto para Cataluña como para España. Se repiten los hechos, los ritos, los símbolos, las declaraciones, los insultos, las obviedades… “ad nauseam”. Aunque “la cuestión catalana” se remonta a tiempos lejanos, da la impresión de que en la actualidad la bola de nieve se ha hecho muy grande y parece difícil de parar. También es cierto que los medios de comunicación son reiterativos al máximo y aumentan la percepción de fatiga mental. De cualquier manera, el secesionismo catalán viene de largo y va para largo.

No voy a pasar lista sobre los hechos y declaraciones de los independentistas, de los no-independentistas y de los ambiguos, pues ya se suponen conocidos por todos los interesados. Me dedicaré, como suelo hacer, a pensar en voz alta. Si acaso, solo una afirmación de Juan José Sorozábal, insigne y ponderado constitucionalista, que aclara rotundamente la cuestión “La convocatoria del referéndum es ilegal e ilícita. El Ejecutivo catalán está sujeto a las normas, a la Constitución y a la ley. Y si hay dudas, quien resuelve es una instancia jurisdicional, en este caso el Tribunal Constitucional, que ha dicho que el referéndum no pasa el filtro de nuestro ordenamiento, y no respeta la Carta Magna porque implica un ejercicio de soberanía que le corresponde al pueblo español”.

A partir de aquí podemos hablar de varias dimensiones de unos y otros: políticas, económicas, culturales, jurídicas, territoriales, emocionales y hasta delictivas. Lo que sí parece claro es que, independientemente de qué y cómo transcurra el 1 de octubre de 2017, el bloqueo catalán seguirá, ya que entre las dos posiciones enfrentadas no hay un terreno intermedio sobre el que pactar. Jurídicamente está todo muy claro: España se ha configurado constitucionalmente como un Estado indivisible. Y nos ha ido bien. A unos mejor que a otros, por ejemplo a los catalanes y vascos. Existen en nuestra Constitución muchos aspectos mejorables y, sobre todo, hay una falta de traducción social, por ausencia de normativa que los desarrolle, de los derechos sociales que la CE proclama para todos los españoles. Y entre los derechos básicos, que sí son exigibles, destaca sobre todos el de la igualdad de todos los españoles, independientemente del lugar donde habiten. Por lo tanto, si tras la reforma de corte federalista (si la hubiese) se reconocen especificidades territoriales, lingüísticas, culturales, históricas… en ningún caso puede derivarse de ellas privilegios políticos, jurídicos o económicos. Y lo mismo vale para todo tipo de nominalismo territorial: regiones o nacionalidades, no así naciones que, aparte de confundir y excitar, es un término técnicamente impropio para las CCAA de un Estado único. Porque en el caso de Cataluña, la exigencia es de un Estado independiente, lo que constituye un desafío a todas luces improcedente y rechazable. Porque lo del “derecho a decidir” es un eufemismo de algo que no existe, el derecho de autodeterminación. Si alguien quiere que exista, habrá que cambiar la Constitución y eso, que es respetable, lleva su tiempo y requiere de diálogo (real, no virtual) y consensos.

Si tras el fracaso independentista, aparecen los ilusos de un mayor autogobierno catalán, habrá que esgrimir el derecho básico de la igualdad de todos los españoles. O sea, que no nos engañemos: o hay independencia de Cataluña o hay un Estado único que se llama España. Es curioso que las dos regiones españolas (vascos y catalanes) que mejor les ha ido en la época democrática (y antes) son las más independentistas. ¿Así quieren compensar el proceso histórico desfavorable para los pueblos que, a su propia costa, han permitido el desarrollo económico preferente de sus regiones? ¿Y cómo se entiende que una gran parte de la izquierda, históricamente internacionalista y solidaria, apoya el independentismo insolidario? Realmente imperdonable.

En el fondo de la cuestión catalana hay varios supuestos, de los que destaco dos. El primero, el narcisismo nacionalista de sentirse diferentes y superiores a los demás. Lo que, aparte de injusto, es falso. En segundo lugar, y aprovechándose del primero, la corrupta burguesía catalana (los del 3%) intenta apoderarse del poder para autoindultarse y seguir robando del patrimonio común. Porque no otra cosa es lo que han hecho el legislativo y el ejecutivo catalanes: dar un golpe de estado para apoderarse del poder. Quien no se sienta partícipe de ninguno de los dos supuestos está haciendo un papel de triste comparsa en detrimento propio.

Coda final. Si los tribunales declaran culpables de algún delito, como parece evidente, a los causantes de este desafuero, los delincuentes deberán cumplir rigurosamente las penas que se les imponga. Porque cumplir las penas, aparte de justo, es una buena pedagogía para no insistir en el delito.

Mariano Berges, profesor de filosofía